El ex guerrillero Jorge Zabalza, presidente a partir de este mes de la legislatura comunal de Montevideo, hizo emerger la punta del iceberg de los asentamientos informales, que crecen anualmente 9,4 por ciento el área de la capital uruguaya.
Zabalza fue dirigente del grupo guerrillero tupamaros y luego rehén del régimen militar impuesto entre 1973-1985), que lo mantuvo durante varios años en cárceles clandestinas.
Al recuperarse la democracia, se integró a la coalición izquierdista Frente Amplio, y en las elecciones de 1994 fue elegido curul. Por acuerdo interno del Frente Amplio, mayoritario en la capital, presidirá este año la llamada Junta Departamental de Montevideo.
Zabalza, que heredó de su padre varias propiedades y tierra cultivable en el interrior del país, optó por vivir en un asentamiento marginal en los límites de Montevideo, en el que está dispuesto a permanecer "el resto" de su vida, según dijo a IPS.
Los representantes ante la Junta Departamental de los partidos Colorado y Nacional, que coligados gobiernan el país, criticaron a Zabalza porque no paga impuestos, ya que tiene su vivienda en terrenos fiscales.
"Es verdad, no los pago porque no corresponde. Cuando se regularice la situación del lugar donde vivo y me den los servicios que corresponden a un ciudadano, los pagaré gustoso", respondió.
El debate por la situación de Zabalza hizo emerger el tema de los asentamientos irregulares en áreas fiscales, cuya ocupación es alentada por sectores radicales de izquierda.
Un estudio del Instituto Técnico para la Promoción del Desarrollo Integral (Intec) puso en evidencia el vertiginoso crecimiento de esos asentamientos en Montevideo, ciudad de 1,5 millones de habitantes.
En 1984 existían unos 50 asentamientos irregulares con 2.541 viviendas instaladas. En 1990, la cantidad de viviendas creció 87 por ciento y en 1995, el aumento respecto de cinco años atrás fue de 43 por ciento y de 168 por ciento con relación a 1984.
De la valoración del estudio surge que en una década, la tasa de construcción de viviendas en asentamientos irregulares fue de 9,4 por ciento anual.
El director de Intec, Miguel Cecilio, cree que, entre otras razones, ese fenómeno se debe a "la sociedad uruguaya simplemente no le entró (no toma en cuenta) al problema".
El estudio indica que 98 por ciento de esas viviendas están conectadas a la red eléctrica, la gran mayoría de modo irregular, y 99 por ciento utilizan el agua de los servicios públicos, aunque sólo 38 por ciento tienen tomas internas. El resto usa surtidores callejeros.
Apenas siete por ciento de esos hogares están conectados a los colectores de saneamiento, y 57 por ciento vierten las aguas residuales en fosas sépticas y 23 por ciento "en un hueco en el suelo".
Ante consultas del Intec con relación a los servicios, los encuestados dieron prioridad a los municipales.
En efecto, 56 por ciento de los consultados, que señalaron cada uno varias necesidades, pidieron saneamiento, 39 por ciento iluminación en la zona, 31 por ciento recolección de residuos, 15 por ciento agua potable, 14 por ciento teléfono y 11 por ciento energía eléctrica domiciliaria.
"Más de 40 por ciento de las viviendas tienen problemas graves o muy graves de hacinamiento", alertó el estudio.
Los asentamientos informales ya dejaron de ser el refugio de migrantes del interior del país o de sectores marginales.
Ahora, según el Intec, se nutren de pobladores que integran el sector formal de la sociedad con índices mayores de instrucción educativa y de ocupación.
Los asentamientos irregulares crecen "incorporando al sector formal de la estructura productiva" y gran parte de esas personas buscan un costo de vida inferior, dejando otros barrios o apartamentos de mejor nivel y precio.
Lo grave, a juicio de Cecilio, sería "que el deterioro del nuevo entorno y el relacionamiento con prácticas sociales degradadas" contribuyan a "arrastrar hacia abajo" a esos pobladores" y no a "alentar el mejoramiento de los sectores más antiguos de los asentamientos".
El gobierno nacional observa con "inquietud" esa situación y el trabajo que realiza la izquierda en los asentamientos informales.
Por esa y otras razones, el Poder Ejecutivo creó un "gabinete social", encargado de planificar políticas sociales "selectivas y focalizadas" para evitar o revertir la marginalidad en esas zonas.
Funcionarios del gobierno expresaron preocupación por la prédica de los tupamaros en esas zonas y por la "explotación política" de la situación, advirtieron el riesgo de creación de "microestados dentro del estado". (FIN/IPS/rr/ff/pr ip/97
