Un sector del empesariado de Colombia considera que la "descertificación" de Estados Unidos tendrá efectos negativos en la economía de este país sudamericano, pese a que Washington aseguró que la medida no conlleva sanciones económicas inmediatas.
La agenda con las acciones que Colombia debe realizar en la lucha contra el narcotráfico para obtener nuevamente el aval de Estados Unidos y el plazo de seis meses que se le dio para ejecutarla constituye "un factor de incertidumbre para los negocios y la inversión", afirmaron los empresarios.
El presidente de la asociacion de bancos de Colombia, César González, dijo que la descertificación de Estados Unidos anunciada el viernes pasada "es un castigo que afectará a algunos sectores específicos así no haya sanciones".
Los grandes inversionistas estratégicos no "sentirán ni frio ni calor" con la descertificación, pero para quienes tienen que tomar decisiones a corto plazo la situación es distinta y la incertidumbre llevará a que aplacen al menos seis meses sus determinaciones, puntualizó.
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Exportadores, Javier Díaz, dijo que aun sin sanciones económicas la descertificación afecta las ventas externas y mencionó el trato discriminatorio que recibe la mercancía colombiana en las aduanas, lo que se traduce en demoras y mayores costos.
"Hemos visto a productores colombianos que han perdido clientes importantes porque no quieren correr riesgos haciendo negocios con un país que está bajo la mira de las agencias antidrogas" de Estados Unidos, afirmó Díaz.
La presidenta de la Asociación Colombiana de Floricultores, María Patiño, dijo que "pensar que no vendrán sanciones económicas con esta segunda descertificación es demasiado optimista".
Los analistas estiman que a mediano plazo los efectos negativos de la descertificación se sentirán en la inversión privada y el turismo, que se verá afectado por la mala imagen del país.
Sectores de izquierda anunciaron para el jueves la realizacción de una marcha de protesta contra la aplicación de este instrumento que consideran "unilateral e intervencionista".
El viernes pasado, tras el anuncio de la sanción de Washington, el dólar cerró a 1.077 pesos, tres puntos menos que el día anterior. El ministro de Hacienda, José Ocampo, atribuyó el descenso a que "los agentes económicos ya habían descontado el riesgo de la descertificación".
Las proyecciones de la Asociación de Instituciones Financieras y de Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, principales centros de investigaciones económicas del sector privado, partieron de que habría "descertificación" y anticiparon un crecimiento de entre 3,5 y 3,8 por ciento.
Asimismo, el director de Crédito Público, Clemente del Valle, dijo que la "descertificación" en nada cambiará la programación del gobierno "en materia de consecución de créditos externos".
Este año, Colombia no recibirá al menos en los primeros seis meses, sanciones similares a las de 1996, cuando perdió el aval estadounidense para gestionar créditos en los organismos multilaterales y recortes en aportes para la cooperación.
Tras anunciar la descertificación para Colombia, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Robert Gelbard, condicionó una mejor calificación al cumplimiento de una agenda que Colombia deberá cumplir, en la que figura como primer punto el restablecimiento de la extradición de los narcotraficantes.
El Consejo Gremial Nacional (CGN), que reúne a los 15 principales sectores del empresariado, decidió seguir la "receta", pidiéndole al gobierno que impulse el proyecto de extradición de ciudadanos colombianos y abra el debate para que tenga carácter retroactivo.
En este caso, la medida afectaría a los jefes del Cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, actualmente presos en Colombia, cuya extradición fue solicitada por Estados Unidos.
Según el empresariado, después de su segunda descertificación Colombia debe "impulsar medidas que le demuestren al mundo que el país lucha contra el narcotráfico porque es su convicción".
El presidente del CGN, Juan Ospina, dijo que el sector privado considera "indispensable y acorde con las tendencias mundiales la reimplantación en Colombia" de la extradición de ciudadanos que cometan delitos en el exterior.
El embajador de Estados Unidos, Miles Frechette, quien habría recomendado para Colombia una certificación por "razones de interés nacional", reiteró este lunes que por ahora no se aplicarán sanciones económicas y se mantendrá la cooperación para la policía y la justicia. (FIN/IPS/yf/ag/ip-if/97
