El foro "Río más cinco" servirá para consolidar el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) como principales protagonistas de la defensa del medio ambiente, en particular en América Latina.
Organizaciones ecologistas de la región destacaron los escasos avances realizados en materia de legislación y de políticas de prevención en la mayor parte de los países del área desde la celebración de la "Cumbre de la Tierra" realizada en Río de Janeiro en 1992.
El principal saldo positivo, cinco año después de Río, es precisamente la nueva fortaleza adquirida por las ONG, remarcó Arnoldo José Gabaldón, presidente del Consejo Directivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y miembro del Consejo de la Tierra.
Creado tras la cumbre de 1992, el Consejo de la Tierra es el convocante de "Río más cinco", foro que se efectuará hasta el día 19 en preparación de la asamblea general extraordinaria de Naciones Unidas (ONU) a efectuarse en junio.
En esa ocasión, la ONU examinará el grado de aplicación alcanzado en los diversos países por la Agenda XXI, adoptada en Río hace cinco años.
La elaboración de una "Carta de la Tierra", la lucha ambientalista en el nuevo contexto de globalización económica e integración comercial regional, así como sus relaciones con otras problemáticas sociales como la de la pobreza, son algunos de los puntos que se debatirán en Río esta semana.
El foro "Río más cinco" se propone pasar de las formulaciones a la acción, y toda su programación apunta a definir algunos mecanismos concretos que faciliten el logro de un desarrollo sostenible y amigable con el ambiente.
En el encuentro participarán 460 ONG de todo el mundo y unas 40 empresas, lo cual llevó a organizaciones ecologistas brasileñas y otras internacionales, entre las que destaca Greenpeace, a negarse a intervenir en los debates.
Esos grupos subrayan el vínculo de sus organizadores con el Consejo Empresarial de Desarrollo Sostenible, formado por corporaciones trasnacionales consideradas "sobre todo un obstáculo a las exigencias ambientales" por portavoces brasileños de Greenpeace.
De cara la asamblea de la ONU de junio próximo, los gobiernos latinoamericanos deben, como los del resto del mundo, presentar un balance de lo actuado desde 1992.
En ese sentido han destacado en las últimas semanas los avances realizados en materia de protección al ambiente.
Sin embargo, varias ONG criticaron que en la mayor parte de los casos los progresos registrados se restringieron a la adopción de nuevas pero limitadas legislaciones.
Gabaldón dijo a IPS que la visión reducida del concepto de seguridad ecológica es uno de los escollos para que en América Latina se avance de manera importante a nivel político en materia de protección ambiental y desarrollo sostenible.
Cuando se legisla, se lo hace para resolver problemas locales pero sin ver más lejos, señaló.
"La globalización muestra que la seguridad de los países es amenazada no sólo por factores geopolíticos clásicos sino por problemas ambientales globales, lo que obliga a concertar posiciones e ir más allá del concepto tradicional de soberanía", estimó.
Admitió no obstante la "muy buena" tarea emprendida por el gobierno de Costa Rica y el "coraje" manifestado por el de Bolivia, con la convocatoria de una cumbre de desarrollo sostenible para diciembre, aunque destacó que esos esfuerzos son insuficientes.
En Venezuela, de donde el presidente del Consejo del PNUMA es originario, el tema del desarrollo sostenible "sigue siendo una ilusión al margen del debate político", señaló.
En México, mientras el gobierno destaca sus logros, las ONG estiman que el saldo del país desde la Cumbre de la Tierra es más bien negativo.
Así, Julia Carabias, secretaria de Medio Ambiente, sostiene que México es una de las naciones del mundo que más ha hecho para cumplir con los compromisos de Río.
La creación de su propia secretaría, dijo, permitió la implementación de leyes (de prevención del daño ambiental, de castigo a quien contamina), la detención de la contaminación en Ciudad de México y la instauración del derecho a la indemnización de quienes sean afectados por programas de desarrollo.
Alejandro Calvillo, portavoz nacional de Greenpeace, observó por el contrario "que desde la cita de Río no se ha visto que se detengan en México los procesos de destrucción ambiental".
"Se han aprobado incluso algunos proyectos antiecológicos, como uno de basureros industriales, y se continuó permitiendo el crecimiento del parque automotor. La contaminación en la capital demuestra la poca efectividad de las medidas adoptadas", destacó.
"Sólo se ha cumplido en lo formal, con compromisos legales por ejemplo, pero en la realidad México sigue mal y la evaluación es globalmente negativa", indicó Calvillo.
En sentido similar se manifestaron organizaciones ecologistas de Argentina.
Según declaró a IPS Roque Pedache, secretario de la asociación Amigos de la Tierra, aún si hubo avances en leyes de protección de la fauna, no se reglamentaron las disposiciones para prevenir la contaminación del aire y el agua, y la política del gobierno argentino para proteger la biodiversidad "ha sido lamentable".
Elsa Kelly, directora general de Asuntos Ambientales de la cancillería, respondió que "se está avanzando" en todos esos planos, aunque reconoció que los "avances no son tan significativos como uno quisiera".
En Chile, las organizaciones ecologistas cuestionan la política ambiental del gobierno de Eduardo Frei.
La construcción de grandes centrales hidroeléctricas en el curso superior del río Bíobio, el más importante del país, es criticada como un incumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 21.
Frei dijo que Chile no renunciará a la utilización de su potencial hidroeléctrico para cubrir las necesidades energéticas de su desarrollo y acusó a los ecologistas de oponerse al progreso.
El área del alto Bíobio es la de mayor asentamiento de la etnia mapuche pehuenche, estimándose que unas 200 familias serían desplazadas por la inundación de sus tierras si se levantan las cinco centrales con sus respectivas represas.
Es probable que el gobierno chileno sufra algún grado de cuestionamiento del Banco Mundial, que en el marco de la Agenda 21 está acentuando su preocupación por los impactos ambientales de las obras que financia.
Grupos ambientales de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia han cuestionado a sus respectivos gobiernos por el impacto ambiental negativo que tendría la proyectada red fluvial Paraguay- Paraná, en especial en la zona del Pantanal, en Brasil, una de las de mayor biodiversidad del planeta.
Esas organizaciones se quejan de no haber sido consultadas, como tampoco las poblaciones locales, acerca del proyecto, según ellos elaborado por tecnócratas ajenos a toda preocupación social en general y ambiental en particular.
En Uruguay, el gobierno fue severamente atacado también por su actitud ante un derrame petrolero ocurrido a fines de febrero en la cercanías de la ciudad balnearia de Punta del Este, que afectó gravemente a la población de lobos marinos del área y contaminó las aguas.
El Ejecutivo uruguayo fue criticado en especial por su escasa transparencia informativa en el manejo del caso, una crítica que las ONG hacen a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.
"Las ONG tienen un papel decisivo en la difusión de información, en mantener movilizada a la población para combatir la opacidad de los gobiernos, un factor esencial en los temas ambientales", consideró un vocero de la organización Redes-Amigos de la Tierra. (FIN/IPS/dg/jc/en/97
