ISRAEL: Escándalo político pone en duda futuro de gobierno

Un pacto supuestamente ilegal para la designación del fiscal general de Israel a cambio del apoyo de un partido religioso a un acuerdo con los palestinos amenaza la carrera política del primer ministro Benyamin Netanyahu.

La policía interrogó la semana pasada a Netanyahu durante cuatro horas y ese hecho alimentó la hipótesis de un probable procesamiento del primer ministro. Como precaución, Netanyahu contrató a uno de los principales abogados penalistas del país.

No obstante, los expertos creen que la información disponible no basta para el procesamiento de Netanyahu, Y si la justicia no lo acusa, será difícil que el parlamento derribe al gobierno mediante el voto de censura.

De confirmarse los hechos denunciados, se asistiría al mayor escándalo político de la historia de Israel. Integrantes de la coalición de gobierno, y posiblemente también el primer ministro, habrían comprometido la integridad del sistema legal del país.

Según la televisión de Israel, el diputado Aryeh Deri, del Shas, prometió a Netanyahu el voto de los dos representantes de ese partido religioso en el gabinete al acuerdo firmado con los palestinos para la retirada parcial del ejército israelí de la ciudad cisjordana de Hebrón.

A cambio, el gobierno designaría fiscal general al abogado Roni Bar-On. Deri tiene causas judiciales pendientes desde 1993 por fraude y soborno, y Bar-On se habría comprometido a ofrecerle una solución favorable.

Bar-On fue efectivamente nombrado fiscal general el 10 de enero, pero renunció 12 horas después, al ser resistido por el Poder Judicial, que cuestionó su idoneidad profesional.

No obstante, los dos dirigentes del Shas en el gabinete de Netanyahu respaldaron el 16 de enero el acuerdo de Hebrón, que fue entonces aprobado.

La policía interrogó a unas 20 personas, entre las que se contaron el primer ministro, otros miembros del gabinete, abogados y periodistas, y cree disponer de suficiente evidencia para el procesamiento de "por lo menos" un funcionario, informó el diario Ha'aretz.

Tres ministros, uno de ellos perteneciente al Partido Likud, de Netanyahu, advirtieron que el gobierno deberá renunciar si la investigación policial diera lugar a la apertura de una causa judicial.

Netanyahu asegura desconocer todo pacto entre Bar-On y Deri. Y la televisión, cuya investigación periodística determinó a la policía a intervenir, aclaró que no encuentra implicancia del primer ministro.

Mientras, el abogado de Netanyahu, Dan Avi-Yitzhak, afirmó ante la prensa que "no hay ninguna posibilidad" de que el primer ministro sea llevado ante la justicia.

Expertos legales concuerdan con esa afirmación. Arguyen que Netanyahu no puede ser incriminado únicamente por refrendar un pacto político entre bastidores.

Sólo podría ser eventualmente acusado si hubiera conocido la supuesta complicidad entre Deri y Bar-On para la solución de las causas penales del diputado del Shas.

Pero si el primer ministro se limitó a designar a Bar-On a cambio de los votos del Shas para el acuerdo de Hebrón, sin tener otra participación en el caso, no cometió ningún hecho ilícito.

"Esos acuerdos políticos son cosa de todos los días. Debe determinarse si hubo conducta delictiva, y me sorprendería que Netanyahu fuera acusado penalmente", dijo Reuven Hazan, de la Universidad Hebrea, considerado un experto en la legislación electoral israelí.

De ser finalmente acusado, Netannyahu podría ser destituido por mayoría simple de la Knesset (parlamento), que está integrada por 120 diputados, y los votantes serían convocados a elegir nuevo primer ministro.

Pero sin mediar causa judicial, su destitución sería políticamente difícil. La vía abierta en ese caso a la Knesset para derribar al gobierno sería el voto de censura, que también requiere mayoría simple.

En esa alternativa, los diputados pondrían en riesgo sus escaños, ya que el voto de censura pone en marcha la organización de comicios, ya no sólo para elegir al reemplazante del primer ministro destituido, sino también para renovar la legislatura.

La legislatura podría evitar su disolución únicamente logrando una mayoría de 81 votos contra el primer ministro, y esa meta parece inalcanzable.

"El gobierno caerá si los partidos pequeños se unen a la oposición en apoyo de la moción de censura. Pero éstos sólo tomarán esa decisión si conviene a sus intereses políticos", observó Hazan. (FIN/IPS/tra-en/dho/rj/aq-ff/ip/96

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