El gobierno de Colombia será sometido a un año más de presiones para adoptar medidas más drásticas de lucha contra el narcotráfico, tras la condena recibida de parte de Estados Unidos.
Washington decidió este viernes "descertificar" a Bogotá al estimar escasos sus esfuerzos en materia de lucha antidrogas y acordarle un año para que implemente nuevas y más determinadas iniciativas y aplique las que ya aprobó.
El restablecimiento de la extradición es una de las medidas que pide Estados Unidos a Colombia para obtener nuevamente la certificación.
Esa figura fue aplicada entre 1989 y 1991, período en el cual los narcotraficantes desataron una guerra que causó mil muertos.
Estados Unidos pide también que el acuerdo bilateral firmado en 1996 para interceptar naves sospechosas en alta mar sea incorporado a la legislación interna de Colombia.
Exige igualmente que el país sudamericano use los herbicidas "más efectivos" para exterminar los cultivos ilícitos, realice acciones efectivas para enjuiciar a los acusados de corrupción y controle las actividades de los narcotraficantes detenidos.
Estos pasos "son razonables, pueden ser logrados en el curso de los próximos meses" y tomándolos el gobierno de Colombia puede mostrarle a la comunidad internacional "que está comprometido a poner fin a esta era de narco-dominación", afirmó el subsecretario de Estado Robert Gelbard.
Las represalias económicas previstas en el mecanismo de la descertificación no serán por el momento aplicadas, lo que hace prever una intensificación de la presión estadounidense sobre el gobierno.
Los países "descertificados" pierden automáticamente la ayuda no asociada a los programas contra las drogas y el aval de los representantes estadounidenses ante los organismos multilaterales de crédito.
Washington puede aplicar igualmente sanciones como la eliminación de preferencias arancelarias, aumento de aranceles y congelación o cancelación de cuentas y depósitos bancarios que afecten activos de nacionales del país castigado.
El empresariado nacional tomó con alivio el anuncio de la no aplicación de sanciones económicas contra Colombia.
"Estados Unidos va a seguir presionando a Colombia y logrará lo que quiere porque dieron con un gobierno que no tiene fuerza ni prestigio", afirmó el ex ministro de Hacienda de la nación norteamericana Rudolf Hommes.
Para el presidente Ernesto Samper la "descertificación" sólo logrará que en Colombia se intensifique un sentimiento negativo contra el gobierno estadounidense.
Esa decisión busca "debilitar la democracia y la capacidad del gobierno sembrando un manto de dudas" sobre su gestión, sostuvo.
Colombia no "bajará la guardia en la lucha pero tampoco bajará la cabeza" y seguirá "actuando, solos o acompañados, sin entregar la independencia", proclamó, la tiempo que anunció que su gobierno buscará "nuevos aliados en esta lucha perversa que quiere dividir al gobierno entre buenos y malos".
El presidente de la Conferderación General de Trabajadores, (CGTD), Julio Rroberto Gómez, pidió a Samper asumir frente a Estados Unidos "una posición muy clara, de rechazo a la descertificación".
"Ni Colombia ni ningún otro país de América Latina ni del mundo debe requerir de la certificación o descertificación" de nadie para aplicar sus políticas, destacó.
Armando Montenegro, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, consideró por su lado que Colombia "debe reconstruír las relaciones bilaterales con Estados Unidos sobre fundamentos sólidos".
Colombia es una pieza fundamental en la lucha contra el narcotráfico, lo cual determina que las acciones que se emprenden en ese campo reciban máxima atención de Estados Unidos y que este país ejerza presión pero no ingrese en una confrontación abierta, como sería la de aplicar sanciones económicas, estimó.
Tras la primera "descertificación" por Estados Unidos, en marzo de 1996, Colombia acordó con el país norteamericano una agenda que en su mayoría se cumplió, pese a lo cual fue nuevamente sancionada.
La agenda, cuya elaboración fue atribuida al embajador de Estados Unidos en Bogotá Myles Frechette, incluía entre otros puntos el aumento de penas a los narcotraficantes y la ley de expropiación de sus bienes, así como la firma del acuerdo marítimo. (FIN/IPS/yf/dg/ip/97
