Campesinos que fueron desplazados por la construcción de la represa de Itaparica en Brasil hace 10 años denunciaron ante el Banco Mundial el incumplimiento del acuerdo de reasentamiento que incluía proyectos de riego y la creación de aldeas agrícolas.
En un documento presentado a la comisión de inspección independiente del organismo, piden que se investigue el Proyecto de Reasentamiento y Riego de Itaparica. El proyecto tenía el fin de compensar a las comunidades locales por el perjuicio que les causó la represa, que comenzó a funcionar en 1988.
La solicitud fue firmada por 121 dirigentes comunitarios y una asociación de campesinos. Describe la caída del nivel de vida y las malas condiciones de salud de la gente que vive junto al río San Francisco en Bahía y Pernambuco, estados del noreste de Brasil.
Denunciaron que los programas de riego que se habían prometido todavía no se realizaron.
Irónicamente, la represa de Itaparica se construyó a fines de los años 80 con el fin de generar agua para riego y energía hidroeléctrica.
La represa fue construida por la compañía eléctrica local, Companhia Hidreletrica do Sao Francisco (CHESF), con financiación del Banco Mundial respaldada por Electrobras, la compañía estatal de electricidad.
El proyecto de reasentamiento acordado en 1986 incluía la creación de 110 poblados agrícolas, con centros de salud y educación propios.
Seis proyectos de riego cubrirían casi 20.000 hectáreas de tierra cultivable. Se esperaba que 40.000 personas se verían beneficiadas.
Una década despúes, sólo la tercera parte de los sistemas de riego fueron concluidos y otra tercera parte está en construcción.
Muchas comunidades -especialmente los indígenas tuxa de la municipalidad de Rodelas- no pueden cultivar sus productos.
El uso de los sistemas de riego construidos es caro y tiene problemas de mantenimiento. Los residentes afirman que los poblados fueron construidos con materiales de mala calidad.
Todo ello redujo la producción, aumentó el desempleo y degradó la calidad de vida de los pobladores desde que fueron reubicados, afectada por el alcoholismo y la violencia.
Sostienen que se violó la política del Banco Mundial de implementar planes de reasentamiento para que las personas desplazadas de sus viviendas por proyectos financiados por el Banco no estén en peor situación que antes de su traslado.
Los pobladores también denuncian que hubo una malversación de fondos, lo que explica el costo excesivo de 63.000 dólares por familia reubicada, lo que fue admitido por CHESF y cuestionado por el Banco Mundial.
Sin embargo, los residentes afirman que el acuerdo con las condiciones para el reasentamiento recién se comenzó a realizar cuando el Banco tomó cartas en el asunto.
Agregan que el Banco diseñó y planificó los proyectos de reasentamiento y riego, y comenzó los trabajos pertinentes.
"Sin embargo, el Banco carga con la responsabilidad de financiar el proyecto sin haber verificado que los beneficiarios de los créditos hayan cumplido sus políticas sobre reasentamiento para las personas desplazadas por la represa", declaran.
Un informe del Banco Mundial afirma que los proyectos financiados por el organismo en el valle de San Francisco beneficiaron a millones de personas en el noreste de Brasil al aumentar el suministro de electricidad, pero desplazaron a 170.000 personas.
Los residentes basan sus pedidos en el informe del Banco Mundial. El caso fue presentado ante las autoridades del organismo, incluyendo al presidente Lewis Preston en el período de 1991-95.
Esta vez, solicitan la atención de la comisión de inspección independiente del Banco, creada en 1993 como mecanismo de apelación para que las comunidades locales presentaran sus objeciones a los proyectos.
La comisión recibió las quejas de los denunciantes el 19 de marzo. El Banco tiene hasta el 17 de abril para rechazar las acusaciones o demostrar que intenta enmendar la situación.
Finalmente, la comisión recomendará la conveniencia o no de una investigación. (FIN/IPS/tra-en/aa/yjc/aq-jc/en-pr/97
