El gobierno de Italia otorgará mayores derechos a los residentes extranjeros legales y aplicará al mismo tiempo penas durísimas a los traficantes de inmigrantes clandestinos, de acuerdo con un proyecto de ley cuyas líneas principales adelantó hoy la prensa.
El proyecto, destinado a reemplazar una ley de migración de 1982, se inspira en dos grandes principios: integración de los ciudadanos ajenos al área de la Unión Europea (UE) establecidos regularmente en el país, y castigos más fuertes para inmigrantes ilegales y, especialmente, para quienes trafican con ellos.
La iniciativa, que el Consejo de Ministros considera en secreto desde hace cuatro meses y aprobará el día 14, concede el derecho de voto en las elecciones municipales a los inmigrantes con seis años de radicación legal en Italia.
También les reconoce la igualdad de derechos para obtener viviendas populares de organismos del Estado y para la educación de sus hijos y de ellos mismos, en los centros de enseñanza para adultos.
Por otro lado, contempla la condena hasta 15 años de cárcel de los traficantes de seres humanos.
La iniciativa había sido reclamada por organizaciones de inmigrantes y otros grupos que, consultados por IPS, la consideraron positiva.
Loretta Capponi, presidenta de una de las principales organizaciones de la inmigración, destacó que el proyecto anunciado resolverá vacíos de la anterior ley y estará más de acuerdo con la historia de este país.
Italia, de 50 millones de habitantes, fue en los periodos posteriores a las dos guerras mundiales de este siglo una de las naciones europeas de mayor emigración. Se calcula que hay en el exterior 60 millones de personas de origen italiano, de las cuales cinco millones tienen pasaporte de este país.
Pero la corriente migratoria ha cambiado de sentido y se cuentan ahora 1,2 millones de inmigrantes legalmente establecidos, mientras los irregulares serían 500.000.
Debido a su frecuencia, la prensa ha pasado a segundo plano la información de la muerte en el mar de personas que intentan entrar clandestinamente en Italia a bordo de embarcaciones precarias.
Organizaciones delictivas introducen ilegalmente en el país a emigrantes de Europa oriental, de Africa y Asia, por el pago entre 1.000 y 1.500 dólares por personas.
Las tentativas naufragan a menudo en el mar, y en otros casos, los inmigrantes clandestinos son devueltos a su país de origen o explotados en el mundo de la prostitición.
Mario Marazziti, responsable de la comunidad católica Santo Egidio, de Roma, exigió que el castigo se reserve especialmente para quienes explotan o trafican con los inmigrantes.
El proyecto gubernamental, difundido por el diario La Repubblica, aumenta los controles migratorios y crea centros de custodia para evitar que los ilegales eludan la orden de expulsión.
Dentro de los ocho días posteriores a su arribo, el extranjero que no pertenezca a la UE deberá pedir uno de los cuatro permisos determinados en el proyecto.
El primero, de tres meses de duración, se concederá por negocios o turismo, el segundo, de seis o nueve meses, por trabajo temporal. El tercero, por un año, queda reservado a estudiantes, y el cuarto, por un plazo máximo de dos años, a personas con contrato de trabajo a tiempo indeterminado y a quienes lleguen a Italia por motivos familiares.
Una de las novedades importantes es que se facilia el trabajo temporal, realizado sobre todo por decenas de miles de africanos que arriban al país para participar en la recolección de cosechas.
Habra además una autorización especial, válida por cinco años, que se concederá al inmigrante ya radicado en el país al menos por seis años.
El ingreso de mano de obra extranjera será regulado por cuotas anuales determinadas en acuerdo con los países ajenos al área de la UE.
El proyecto también anuncia sanciones administrativas para los funcionarios públicos que discriminen a los extranjeros.
La expulsión del país operará en los casos de ingreso ilegal, por no haber solicitado el permiso de residencia o por vencimiento de esa autorización, y también se aplicará a los extranjeros culpables de delitos que determinan la detención preventiva del procesado.
También establece la expulsión en sustitución de la pena en caso de condena a un máximo de dos años.
Los expulsados podrán apelar, pero mientras se resuelve su caso, permanecerán internados en un centro de custodia por un máximo de 30 días.
El delito de tráfico de inmigrantes clandestinos tendrá un castigo de tres a 15 años de prisión, y la máxima condena se reserva para quienes recluten personas para la prostitución o a menores de edad para actividades ílicitas.
Una nueva norma compromete directamente a las compañías áreas y navales: si no controlan la documentación de sus pasajeros, pueden perder su licencia. (FIN/IPS/jp/ff/pr/97
