ARGENTINA: Aeropuertos y correos, dos privatizaciones clave

El gobierno de Argentina, que ya transfirió activos estatales por más de 20.000 millones de dólares, se apresta a privatizar este año aeropuertos y correos, dos negocios que generan polémicas y resistencias en el Congreso.

Desde que asumió en 1990, el presidente Carlos Menem privatizó las empresas de teléfonos, aeronavegación, electricidad, servicios de agua, gas, petróleo, acero, puertos, caminos, ferrocarriles, radios, canales de televisión y hoteles entre otros negocios, antes bajo la administración pública.

Para 1997 están pendientes las privatizaciones de correos y aeropuertos, demoradas en el Congreso desde hace más de dos años, pese a la mayoría del gobernante Partido Justicialista (peronista). Se trata de dos negocios clave por su vulnerabilidad a los intereses del narcotráfico y el lavado de divisas.

Ante esa demora, el presidente decidió eludir el trámite parlamentario y realizar las transferencias por decreto, una determinación que profundizó aún más los cuestionamientos.

Menem firmó este lunes el decreto para la concesión del correo por 30 años. La Secretaría legal y técnica de la Presidencia, que elaboró la norma, aseguró que las observaciones de la sindicatura general -dependiente del Congreso- fueron corregidas.

Entretanto, el gobierno tiene bajo análisis otro decreto para la privatización de más de 50 aeropuertos.

El traspaso del correo permitirá al gobierno obtener un canon semestral y un compromiso de inversiones por 750 millones de dólares. Las condiciones exigen, además, que el servicio sea competitivo, con tarifas que deben bajar progresivamente.

Los parlamentarios opositores, y algunos peronistas, resisten las dos normas impuestas desde el gobierno y advierten que tanto en aeropuertos como en correos flota el fantasma de Alfredo Yabrán, un cuestionado empresario telepostal que podría beneficiarse con un decreto "hecho a su medida".

Esto derivaría en un monopolio del correo, tal como denunció el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quien aseguró la semana pasada que su renuncia, reclamada por Menem a mediadios del año pasado, es el resultado de sus denuncias contra lo que denominó como "la mafia" que lidera Yabrán.

Del mismo modo, los parlamentarios ven irregularidades en la forma en que se podría traspasar el negocio de aeropuertos.

En ese sector existe una condición impuesta por el gobierno según la cual la empresa que gane la privatizacin deber respetar los contratos de las que controlan los depósitos fiscales, las tiendas libres de impuestos y el servicio de rampas.

Esos tres negocios estarán bajo dominio de testaferros de Yabrán, según coinciden los legisladores y Cavallo, aunque el propio empresario lo niega.

El diputado Alberto Natale estimó que esas empresas controlan 70 por ciento de los aeropuertos.

En diciembre, diplomáticos estadounidenses en Buenos Aires se reunieron con Yabrán para conocer sus intenciones respecto del correo y advertirle que Washington quiere que se dicten normas que garanticen la lucha contra el narcotráfico.

Tanto el correo como los aeropuertos son en este sentido puntos claves en el control del narcotráfico y el lavado de dinero obtenido en forma irregular.

Según la cláusula impuesta por el gobierno, si no se respeta la continuidad de los contratos de aeropuertos hasta el 2010, el nuevo titular deberá pagar una indemnización de 500 millones de dólares, exigencia que espanta a eventuales inversores.

Por otra parte, si el adjudicatario recibe los aeropuertos sin el control sobre las empresas que acompañan el negocio, estará renunciando a la facturación de al menos 40 por ciento del total recaudado por la administración de aeropuertos.

El decreto proyectado prevé transferir 18 aeropuertos nacionales -que representan 88 por ciento del tráfico-, 17 provinciales, 14 bajo la doble administración y cuatro municipales.

El negocio reportará al Estado 300 millones de dólares y el compromiso de inversiones por mas de 1.400 millones.

El gobierno encargó el estudio de prefactibilidad a la Unión de Bancos Suizos, que elaboró dos informes, pero el gobierno se niega a difundirlos en el parlamento, según denunció Natale.

Los informes podrán extenderse sobre los verdaderos dueños de las empresas, que controlan los negocios adyacentes a los aeropuertos, en donde abundarían nombres vinculados a la familia de Yabrán. (FIN/IPS/mv/ag/if/97