AGRICULTURA: Expertos temen alcances de propiedad intelectual

Expertos de América Latina temen perjuicios para el sector agropecuario de la aplicación de derechos de propiedad intelectual sobre los recursos genéticos de origen animal y vegetal.

Los acuerdos multilaterales que dieron origen a la Organización Mundial de Comercio (OMC) contemplan normas para proteger el derecho de propiedad intelectual de los países ricos y pobres sobre recursos industriales y agropecuarios antes del 2000 y el 2005, respectivamente.

Enrique Alarcón, director del Instituto Interamericano de Cooperación Agricola (IICA), señaló durante una conferencia regional realizada en Panamá que las primeras consecuencias serán sufridas por las redes de intercambio de investigación científica de los países en desarrollo.

Así mismo, "la aplicacíon de esos derechos se puede convertir en barrera no arancelaria y establecer desigualdades entre los países" miembros de la OMC, en lugar de fomentar el comercio, dijo Alarcón.

"¿Qué pasa si un país regula en exceso (los derechos de propiedad intelectual) y los otros no?", se preguntó el experto colombiano.

"Hay además una potencialidad de sanciones comerciales en el marco de la OMC para quienes violen el derecho de propiedad intelectual" tanto industrial como agropecuaria, subrayó.

Alarcón observó que en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos para crear redes de investigación genética en el cono sur, la zona andina, la Amazonía y en América Central y el Caribe, para el intercambio de experiencias e investigación científica entre países de esas áreas.

"Pero con las regulaciones (de la OMC) vamos a tener varios problemas. Esas redes deberán adecuarse y hacer esfuerzos multilaterales para ver cómo compartir los frutos de la investigación genética", debido a las trabas que surgirán con los derechos de propiedad intelectual, advirtió el director del IICA.

Los derechos de propiedad intelectual no se aplicarán a las plantas y animales en estado natural, sino modificados, como es el caso de la producción de células y genes de origen vegetal y animal, explicó Alarcón.

Además de contar con nueve de los 18 países del mundo con mayor biodiversidad, en América se encuentran cinco de los 12 centros de investigación científica en la materia de mayor reconocimiento internacional.

A pesar de ello, América Latina depende en más de 60 por ciento de países ajenos a la región para obtener recursos genéticos.

Los problemas de América Latina en la materia son técnicos y de logística, y se deben a la falta de recursos financieros y de políticas oficiales en cuanto a investigación, según Alarcón.

Sólo Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay disponen de legislación para proteger los derechos de propiedad intelectual sobre su agro-biodiversidad.

"Estamos terminando una etapa feliz, en la que todo era libre (para los investigadores), todo era patrimonio de la humanidad (como la biodiversidad), y no había reglas del juego", para comenzar otra, "que va camino a la regulación", indicó Alarcón.

Tras señalar que es un hecho el cambio de reglas "para bien o para mal", el especialista destacó la necesidad de "evitar que 'se nos vaya la mano' a un punto tal que nos impida, incluso, el intercambio de material de investigación".

Gustavo Sainz, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMIT), indicó por su parte que en el caso de las semillas, el derecho de propiedad intelectual tiene implicaciones mucho más complejas.

Sainz explicó que el manejo de las semillas poco a poco ha pasado de su forma clásica a ser propiedad de complejos industriales que junto con ese producto también controlan la venta de agroquímicos.

"Se da el caso de que muchas veces la semilla se entrega" en forma gratuita a los productores "como 'gancho' para colocar los otros productos, cuyas ganancias son más rentables que las primeras", precisó Sainz, de nacionalidad argentina.

A su juicio, si en los países pobres se introduce el concepto de propiedad intelectual sobre la agro-biodiversidad, se llegará a un punto en que los agricultores tendrán que firmar contratos y compromisos sobre el uso que darán a la semilla recibida de sus provedores.

Mientras, el investigador chileno Arnaldo Chívaro, del IICA, señaló que, por el momento, a los países ricos les interesa asegurar los derechos sobre la propiedad industrial, y que las naciones en desarrollo deberían poner el acento en la protección de los recursos genéticos.

Chívaro precisó que la ganancia se consigue "cuando aplicamos nuevos recursos genéticos (a la producción), pero ahora la ganancia consiste en vender esos recursos".

También advirtió que "los países con mayores recursos para detectar violaciones a la propiedad intelectual" están en ventaja frente al resto de los estados miembros de la OMC. (FIN/IPS/sh/ff/dv/97)