Los planes para reducir y compensar la contaminación que causa el calentamiento global podrían perjudicar el desarrollo y la soberanía de Africa, sostienen los expertos.
El Organismo Subsidiario para el Consejo Científico y Tecnológico a la Convención del Cambio Climático, con la representación de 150 gobiernos, sesionó en Bonn este mes para negociar medidas que se convertirán en leyes en la "Conferencia de las Partes" en Kioto, Japón, a fines de 1997.
Las medidas probablemente sean la combinación de dos propuestas.
Estados Unidos propone que el derecho a contaminar con dióxido de carbono -el principal causante del cambio climático- se pueda comprar y vender como las acciones, con el nombre de "permisos negociables".
Los países nórdicos proponen la "implementación conjunta", según la cual las industrias contaminantes compensarían por su contaminación a los países del Sur en desarrollo, que podría beneficiarse con la inversión extranjera, la transferencia tecnológica y la creación de empleos.
Youba Sokona, experto en energía de la organización no gubernamental (ONG) ENDA, de Senegal, afirma que estas propuestas amenazan el desarrollo y la soberanía de las naciones pobres.
Sostiene que en el caso de los "permisos negociables", los gobiernos africanos podrían vender su derecho a contaminar y con él, la posibilidad de industrializarse. Cuando necesiten el derecho nuevamente para desarrollarse, el precio será mayor.
En el caso de la "implementación conjunta", los campesinos podrían dejar de cultivar alimentos al obtener dinero de la plantación de árboles para absorber el dióxido de carbono, agrega.
En noviembre, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó a "la comunidad de naciones que acordaran compromisos legalmente vinculantes para enfrentar al cambio climático".
Los científicos esperan que los 21.600 millones de toneladas de dióxido de carbono que se lanzaron a la atmósfera en 1990 aumenten 50 por ciento para el 2010.
Las emisiones elevaron la temperatura de la tierra 0,3 grados Celsius en este siglo. Se estima que en el futuro próximo, el mayor cambio de temperatura se dará en las latitudes del norte, con un aumento del frío.
Las consecuencias para la humanidad serán un mayor consumo de energía, menores cosechas y más hambre y desnutrición en el Sur.
En la cumbre ambiental celebrada en 1992 en Río de Janeiro, la mayoría de los países del mundo firmaron la Convención sobre el Cambio Climático en la cual se comprometen a reducir las emisiones de dióxido de carbono a los niveles de 1990.
El Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) ha recibido de los gobiernos 200 millones de dólares para enfrentar el problema, aunque los expertos sostienen que se necesitan 200.000 millones, que sólo podrán reunirse con la participación del sector privado.
La Convención admite que normas demasiado severas podrían restringir el crecimiento industrial. La prosperidad económica y la protección del ambiente deben coexistir.
Los "permisos negociables", permitirían a los países subdesarrollados vender las acciones contaminantes a países desarrollados que las necesiten. Estos pueden ofrecer tecnología anticontaminante para que los países pobres reduzcan sus emisiones y, a la vez, vendan las acciones sobrantes.
La implementación conjunta podría incluir la desecación de tierras pantanosas, que también puede reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Se prevé la formación de un organismo internacional para evaluar cada actividad y permitir a las industrias la emisión de cierta cantidad de contaminantes.
Sokona señala que Africa emite menos de siete por ciento del dióxido de carbono del mundo y cuestiona el enfoque que permitiría a los países industrializados reducir las emisiones de los países subdesarrollados para que los primeros puedan seguir emitiendo contaminantes.
Los partidarios de la implementación conjunta sostienen que el plan atraerá la inversión del exterior. Es posible que, a cambio del derecho a contaminar, las industrias puedan obtener créditos para asistir a los países pobres en su lucha contra la pobreza o para mejorar los servicios de salud.
Para R. S. Maya, experto de Zimbabwe, la llamada implementación conjunta es "colonialismo ambiental". Advierte que el plan permitiría a los países industrializados utilizar formas económicas para reducir las emisiones mientras las opciones caras se reservarían para los países del Sur.
Maya agrega que las compañías de los países del Norte industrtializado también podrían introducir tecnologías indeseables o experimentales en el Sur. Las compañías extranjeras vierten residuos tóxicos en Africa desde hace años.
El Centro de Investigación del Clima y la Energía, en Oslo, sostiene que la implementación conjunta revertiría la marginación de Africa. La región no suscribió acuerdos comerciales interregionales como lo hicieron Asia, América Latina y Europa oriental con los países desarrollados.
El análisis del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) también revela que Africa no se benefició del mismo.
Maya no cree que los países industrializados cambien su proceder hacia Africa. Sostiene que con la implementación conjunta, las compañías extranjeras podrían soslayar las normas del GATT contra el vertido de residuos.
Sokona cuestiona el interés que tendrían las multinacionales en la implementación conjunta en Africa, debido a su inestabilidad económica y política.
Los planes podrían funcionar en teoría, agrega. Pero en la práctica, los gobiernos africanos están "sobrecargados, con poco personal y sin experiencia".
Se espera que los planes comiencen en 1998. "Cuando la implementación conjunta resulte económica para los países ricos y lucrativa para los pobres en el corto plazo, todos querrán llevarla a cabo", concluyó Sokona. (FIN/IPS/tra-en/dh/kb/aq- jc/en/97
