Mediadores del Congreso de México intentan sin éxito desatar los nudos que desde hace cinco meses mantienen en suspenso el diálogo en Chiapas.
Mientras el gobierno parece tomar con calma el paso del tiempo y el país mira a otros frentes, diversos sectores advierten que el conflicto empeora.
Relegado las últimas semanas a las páginas interiores de los diarios, ahora más ocupados de los escándalos de corrupción, el proceso hacia las elecciones de julio y las tensas relaciones con Washington, el tema Chiapas aparece atrapado entre posiciones distantes.
Según el obispo Samuel Ruiz, cabeza de la Comisión Nacional de Intermediación, existe el riesgo de que las elecciones y otras presuntas prioridades hagan "olvidarse de Chiapas", estado donde el constante aumento de tropas del Ejército Federal pone la situación en un estado de "¿qué va a pasar?".
El obispo coadjutor de la zona de conflicto, Raúl Vera, a quien el gobierno acusó este miércoles de "hacer juicios ligeros" por decir que son las autoridades las que no cumplen los acuerdos con la guerrilla, afirmó que la presencia militar en Chiapas aumentó la prostitución, el alcoholismo y el divisionismo.
Los contactos directos entre la guerrilla y el gobierno se interrumpieron en septiembre, cuando el grupo armado se retiró del diálogo argumentado que su contraparte no cumplía lo prometido, como transformar en ley un acuerdo sobre derechos y cultura indígena suscrito en febrero de 1996.
Las diferencias se profundizaron en enero, cuando el gobierno cuestionó el proyecto de ley preparado por los mediadores del Congreso sobre el tema indígena, cuyo contenido avaló previamente la guerrilla. Según el sector oficial, la norma busca crear pequeños estados nacionales autónomos.
Los mediadores del Legislativo intentan establecer un nuevo acercamiento entre las partes basado en preparar una nueva redacción del proyecto de ley indígena, objetivo que sin embargo no logran concretar.
Preocupada por la situación, la Iglesia Católica decidió esta semana integrar una comisión para visitar la zona del conflicto, donde las bases indígenas y las fuerzas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) permanecen rodeadas de militares.
Ruiz, polémico obispo al que sectores de hacendados califican de "rojo", afirmó que los recorridos de los soldados en la zona se repiten "ocho o 10 veces por día, apuntándole a la población y amenazando".
Mientras diversos sectores opinan sobre el tema, en las zonas indígenas de Chiapas grupos armados irregulares que dicen indentificarse con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), atacan a sus contrarios e incluso a organismos humanitarios que acuden a la zona.
"Para el EZLN está claro que el gobierno quiere la guerra como camino de solución, y que la sociedad civil qiuere la paz con justicia y dignidad como ruta y destino", señaló su líder, el subcomandante Marcos.
"Los zapatistas estamos listos, como antes y como siempre, para la guerra o la paz", agregó.
Políticos y grupos sociales de México, asi como intelectuales y diputados de varios países de Europa y América Latina enviaron las últimas semanas cartas al presidente Ernesto Zedillo exhortándolo a cumplir, al pie de la letra, los acuerdos sobre derechos indígenas firmados el año pasado.
El Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), uno de los brazos político-civiles del EZLN, afirma que las autoridades pretenden alargar el conflicto en Chiapas para desgastar a la guerrilla y evitar que influya en el mundo indígena y en los próximos comicios.
El 6 de julio,, cuando se renueve el Congreso y se elijan varios gobernadores, entre ellos por primera vez el de la capital, el PRI, en el poder desde hace más de medio siglo, podría sufrir una importante derrota, indican diversas encuestas.
Las tácticas oficiales de hostigamiento y la presencia de guardias armadas generan el riesgo de un enfrentamiento en Chiapas, advitió Javier Elorriaga, vocero del FZLN.
Portavoces oficiales han señalado en reiteradas ocasiones que no recurrirán a las armas para solucionar el conflicto en el estado sureño y que actuarán con paciencia en la búsqueda de la paz.
Sin embargo, grupos humanitarios sostienen que la creciente presencia militar en Chiapas parece decir lo contrario.
En los últimos dos meses miles de indígenas prozapatistas realizaron coloridas marchas en Chiapas para demandar al gobierno cumpla los compromisos de febrero de 1996, en tanto las instancias de seguimiento de los acuerdos no logran reunirse debido a la inasistencia de sus miembros. (FIN/IPS/dc/dg/ip/97)