La retención de tres reclutas en un regimiento del ejército de Chile, en un supuesto acto de obstrucción a la justicia, aumentó el escándalo provocado por el asesinato de un conscripto, en el cual se mezclan sospechas de maltrato y acoso sexual.
Informes de Radio Cooperativa de Santiago señalaron que los tres reclutas, no identificados, fueron retenidos en el regimiento Yungay de San Felipe, 88 kilómetros al norte de Santiago, para impedir que declaren ante el juez de instrucción recientemente designado en el caso del conscripto Pedro Soto.
Más allá de sus connotaciones policiales, la misteriosa muerte de Soto, de 19 años, preocupa al gobierno de Eduardo Frei que, de acuerdo con el ejército, inició este año una campaña para mejorar la negativa imagen que muchos jóvenes tienen del servicio militar obligatorio.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, designó al magistrado Manuel Silva como juez especial para investigar el asesinato de Soto, quien desapareció de su regimiento el 15 de diciembre.
El joven cumplía su servicio militar en el regimiento Yungay y su paradero fue un misterio durante tres meses, hasta el hallazgo de sus restos el 15 de este mes en un socavón del cerro La Virgen, cercano a San Felipe.
El cadáver, encontrado por un grupo de boy-scouts, fue identificado tras complejos exámenes forenses, ya que presentaba numerosas mutilaciones, al parecer causadas por elementos químicos para dificultar el reconocimiento.
En una entrevista publicada el día 16, el ex dictador y comandante del ejército, general Augusto Pinochet, dijo que Soto era considerado un desertor, por lo cual la justicia militar abrió un proceso.
Pinochet declinó referirse a comentarios sobre posible maltrato al joven conscripto, pero aseguró que todas las denuncias de ese tipo son investigadas en el ejército y se sanciona a los responsables.
La abogada Julia Urquieta, representante de la familia de Soto, puntualizó que el joven inició el servicio militar en 1996 con mucho entusiasmo, pero que más tarde las presiones y malos tratos provocaron un profundo cambio en su personalidad.
Consultada sobre las versiones de que el joven sufría acoso sexual por parte de un oficial, la abogada señaló que no se debe descartar ninguna hipótesis sobre el origen del asesinato en la investigación del juez Silva.
Los tres reclutas retenidos en el regimiento Yungay eran compañeros de conscripción de Soto y serían testigos tanto de los maltratos como del supuesto acoso sexual, por lo cual se intentaría impedir que declaren ante el juez, segun las versiones radiales.
El diputado Nelson Avila, del oficialista Partido Por la Democracia (PPD), quien pidió el juez especial de instrucción, anunció que presentará un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en favor de los conscriptos retenidos.
El parlamentario dijo que la alarma creada en torno del caso se debe a la "brecha" existente entre la investigación que lleva a cabo la justicia militar y lo que la opinión pública conoce.
Dávila, a cuyo distrito pertenece San Felipe, planteó desde la desaparición del joven que la investigación debía ser traspasada a la justicia civil, como una forma de evitar que la imagen del ejército se vea dañada por sospechas de ocultamiento de los hechos.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno, José Joaquín Brunner, formuló un llamado a "mantener la calma", confiar en la investigación del juez especial y "no comenzar a especular sobre versiones que no estén verificadas".
Brunner no comentó las versiones sobre retención de los reclutas e invitó a clarificar las denuncias sobre malos tratos y acoso sexual "en el marco judicial y no de una polémica a través de los diarios".
El ministro de Defensa, Edmundo Pérez, admitió hace dos semanas, cuando aún no había sido hallado el cadáver del recluta, que la desaparición de Soto afectaba la campaña tendente a interesar a los jóvenes en el servicio militar.
En Chile la conscripción es obligatoria y todos los jóvenes deben registrarse en los cantones de reclutamiento al cumplir 18 años, pero los cupos disponibles en el ejército, la armada y la fuerza aérea alcanzan sólo a 20 por ciento de los inscriptos.
Organizaciones juveniles de centro e izquierda llevaron a cabo en 1996 una activa campaña en demanda del término del carácter obligatorio de la conscripción y de la adopción en la legislación chilena de la objeción de conciencia.
Los jóvenes apoyaron su campaña con numerosas denuncias de maltrato a reclutas en el ejército y en la mala imagen que amplios sectores de la población tienen de los militares tras la prolongada dictadura de Pinochet (1973-90).
En respuesta a esas demandas, el Ministerio de Defensa estableció desde este año un sistema de doble llamado a la conscripción, que consiste en dar prioridad a quienes voluntariamente quieren hacer el servicio militar, y hacer la convocatoria con obligatoriedad sólo si quedan plazas sin llenar. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/97
