Un clima de confrontación prevalece en el diálogo entre el gobierno de Nicaragua y el opositor FSLN, debido a la demanda oficial de devolución a sus titulares originales de propiedades confiscadas por los sandinistas.
Pero las conversaciones entre los representantes del gobierno y del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) en busca de un pacto para asegurar la estabilidad democrática continuarán la próxima semana, según anunciaron las dos partes.
"No hay que perder las esperanzas. Son las primeras escaramuzas, los primeros intercambios de disparos. Vamos a esperar resultados", dijo el presidente de la asamblea legislativa, Iván Escobar Fornos, miembro de la delegación gubernamental.
Los representantes del gobierno responsabilizaron implícitamente al FSLN de alentar y proteger la invasión de tierras en varias zonas del país para multiplicar los problemas de la administración del conservador Arnoldo Alemán.
También acusaron al sandinismo de "enriquecimiento ilícito", por adjudicarse cuando gobernaba el país (1979-1990) numerosas propiedades en las que ha instalado delegaciones departamentales y municipales.
Finalmente, el documento que el gobierno hizo público insta al FSLN a devolver las propiedades que ocupa o pagar por ellas a sus antiguos dueños.
"Sugerimos al FSLN a propiciar entre sus afiliados que no sean sujetos de reforma social la devolución de las propiedades ajenas que detentan, o en su defecto, hacer arreglos con los verdaderos propietarios para el pago de las mismas", añade la propuesta oficial.
La demana fue rechazada categóricamente por el negociador sandinista Bayardo Arce.
"Yo no devuelvo mi casa porque es mía, ni la dono porque es la única que tengo", señaló Arce refiriéndose a su vivienda, que es reclamada por Roberto Argüello, un banquero nicaragüense residente en Estados Unidos.
Ante la negativa sandinista, la delegación gubernamental amenazó llevar la cuestión al Poder Judicial.
"El deseo del gobierno es instaurar un estado de derecho, y esto implica obediencia por parte de gobernantes y gobernados", dijo Oscar Herdocia, abogado y miembro del equipo oficial de negociadores, que está encabezado por el vicepresidente Enrique Bolaños
Respecto de "los bienes habidos de forma ilícita", la decisión corresponderá "a los jueces", agregó.
El gobierno de Violeta Chamorro, instalado en 1990 y reemplazado en enero de este año por la administración de Alemán, no reconoció la legalidad de los títulos de 109 viviendas y de tierras distribuidas por los sandinistas.
Así mismo, está pendiente de revisión la situación de 2.202 viviendas, 933 predios urbanos y varias fincas ocupadas desde febrero de 1990.
Propietarios originales reclaman la devolución de 5.077 fincas, 4.251 viviendas y 1.499 lotes urbanos.
El gobierno se comprometió a legalizar los títulos de propiedad sujetos a reforma social. Es decir, se propone confirmar la cesión de propiedades a sectores pobres.
Pero los poseedores de bienes confiscados que sean excluidos de esa categoría deberán pagar por sus fincas o viviendas a quienes las autoridades considera los "dueños legítimos".
El gobierno se declaró dispuesto a perseguir judicialmente a quienes se nieguen a pagar, y Arce desestimó esa advertencia.
"Nadie impide a nadie recurrir a los tribunales, y el juez dirá si (los funcionarios del gobierno) tienen razón o no", dijo el dirigente sandinista.
Agregó que el sandinismo también podría presentar demandas ante el Poder Judicial "contra los somocistas o allegados al somocismo que se apropiaron" por la fuerza de propiedades, advirtió Arce.
El FSLN derrocó en 1979 a Anastasio Somoza, último representante de una dinastía que gobernó Nicaragua de modo dictatorial desde 1937.
En el centro de la polémica sobre las propiedades confiscadas por el sandinismo se encuentra la vivienda de Daniel Ortega, el líder del FSLN, que pertenecía a Jaime Morales Carazo, asesor presidencial y ex jefe de la campaña electoral de Alemán.
Morales asegura que la residencia, ocupada por Ortega desde el derrocamiento de Somoza, está valorada en más de un millón de dólares.
Por su parte, Ortega afirma haber comprado su casa al Banco Nacional, que mantenía títulos hipotecarios sobre ese bien.
Alemán declaró al comenzar el diálogo del gobierno con el FSLN que Ortega estaba dispuesto a devolver la residencia a Morales. Pero el líder sandinista ha dicho que la donará a los lisiados de guerra. (FIN/IPS/rf/ff/ip/97
