El saqueo indiscriminado de los recursos marítimos del archipiélago ecuatoriano de Galápagos sólo podrá enfrentarse con voluntad política y un régimen especial para estas islas, que son patrimonio natural de la humanidad, señalaron especialistas.
La creciente actividad de bandas organizadas en "las islas encantadas", como las definiera el científico Charles Darwin, ha provocado preocupación a nivel nacional e internacional, pues cada vez son más las denuncias por el saqueo de los recursos naturales y los enfrentamientos violentos por esta causa.
Esto llamó la atención del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), que hizo un llamado al gobierno de Ecuador para que incremente el control sobre las islas, que merecen trato especial por su relevancia científica.
El 97 por ciento de la superficie del archipiélago de Galápagos, una de las 21 provincias del Ecuador, es considerada como parte del Parque Nacional Galápagos.
Un miembro del Servicio del Parque Nacional fue herido de gravedad la tercera semana de marzo por un grupo que se encontraba procesando pepino de mar, una especie que se encuentra en peligro de extinción y cuya captura está penalizada.
Según los informes de los guardaparques, 20 hombres armados los recibieron con disparos, mientras realizaban una inspección al oeste de la isla Isabela, una de las más extensas del archipiélago, pues habían recibido una denuncia sobre el saqueo.
El pepino de mar es muy cotizado en los países asiáticos, según las autoridades del Parque Nacional, donde "se le atribuyen poderes afrodisiacos y otras características, más del orden mítico que científico", dijo Linda Cayot, de la estación científica Charles Darwin.
"No es admisible que en un lugar que ha sido considerado patrimonio de la humanidad por las Naciones Unidas, sucedan actos ilegales de esta naturaleza", expresó Teodoro Bustamante, director de la Fundación Natura de Ecuador.
Según Bustamante, el gobierno de Ecuador debe impulsar "un régimen especial para las islas, cuya prioridad sea el resguardo de los recursos por sobre todas las cosas", pues el archipiélago "se encuentra en un grave peligro, en estado de emergencia".
Los ambientalistas consideran que la nueva ley debe contemplar un presupuesto especial para la protección de la biodiversidad, fuertes sanciones contra las actividades ilegales y un estricto control a la migración, ya que en los últimos cinco años la población ha aumentado a una tasa de 25 por ciento anual.
Las actividades generadas por el turismo es una de las razones por las que miles de personas decidan establecer su residencia en Galápagos, la provincia con mayor crecimiento de población.
Miguel Pellerano, coordinador de la WWF en el archipiélago, consideró que un régimen especial para las islas, "resultaría beneficioso para Ecuador", ya que más de 60 por ciento de los ingresos por turismo del país proviene de Galápagos.
"Es difícil mantener un control verdadero con acciones aisladas, si el gobierno no establece una política integral para las islas", dijo a IPS el biólogo Manuel Carrión, quien dirige a la sociedad de ornitólogos de Ecuador.
"La actuación de las autoridades debe ir más allá de la vigilancia y las sanciones ejemplares. Se debe abrir un debate nacional para que las soluciones provengan de todos los sectores", añadió.
La polémica desatada por el establecimiento de una ley especial para esta provincia no es nueva.
"El problema de Galápagos es más complejo que la simple voluntad de preservar el medio ambiente", consideró Eduardo Vélez, diputado de esa provincia, en la que viven 20.000 ecuatorianos con las mismas necesidades que el resto de la población y requiere la atención del Estado para desarrollarse.
En 1995, Vélez presentó un proyecto de ley para el archipiélago, donde se permitía la construcción de carreteras, la ampliación de un aeropuerto internacional y el otorgamiento de permisos para abrir comercios para el turismo e incentivar la pesca.
Las organizaciones ambientalistas manifestaron su oposición a la iniciativa y consiguieron que fuera vetada en su totalidad por el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-96).
Esto provocó la reacción de amplios sectores de la población de Galápagos, que realizó una huelga de más de un mes, con la toma de instalaciones turísticas y científicas del archipiélago. (FIN/IPS/mg/ag/en/97
