Organizaciones ecologistas acusaron a Vivianne Blanlot, directora de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de Chile, de incitar al desacato de las leyes a raíz de sus interpretaciones de un reciente fallo judicial.
Blanlot, del cogobernante Partido Por la Democracia (PPD), fue cuestionada también por diputados de su propia colectividad, luego de que afirmó que la transnacional estadounidense Trillium no necesitaría presentar estudios ambientales para un megaproyecto maderero en Tierra del Fuego.
La directora de Conama sostuvo que esa es la consecuencia práctica del fallo emitido el día 19 por la Corte Suprema de Justicia, que anuló la autorización dada al proyecto Trillium por la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de la sureña décimosegunda región.
El máximo tribunal acogió un recurso presentado por grupos ecologistas y parlamentarios de la "bancada verde" y falló que la Corema carece de facultades para aprobar o rechazar el estudio de impacto ambiental de Trillium.
Con esto quedó paralizado el proyecto de la transnacional maderera, que adquirió 2.500 hectáreas de bosques cerca de Porvenir, unos 2.800 kilómetros al sur de Santiago, de las cuales la mitad corresponde a árboles de lenga, una valiosa especie autóctona.
La Corte Suprema indicó en los fundamentos de su dictamen que aún no existe un reglamento de la Ley Marco de Medio Ambiente, promulgada en 1994, en el cual la Corema tendría que basarse para juzgar los estudios de impacto ambiental.
La interpretación de Blanlot es coincidente con la de ejecutivos de Trillium, en el sentido de que el fallo demostró que la legislación ambiental no es aplicable y que por tanto los inversionistas no requieren de autorizaciones en este ámbito para sus proyectos.
La directora de Conama sostuvo que a Trillum le bastaría obtener un plan de manejo de bosque nativo por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), como único trámite para llevar a cabo el llamado proyecto Río Cóndor.
Blanlot fustigó a los ecologistas y a la "bancada verde", un grupo de parlamentarios de gobierno y oposición, porque a su juicio dejaron sin efecto uno de los pocos resortes de control ambiental de los grandes proyectos de inversión.
Añadió que ahora las empresas se abstendrán de presentar voluntariamente sus estudios de impacto ambiental, como lo venían haciendo al no existir el reglamento de la Ley, que hará obligatorio este requisito.
Las cuatro organizaciones ecologistas que presentaron el recurso y su abogado, Fernando Dougnac, señalaron que el fallo de la Corte Suprema tiene un efecto mucho más amplio que el planteado por la autoridad ambiental y la empresa Trillium.
Recordaron que entre las instituciones gubernamentales que hicieron reparos al proyecto, no recogidos por la Corema, estaban no sólo Conaf, sino otras seis, vinculadas a los sectores agrícola, pesquero y de la salud.
De acuerdo a los ecologistas, si Trillium quiere iniciar su proyecto, tendrá que cumplir ahora por separado las obligaciones, sugerencias y observaciones formuladas por cada uno de los organismos gubernamentales.
La interpretación dada por Blanlot al fallo es una incitación a Conaf a desacatar la decisión del más alto tribunal del país, "lo cual es inadmisible en una funcionaria pública encargada precisamente de velar por la protección del medio ambiente".
La Red Nacional de Acción Ecológica, la Corporación de Desarrollo de Pirque, el Instituto de Ecología Política y la red Alianza para los Bosques, dijeron que la Conama y la Corema de la XII región crearon el conflicto al aprobar el proyecto de Trillium sin los debidos resguardos ambientales.
Los grupos ecologistas insistieron asimismo en que el fallo sienta jurisprudencia, al contrario de lo aseverado por el gobierno y entidades empresariales.
La Corte Suprema hizo un expreso reconocimiento del derecho humano, con rango constitucional, de vivir en un ambiente limpio y de que todo ciudadano puede recurrir a la justicia en defensa de la naturaleza, dijeron las organizaciones.
Como secuela positiva del conflicto destacaron que luego de tres años de dilaciones, el fallo de la Corte Suprema logró que en tres días se pusieran de acuerdo el gobierno y la Contraloría General de la República para aprobar el reglamento de la ley ambiental.
El diputado "verde" Guido Girardi, del PPD, impugnó igualmente la interpretación que Blanlot dio al fallo, pero la funcionaria insistió en que el resultado práctico de la resolución judicial será la negativa de las empresas a realizar estudios de impacto ambiental. (FIN/IPS/ggr/ag/en-ip/97
