Ambientalistas de Estados Unidos y Gran Bretaña acusaron a la empresa Occidental Petroleum de contaminar tierras y aguas amazónicas y andinas habitadas por indígenas en Colombia, Ecuador y Perú.
Los representantes de uno de los pueblos indígenas perjudicados, los u'wa de Colombia, amenazaron con cometer suicidio en masa si esta compañía con sede en California, Estados Unidos, no interrumpe sus prospecciones petroleras en las tierras que habitan hace siglos.
El grupo Rainforest Action Network, de San Francisco, la Coalición Amazónica, de Washington, y Body Shop, empresa británica dedicada a la distribución de cosméticos naturales, figuran entre los denunciantes de la empresa, una de las más importantes del mundo en el sector petrolero.
"Estas actividades se contradicen con las declaradas políticas de Occidental en cuanto a 'proteger el ambiente, la salud y la seguridad (…) de las comunidades donde (la empresa) opera", dijo Shannon Wright, de Rainforest Action Network.
Occidental Petroleum solicitó ayuda a los militares de Ecuador el año pasado para obligar a los indígenas siona-secoya a abandonar sus tierras, aseguró Wright.
La activista se unió en agosto a representantes de ambos pueblos nativos que viajaron de Amazonia a Quito, capital de Ecuador, para denunciar lo que describieron como "tácticas de guerra" por parte del máximo directivo de la compañía petrolera en el país, Manuel Echevarría.
La Coalición Amazónica afirmó que la situación es aun peor en Perú.
Las actividades de Occidental Petroleum en los últimos 25 años provocaron graves perjuicios al ecosistema del río Corrientes en ese país, dijo la activista Debra Delevan. "No hay peces y todos los animales están enfermos", sostuvo.
No es ésta la primera ocasión que la compañía petrolera provoca la ira de indígenas peruanos. En agosto de 1994, las comunidades candoshi, del noreste del país, reclamaron el fin de las pruebas sísmicas que efectuaba en la selva del río Marañón, afluente del Amazonas, el más caudaloso del planeta.
Un año más tarde, la compañía se retiró de la zona y argumentó que no había allí petróleo en cantidad suficiente que justificara la continuación de las exploraciones.
Hoy, los activistas manifiestan su preocupación por el agravamiento del conflicto entre Occidental Petroleum y el pueblo u'wa, de Colombia, de 5.000 integrantes, que amenazó con un suicidio en masa si la compañía continúa perforando sus tierras tradicionales.
Occidental Petroleum y el gobierno de Colombia firmaron hace cinco años un contrato que permite a la empresa estadounidense buscar petróleo en las 208.934 hectáreas del bloque de Samoré, área en las estribaciones orientales de los Andes, cerca de la frontera con Venezuela.
Funcionarios del gobierno de Ernesto Samper se reunieron con representantes del pueblo u'wa en enero de 1995 para considerar los planes de exploración.
Los dirigentes indígenas se quejaron entonces por la concesión de la licencia a Occidental antes de abrir un proceso de consulta y transmitieron la intención de comenzar a discutir el asunto en sus comunidades.
Los abogados de los u'wa interpusieron ese mismo mes dos querellas contra el gobierno por ese motivo. El tribunal que consideró las demandas falló a favor del pueblo indígena en octubre de 1995, pero la sentencia fue revertida rápidamente por la Corte Suprema.
Los werhayas, líderes espirituales de las comunidades u'wa, amenazaron entonces con suicidarse, en un intento desesperado de impedir las exploraciones petroleras de Occidental.
Los indígenas apelaron la sentencia ante la Corte Constitucional de Colombia, que resolvió tres semanas después que las autoridades no habían consultado de forma adecuada a las comunidades, como disponen las leyes del país.
La Corte ordenó la suspensión del contrato entre el gobierno y Occidental para abrir un proceso de consultas.
"El asunto es materia de litigio. No puedo decir nada al respecto. ¿Por qué no pregunta a los jueces colombianos?", dijo a IPS Roger Guillott, portavoz de la compañía.
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Rodrigo Villamizar, declaró que la suspensión no implicaba el fin de los trabajos de exploración, preocupado por que la orden judicial pudiera desalentar inversiones de otras empresas petroleras extranjeras en el país.
"Nos complace que los jueces hayan reconocido que se violó nuestro derecho a ser consultados cuando nuestras vidas están en juego", declaró luego de la suspensión el Gran Consejo del pueblo u'wa.
Una comunidad u'wa saltó de un precipicio para morir a fines del siglo XVII con el fin de no ser colonizados por misioneros españoles. (FIN/IPS/tra-en/pc/yjc/mj/en pr/97
