La lucha contra la discriminación en perjuicio de las víctimas del SIDA ha pasado a ser una prioridad en la política sanitaria y de derechos humanos en Tanzania.
Abogados, médicos y autoridades acordaron el mes pasado luchar contra quienes agredan los derechos humanos de las personas infectadas con el virus VIH o enfermas de sida. El verano pasado, el gobierno anunció la futura prohibición de la discriminación contra las víctimas de la enfermedad.
La discriminación contra los infectados con el VIH amenaza los derechos humanos y la dignidad de millones de personas en el mundo.
Hasta el momento, la mayoría de los gobiernos de Africa Oriental, la zona más golpeada por la enfermedad, se han concentrado en las medidas que buscan detener la expansión del virus, como las campañas de información y de promoción de preservativos.
Sin embargo, cada vez más, la protección de los derechos humanos de las personas con VIH-SIDA, es un elemento clave en la prevención de la enfermedad.
Los expertos afirman que la discriminación sólo obliga a las personas con VIH-SIDA a ocultar su estado, lo que favorece la expansión del mal.
Excepto por el reciente anuncio, se tomaron pocas medidas en Tanzania para enfrentar el abuso contra las personas con VIH. Las cosas podrían mejorar según ha concluido un taller sobre el tema realizado en Dar es Salaam.
Los activistas objetan la lentitud de las autoridades en Tanzania para reconocer los abusos de derechos humanos contra las personas con VIH.
"No ha llegado ningún caso a las cortes, se han escrito pocos artículos sobre el tema y muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) no tienen la capacidad para enfrentar el problema", expresa Ann Strode, abogada contratada por las Naciones Unidas para trabajar sobre el tema en Tanzania.
El taller, auspiciado por la ONU, se centró en Etica Laboral, Derechos Humanos y VIH-SIDA, y participaron médicos, magistrados, autoridades y personas con VIH.
En 1992, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ante la creciente discriminación contra las personas con VIH, fomentó la creación de redes multidisciplinarias locales para trabajar en el tema en los países de Africa subsahariana.
Las redes buscan modificar la legislación existente y elaborar nuevas políticas para proteger los derechos de las personas con VIH, especialmente los grupos vulnerables a la infección tales como las mujeres, los trabajadores rurales y los presos.
Tanzania es el décimoquinto país que ha establecido su red, junto con Uganda, Kenia, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil, entre otros.
Tanzania es uno de los países más afectados por el VIH. Alrededor de 400.000 personas en la población de 27 millones tienen SIDA, y se estima que 1,2 millones son VIH positivos, según la Organización Mundial de la Salud.
Se espera que el número de infectados se duplique para el 2000. La pobreza, la desigualdad de género y las enfermedades de transmisión sexual contribuyen a la expansión del VIH en el país.
Se han realizado pocos estudios sobre la discriminación contra las personas con VIH en este país africano. El taller recibió algunos testimonios de personas que fueron discriminadas.
Unos perdieron su empleo. A una mujer cuyo esposo murió de sida se le impidió recibir la herencia. Un hombre se enteró que le habían realizado el análisis del VIH contra su voluntad. A otro le negaron el seguro médico. La mayoría fueron rechazados por su comunidad.
Aún los profesionales en salud son acusados de discriminar a los pacientes con VIH. Según Yohana Mashalla, de la Universidad de Muhimbili, algunos médicos revelan información de los pacientes sin su consentimiento. Otros se niegan a brindar el tratamiento adecuado.
Un estudio en Tanzania y Kenia reveló que algunas enfermeras mostraban una actitud negativa hacia la atención de los pacientes con SIDA, agregó Mashalla.
La experiencia en el taller demostró que la discriminación contra las personas con VIH en Tanzania, no es sólo un problema social sino que surge de la falta de leyes relativas al tema.
Las normas sobre análisis, control y tratamiento del VIH, emitidas por el Ministerio de Salud Pública en 1989, no protegen los derechos de las personas infectadas.
Ciertas leyes disponen que los médicos presenten informes médicos ante los tribunales, lo que expone a las personas con VIH a la discriminación, especialmente en las cárceles.
La legislación laboral permite que las empresas con instalaciones médicas propias obliguen a sus empleados a hacerse el análisis del VIH. Los que resultan positivos pierden el empleo y el acceso a la atención médica.
Según la Ley de Evidencias, las víctimas de violación deben presentar una desmedida cantidad de pruebas que viola su intimidad, especialmente en los casos de infección con VIH.
Los participantes del taller recomendaron revisar la política nacional de lucha contra el sida y modificar la legislación vigente. Se exigió la prohibición de los análisis obligatorios de VIH por parte de las compañías, así como la capacitación del personal carcelero sobre los aspectos legales del VIH-SIDA.
También faltan servicios de apoyo legal para las personas con VIH que han sido discriminadas. Una base de datos informatizada será utilizada para controlar el abuso de los derechos de las personas con VIH-SIDA en Tanzania.
Las redes tendrán que presentar la evaluación de su trabajo al PNUD en una conferencia en Costa de Marfil en mayo. (FIN/PANOS/tra- en/pt/dds/aq-jc/he/97)
(*) IPS pone a disposición de sus suscriptores este material por un acuerdo de distribución con la institución internacional de comunicación Panos Features, de Londres
