La reforma económica iniciada en 1993 por el gobierno de Cuba para buscar una salida a la crisis de los últimos seis años sigue con la cautela de siempre, pero sin detenerse.
Esta es una de las conclusiones principales de la cuarta mesa redonda sobre Cuba auspiciada por la revista británica The Economist, que concluyó este miércoles en La Habana.
Las mesas redondas, que sesionan anualmente a puertas cerradas con participación de altos representantes gubernamentales y unos cien directivos de empresas, bancos, consultorías y economistas, son consideradas como un barómetro para medir la recuperación de la economía cubana y la marcha de las reformas.
El ministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, dijo a la prensa durante uno de los recesos que no se puede hablar de un "congelamiento" de las reformas en Cuba tras la entrada en vigor de la ley Helms-Burton de Estados Unidos.
La ley, aprobada por el presidente Bill Clinton el 12 de marzo del año pasado, endurece el bloqueo económico contra Cuba y pretende sancionar a empresas extranjeras por "traficar" con antiguas propiedades estadounidenses en el país caribeño.
No obstante, trascendió que el 17 por ciento de las inversiones extranjeras en Cuba se realizaron después de aprobada la ley estadounidense y que existen 40 solicitudes de operarios foráneos interesados en asentarse en zonas francas cubanas.
Expertos locales previeron que la ley estadounidense tendría entre sus primeros efectos un impacto negativo sobre el paquete oficial de medidas que pretende estimular la recuperación de la economía cubana y su apertura externa.
Pero también se subrayó el carácter imprescindible de las reformas previstas para la sobrevivencia de la isla y se recordó la cautela que caracterizó el proceso desde su inicio.
Rodríguez afirmó que el año pasado se trabajó en la reestructuración de los sectores de textiles, electrónica, vidrio y papel como parte del llamado "redimensionamiento" de la economía.
Este proceso se lleva a cabo de manera gradual por las implicaciones que tiene no sólo en el manejo de las fábricas, sino en la fuerza de trabajo, añadió.
Considerado por los especialistas como un "giro de 180 grados", el redimensionamiento incluye una amplia reestructuración de la empresa cubana, la reconversión tecnológica y la reorganización del empleo.
Entre otros aspectos, pretende la sustitución de algunas grandes empresas no rentables por medianas y pequeñas, la modernización de los procesos y la eliminación el subempleo, con el fin de hacer más eficiente a la empresa nacional.
Expertos y autoridades coincidieron a fines de 1995 que había llegado la hora de extender las reformas a la esfera productiva, si se pretendía seguir avanzando en la recuperación económica.
La peor crisis de la segunda mitad de este siglo en Cuba, iniciada en 1990, es atribuida a la desintegración de la Unión Soviética y la caída del bloque socialista europeo, al bloqueo estadounidense y a errores en la conducción de la economía.
Fuentes oficiales señalan que en 1993 el producto interno bruto (PIB) cayó 34,3 por ciento respecto de 1989, pero que a partir de 1994 revertió esa tendencia, con un alza de 0,7 por ciento, que se incrementó a 2,5 en 1995 y a 7,8 el año pasado.
Las reformas incluyeron la legalización del dólar, la apertura de meompetencia, la ampliación del trabajo por cuenta propia y una serie de medidas para el saneamiento de las finanzas internas.
Rodríguez subrayó que a diferencia de los procesos de reconversión industrial en otros países, en Cuba el gobierno garantiza el trabajo a los empleados "disponibles", nombre que se da a los "racionalizados".
Fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social revelaron a principios de este año que los trabajadores disponibles suman 18.784, de los cuales 7.244 fueron reubicados temporalmente en otras plazas.
Las leyes cubanas vigentes establecen que los disponibles cobran 60 por ciento de su salario hasta tanto no reciban de las entidades competentes propuestas de reubicación en plazas vacantes.
El ministro de Economía aseguró que los planes de desarrollo previstos para 1997 no se detienen pese a la subsistencia de tensiones financieras y de los problemas de liquidez en las arcas del Estado.
Cuba tiene una deuda externa superior a los 11.000 millones de dólares y, según Rodríguez, los problemas financieros empeoran por los efectos de la ley Helms-Burton, con el encarecimiento de los créditos otorgados al país.
El presidente del Banco Nacional de Cuba, Francisco Soberón, afirmó este miércoles que el país logró concretar nuevas transacciones bilaterales de créditos a mediano y largo plazo, aunque no parece inminente la concertación de un acuerdo multilateral de refinanciación de la deuda.
Soberón aseguró que el proceso de reordenamiento del sistema bancario cubano está en curso con el objetivo principal de contribuir a la inserción de la isla en los mercados financieros internacionales. (FIN/IPS/da/ag/if/97
