Dirigentes empresariales de Colombia manifestaron hoy su acuerdo tras la anulación de un decreto gubernamental de emergencia económica por la Corte Constitucional.
El tribunal que tutela el cumplimiento de la Carta Política declaró este miércoles violatorio de la Constitución el decreto de "emergencia económica" expedido por el gobierno el 13 de enero.
La Corte consideró por seis votos contra tres que las razones argumentadas por el Ejecutivo para la daclaratoria del estado de emergencia no estaban suficientemente fundamentadas.
La decisión, que anuló la aprobación del decreto por el Congreso este mismo miércoles, no tomó por sopresa este jueves a un sector mayoritario del empresariado, que había recomendado a la Corte la declaratoria de inconstitucionalidad.
Para Luis Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Corte "recogió un sentimiento generalizado del sector privado", para el cual la medida no era conveniente, al "no ser producida por hechos estructurales".
La Constitución faculta al presidente de la república para decretar la emergencia económica en casos extraordinarios.
Con la medida, el Ejecutivo apuntaba a absorber un déficit estimado en 4.000 millones de dólares.
Sabas Pretelt, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, sostuvo que la decisión de laCcorte constituye "un mensaje para que el gobierno no saque reformas tributarias desconociendo al Congreso de la república", donde "la sociedad civil puede expresarse".
Pese a que en el Congreso el gobernante Partido Liberal tiene mayoría el ambiente preelectoral reinante haría inviable la adopción de nuevas medidas económicas impopulares.
Según el senador liberal Víctor Renán Barco, el Congreso debe apoyar cualquier plan del gobierno destinado a resolver una delicada situación fiscal.
El gobierno puede de todas maneras tomar ese tipo de medidas a través del Banco de la República (la autoridad monetaria del país), señaló.
De acuerdo al analista Luis Valencia, tras el fallo de la Corte el gobierno tiene la alternativa de presentar los decretos que había expedido al Congreso bajo la forma de proyectos de ley y profundizar los recortes en el gasto publico y la inversión, lo que traerá malestar social en los sectores afectados.
El Ejecutivo ya se había comprometido en gastos que serían financiados con los ahorros generados por las medidas de emergencia.
Destaca en ese sentido el aumento salarial acordado en febrero a los trabajadores estatales. (FIN/IPS/yf/dg/if-ip/97
