El crecimiento de la violencia criminal impide el crecimiento económico en América Latina y el Caribe, afirmó Sahid Javed Burki, vicepresidente del Banco Mundial para la región.
Burki sostiene que el crecimiento de la violencia criminal en la última década se debe en gran medida a la pobreza y la desigualdad en el ingreso, especialmente en las zonas urbanas. A su vez, la violencia agrava la situación.
Burki niega que el problema haya aumentado por las políticas de estabilización económica y ajuste estructural adoptadas en la región. Por el contrario, sostiene que la pobreza sería aún peor sin ellas.
El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en Colombia hubiera sido de 7,2 por ciento en 1995 y no de 5,2 por ciento si no fuera por los asesinatos, según Burki. El país tiene una tasa de asesinatos de 89,5 por cada 100.000 personas mientras que hace una década era 20,5.
Ello es porque el dinero que se gasta contra la delincuencia podría utilizarse para estimular el crecimiento económico, opina Burki.
La violencia perjudica al capital físico, humano y social, la capacidad de la comunidad para organizarse de manera que los beneficios de la economía se distribuyan equitativamente.
El crimen puede reducir la inversión en la infraestructura física por el vandalismo contra las calles y edificios.
Se estima que la falta de crecimiento del turismo en Jamaica se debe a que la delincuencia alejó a los inversores de la infraestructura turística.
El investigador Robert Ayres admite que gran parte del daño contra el capital físico es consecuencia de la violencia política.
Ayres y Burki, que presentarán sus opiniones en una conferencia en Rio de Janeiro sobre delincuencia y violencia urbana organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aclaran que no analizaron el terrorismo y los conflictos civiles.
El capital humano es afectado porque el "crimen impide que los niños asistan a la escuela, especialmente las niñas", sostiene Burki. Las tasas de abandono escolar aumentan en las zonas con elevada delincuencia.
El auge de la delincuencia perjudica al capital social al afectar la cohesión y la confianza que las comunidades necesitan para mantenerse íntegras, asegura.
La mayor parte de los delitos en la región los cometen hombres entre 16 y 30 años, según Ayres. Los estudios muestran que casi la mitad del aumento de la delincuencia en la década de los 80 ocurrió en las ciudades brasileñas, el país que presenta la mayor desigualdad en el ingreso de la región.
Aunque la migración rural llevó a que las ciudades estén sobrepobladas, el crecimiento urbano se detuvo en la última década. El aumento del crimen parece ser resultado de la mayor pobreza en las ciudades y no del crecimiento de la población.
Burki sostiene que los gobiernos deberían fomentar el empleo, evitar el abandono escolar, hallar maneras de mantener ocupados a los jóvenes sin trabajo y ayudar a las mujeres para afirmar su independencia.
Los gobiernos deberán apoyar a las instituciones sociales que permiten que las comunidades se identifiquen y resuelvan sus problemas; fortalecer a las instituciones que luchan contra la delincuencia; y también reformar el sistema judicial.
Burki y Ayres admiten que tienen pocos datos que apoyen sus conclusiones.
"Nadie dice que el desarrollo por sí solo reducirá el número de homicidios", apunta Burki, sugiriendo que los países aceleren las privatizaciones de las empresas estatales para luchar contra la delincuencia con el dinero obtenido.
Esto sorprende aun a los colegas de Burki, que mencionan que las privatizaciones conducen al crecimiento del desempleo.
Burki también apoya los proyectos del Banco Mundial para modernizar el sistema judicial. En algunos países, los jueces pasan la mayor parte de su tiempo con asuntos administrativos en vez de procesar un caso.
Expertos y activistas critican a los proyectos porque no enfrentan problemas mayores como la interferencia política y por considerar a la comunidad empresarial más importante que las asociaciones comunitarias, los defensores públicos y los grupos de derechos humanos.
Un jurista latinoamericano sostiene que el Banco consulta a estos grupos sólo cuando decide realizar los proyectos, mientras que el Banco considera que un sistema legal que sea capaz de fijar y hacer cumplir los contratos es esencial para el crecimiento económico sostenible.
En junio, Burki expresó que el crecimiento de la pobreza demostraba que el crecimiento económico por sí solo no era suficiente para disminuir la pobreza.
Las intervenciones específicas, como las redes de seguridad para los pobres, tampoco ayudaron, agregó.
"Por supuesto, admitimos que fracasamos. Tenemos que buscar la solución por otro lado", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/aa/yjc/aq-dg/dv/97
