Las mujeres latinoamericanas están encontrando mecanismos de concertación y coordinación con los gobiernos, agencias cooperantes y la sociedad civil para la implementación de los acuerdos tomados en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995.
Una reunión internacional convocada en Lima por el Centro Flora Tristán reunió a mujeres representantes de gobiernos, agencias cooperantes y sociedad civil de varios países de América Latina y el Caribe.
Durante dos días analizaron los progresos alcanzados en sus respectivos países, a 15 meses de realizada la Cumbre sobre la Mujer, y la forma en que se vienen llevando a la práctica los acuerdos contenidos en la Plataforma de Acción Mundial (PAM).
Una de las principales constataciones fue que la etapa posterior a Beijing coincide con el proceso de modernización del Estado y ajuste económico en varios países de América Latina.
"Es una coyuntura especial que se puede dar a favor de la equidad de género o dejar que se diluya en los programas públicos", anotó la costarricense Ana Isabel García, Coordinadora de las oficinas de la Mujer de América Latina y el Caribe.
Haciendo un balance de las acciones realizadas después de la Cumbre, García señaló que si bien los proyectos de género se han abierto hacia otros sectores, como medio ambiente o violencia, en la mayoría de los casos siguen siendo acciones puntuales, sin coordinación y destinadas a poblaciones pequeñas.
Gloria Ayala, de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer de Colombia, dijo que no todos los gobiernos ni la sociedad civil asumen de la misma forma la búsqueda de la equidad de género.
"Existe una cultura popular de la discriminación y subordinación. Muchos ministerios y dependencias públicas no valoran debidamente el componente de género y se siguen financiando proyectos de pequeña escala como una forma de 'ayudar' a las mujeres", expresó.
"Además, la difícil situación de los derechos humanos en cada país también frena la implementación de la PAM", añadió.
García explicó que para superar esta situación es necesario elaborar estrategias que no sean meramente reivindicativas, tengan alcance nacional, puedan ser asumidas por el gobierno y converjan las diferentes fuerzas políticas, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
Otra constatación importante fue que la democracia es la mejor opción para identificar y negociar las desigualdades. Sin embargo, se dejó en claro que las mujeres deben pasar de la democracia participativa a la representativa.
"Si seguimos la tendencia actual, pasará medio siglo antes de lograr la equidad", precisó la peruana Virginia Vargas, ex Coordinadora Latinoamericana de la Cumbre de Beijing y actual directora del Centro Flora Tristán, al referirse al porcentaje de mujeres que ocupa cargos públicos en la región.
En ese sentido, planteó profundizar los esfuerzos para lograr cuotas que aseguren un mínimo de mujeres en la gestión gubernamental y dentro de los partidos políticos.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), en los países andinos sólo hay entre cuatro y nueve por ciento de mujeres parlamentarias y en organismos municipales. El porcentaje decrece si se trata de mujeres ministras.
Dulce María Sauri, del Programa Nacional de la Mujer de México, afirmó que su país es uno de los que ostenta mayor porcentaje de representación parlamentaria femenina: 14 por ciento. Pero añadió que desde 1953 -cuando se concedió el voto a la mujer- sólo seis mujeres han ocupado Secretarías de Estado.
Mónica Muñoz, representante de UNIFEM para el Area Andina, dijo que su oficina brinda especial atención al acceso de las mujeres al poder político en la región, debido precisamente a los escasos márgenes de participación en la vida pública.
Otro grave problema de la región es el alto índice de violencia contra la mujer. De allí que ésta sea una de las áreas principales de trabajo de UNIFEM.
Muñoz señaló el caso de Quito, donde 96 por ciento del total de denuncias por agresiones ocurridas entre el 1994 y 1995 fueron contra mujeres.
"El 17,5 por ciento del total de denuncias diarias son agresiones a mujeres, 82 por ciento de las cuales se producen en el hogar, propinadas en 65 por ciento de casos por los esposos o convivientes", agregó.
Lilian Celiberti, de Uruguay, exhortó a no quedarse en el plano legal y político, sino a crear verdaderos mecanismos de movilización del movimiento de mujeres y de organismos de base.
"Que no ocurra lo de Uruguay, donde el gobierno y el sistema político en su conjunto creen que el problema de la mujer está resuelto porque tienen conquistados sus principales derechos. Sin embargo, ello se da en un plano legal que, siendo importante, no lo es todo, porque se distorsiona en la práctica", subrayó.
Con el fin de no aislar el movimiento, Olenka Ochoa, de la Red Nacional de Promoción de la Mujer de Perú, sugirió promover planes nacionales de acuerdo a la agenda de género, pero combinándolos con demandas que trasciendan este componente y se vinculen más con la política económica y el estado de derecho.
En la reunión no se adoptó ningún acuerdo específico sino que se dieron pautas de acción para que las organizaciones que trabajan con mujeres las apliquen en sus países de acuerdo a cada realidad. (FIN/IPS/zp/ag/pr/97
