El juez español Baltasar Garzón ordenó esta semana la captura y encarcelamiento del ex dictador argentino Leopoldo Galtieri, acusado del secuestro, tortura y desaparición ciudadanos de este país en Argentina.
El ex general Galtieri fue acusado ante la justicia de España junto a otros militares que intervinieron en la represión ilegal practicada por la dictadura argentina entre 1976 y 1983.
La orden de prisión dictada por Garzón no se cumplirá en Argentina, donde Galtieri, presidente del gobierno de facto entre diciembre de 1981 y junio de 1982, fue indultado. Pero el ex militar no podrá abandonar su país sin arriesgarse a ser apresado por Interpol (Policía Internacional).
En una situación similar está el capitán Alfredo Astiz, indultado en Argentina y condenado en Francia, que no puede salir de su país.
Garzón, a quien le tocó el caso por sorteo, en julio admitió a trámite la querella presentada por familiares de los desaparecidos, por entender que los delitos de genocidio y contra los derechos fundamentales de las personas no prescriben, ni siquiera con indultos o amnistías.
El juez recibió el testimonio, entre otros, de dos argentinos de renombre, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el fiscal que realizó la acusación pública contra los dictadores de su país, Julio César Strassera.
También pidió al gobierno de Estados Unidos los documentos, actuaciones y datos que existan en archivos oficiales y que tengan relación con los desaparecidos por motivos políticos en Argentina.
Garzón especificó que reclama documentos de cualquiera de las oficinas, agencias o embajadas de Estados Unidos que traten directa o indirectamente sobre los antecedentes y el comienzo de la represión militar y acerca de las fuerzas paramilitares en Argentina.
Asimismo, solicitó datos sobre el llamado Plan Cóndor, que coordinó a los militares de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil "en acciones criminales de represión".
El magistrado reiteró además a principios de este mes el pedido realizado meses atrás a las autoridades argentinas, para que se cite y requiera a 101 personas, entre ellas Galtieri, "para que expresen si aceptan trasladarse a España a prestar declaración como querellados-imputados".
Las autoridades argentinas demostraron escasa o nula voluntad de cooperación con la justicia española, remitiéndose a las leyes de "punto final" y de "obediencia debida", aprobadas por el gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989) y a los indultos decretados por el justicialista Carlos Menem. (FIN/IPS/td/ff/hd/97
