La principal compañía de electricidad de Chile renunció al apoyo crediticio de la CFI, una agencia del Banco Mundial, cuando se exponía a ser censurada formalmente por faltar a compromisos ambientales y sociales.
La compañía, Endesa, arguye haber optado por tasas de interés menores que las ofrecidas por la CFI (Corporación Financiera Internacional), el brazo del Banco Mundial que atiende al sector privado.
Al pagar sus adeudos antes de los plazos programados, Endesa y su subsidiaria, la Empresa Eléctrica Pangue S.A., se libran de la obligación de honrar los términos que aceptaron al tomar un crédito por 150 millones de dólares de la CFI y de un puñado de instituciones financieras de Europa.
El dinero fue empleado en la construcción de la represa de Pangue, la primera de las cinco previstas sobre el río Biobío. La obra fue inaugurada el 6 de este mes, entre protestas de ambientalistas e indígenas.
Una segunda presa, Ralco, está proyectada aguas arriba de la primera. La CFI no participa de ese proyecto, puntualizó Mark Constantine, portavoz de la agencia.
Endesa anunció su decisión un mes después de que el presidente del Banco Mundial y de la CFI, James Wolfensohn, afirmase que la empresa chilena descuidó sus "obligaciones sociales y ambientales".
"Si Endesa persiste en la vía que parece haber tomado, nos encaminaremos a un conflicto, y no tendremos otra elección que declarar su incumplimiento" de cláusulas del contrato de crédito, advirtió Wolfensohn el 6 de febrero, en una carta al ministro de Hacienda de Chile, Eduardo Aninat.
La compañía replicó que ha cumplido todas sus obligaciones. Endesa también aseguró esta semana que el crédito a cinco años que ha obtenido del Dresdner Bank, de Alemania, presenta "condiciones más convenientes" que el préstamo de la CFI.
Esta es la segunda vez en seis meses que un cliente privado resuelve rescindir un acuerdo con la CFI para evitarse una eventual interpelación sobre daño ambiental.
En efecto, la compañía minera estadounidense Freeport McMoran canceló el año último una póliza de seguro contra riesgos de índole política contratada con la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), otra institución del sistema del Banco Mundial.
Como Endesa, representantes de Freeport McMoran afirmaron que su decisión tuvo el propósito de recortar costos.
Pero Freeport McMoran enfrentaba una investigación de la MIGA por su denunciada violación de derechos humanos y de cláusulas ambientales y financieras en la mina de oro más grande del mundo, situada en la provincia de Irian Jaya, de Indonesia.
La cancelación del contrato invalidó la prueba de las denuncias, dado que la MIGA no posee participación en las operaciones de Freeport McMoran en Irian Jaya.
Pero la CFI conserva 2,5 por ciento del paquete de acciones de Pangue S.A. La agencia intentará hacer valer su participación en la empresa para "continuar el diálogo" con Endesa acerca de los compromisos sociales y ambientales de esa compañía, anunció Constantine.
También la empresa chilena aclaró que su decisión de optar por otra fuente de crédito "no afectará el diálogo entre la CFI, Endesa y Pangue".
No obstante, funcionarios de la CFI admitieron en privado que, como pequeño accionista, la agencia ha perdido la posición de fuerza que le daba su anterior condición de prestamista.
Endesa espera probablemente persuadir a la CFI a archivar las conclusiones de dos investigaciones independientes sobre sus operaciones en el Biobío.
Sin embargo, la agencia mantiene su intención, comunicada por Wolfensohn a Aninat, de publicar los dos informes, aseguró Constantine.
En el primer informe, presentado el año pasado y suprimido posteriormente, Tehodore Downing, antropólogo de la Universidad de Arizona, critica el mal tratamiento recibido por los indios pehuenche durante la construcción de la represa Pangue.
Lo que quedaba de tierras pehuenches junto al embalse formado en el torrencial Biobío fue entregado a empresas privadas de construcción, de acuerdo con la organización no gubernamental chilena Grupo de Acción por el Biobío (GABB).
El segundo informe, de Jay Hair, ex director de la Unión para la Conservación del Mundo, sostendría que las violaciones a las normas ambientales fueron peores que las denunciadas por el GABB, que sembró la alarma en 1995 en una queja dirigida por escrito al Banco Mundial.
Se prevé que Hair presentará una versión oficial de su informe a Wolfensohn y al vicepresidente ejecutivo de la CFI, Jannik Lindbaek, en el curso de este mes.
Interrogado sobre la fecha de publicación de los informes, un funcionario de la CFI se limitó a decir que "llevará algún tiempo" la revisión de los documentos y la decisión sobre qué partes de ellos se harán públicas.
Sin embargo, algunos funcionarios de la agencia admitieron que los borradores del informe de Hair están en revisión desde mediados del año pasado. (FIN/IPS/tra-en/aa/yjc/ml/en-dv/97
