La corrupción es el aceite que permite el funcionamiento de la sociedad mexicana, escribía hace más de una década el periodista y escritor de origen brasileño Alan Riding. El gobierno actual parece decidido a demostrar que esa tesis fue superada.
Con la unidad "desterraremos la absurda pretensión de que México es un país de criminalidad y corrupción", dijo este martes el presidente Ernesto Zedillo, tras señalar que se ha propuesto hacer el máximo esfuerzo para que impere la ley y se erradique la injusticia, la impunidad y la inseguridad.
Tarea difícil la del mandatario en un país cubierto por una avalancha de información sobre los nexos entre las mafias y sectores de poder, donde crece la delincuencia y los turistas son advertidos al llegar que se enfrentarán al "reino de las mordidas (sobornos)" y que deberán cuidarse hasta de la policía.
Horas después que Zedillo hablara de la corrupción, el procurador Jorge Madrazo anunció una profunda reestructuración del organismo que dirige, que las últimas semanas perdió el poco prestigio que conservaba al revelarse que pagó gratificaciones a testigos falsos y usó brujas en investigaciones.
El plan, el segundo de su tipo que realiza la administración de Zedillo desde que asumió a fines de 1994 y el tercero desde 1993, incluirá mayor rigor en el reclutamiento de personal, capacitación permanente, auditorías periódicas y mejoras en los sistemas de inteligencia.
"En este momento estamos viviendo la peor crisis de la procuración de justicia en el México moderno", reconoció Madrazo.
"Es evidente que la Procuraduría ha venido arrastrando de tiempo atrás serios problemas en su operación consistentes en corrupción, simulación e ineficiencia", agregó.
Explicó que la reestructuración ordenada por el gobierno de Zedillo y que tendrá como asesores a conocidos juristas busca frenar los alarmantes índices delictivos, así como las supuestas relaciones entre autoridades y mafias.
A juicio de Riding, quien escribió el libro "Vecinos distantes", que aborada las relaciones Estados Unidos-México, los esfuerzos por combatir la corrupción en el país latinoamericano no son más que vanos inentos por darle un sesgo "occidental" a una cultura de naturaleza distinta.
En los últimos años la delincuencia en México creció a un ritmo sin precedentes. Entre 1993 y 1996 el número de delitos se multiplicó 80 por ciento en la capital y alrededor de 92 por ciento en el resto del país.
Sólo en Ciudad de México el número de actos ilícitos denunciados aumentó entre 1930 y 1993 a un ritmo de 3,25 por ciento anual.
Entre 1993 y 1996 ese nivel de crecimiento fue casi siete veces mayor, pues se incrementó a 21,65 por ciento, indica un estudio de Rafael Ruiz, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De los 218.599 delitos cometidos en 1995, apenas 5.479 de los presuntos responsables fueron aprehendidos y presentados ante un juez. Es decir que 975 de cada mil delitos quedaron impunes.
Ruiz sostiene que en otros países cada policía detiene a cuatro presuntos delincuentes en el año. En México son 10 los policias que se requieren para atrapar a un delincuente por año.
El ex procurador Antonio Lozano aseguraba que 80 por ciento de los policías judiciales mexicanos están "contaminados" con la corrupción.
El nivel llega a tal punto, que según el Centro de Derechos Humanos Augustín Pro, cada día 150 asaltos en la capital son cometidos por policias.
"Al modo de los abcesos, póstulas o forúnculos, el pus de la impunidad y la corrupción se desparramó por todas partes llegada la infección al tejido mismo. En este caso el tejido es el Estado mexicano", sostiene el analista del diario La Jornada Mario Núñez.
Para Carlos Gutiérrez, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, "la industria del delito y el secuestro nos golpea. El agudizamiento de la inseguridad no sólo nos agravia, también afecta las bases mismas del Estado".
A raíz de los últimos casos de corrupción conocidos en México, como el involucramiento del máximo jefe antidrogas con poderosos narotraficantes, diputados pidieron una depuración a fondo en la policía y las Fuerzas Armadas y algunas autoridades estatales despidieron a decenas de agentes judiciales.
Organismos de derechos humanos piden cautela al momento de tratar de combatir la corrupción, pues con ese pretexto se podrían violar derechos laborales y cometer injusticias.
Además advierten que los policias despedidos, como los 300 del estado de Jalisco separados esta semana de sus cargos por el hecho de haber colaborado con el ex jefe antidrogas, son potenciales nuevos delincuentes. (FIN/IPS/dc/dg/ip/97
