La huelga indefinida decretada en Honduras por los 14.000 empleados de la Salud y las demandas para frenar el aumento del costo de la vida acosan al gobierno, que no cede alegando falta de recursos provenientes del exterior.
Las tres principales centrales sindicales del país anunciaron este jueves la realización de un paro general si el gobierno del presidente Carlos Reina no atiende sus demandas de congelamiento de precios, revisión salarial y la no liberalización de los combustibles y las tarifas de energía eléctrica.
Los sindicatos, que este miércoles reunieron a 6.000 personas en una marcha de protesta efectuada en las tres principales ciudades de Honduras, reclaman una rectificación de la política económica para prevenir un estallido social.
Felícito Avila, de la Central General de Trabajadores (CGT), de tendencia conservadora, amenazó con paralizar el país si el gobierno no da una respuesta concreta a las demandas.
A esta demanda se suma la de los empleados de la Salud, que exigen un incremento salarial de casi 18 millones de dólares. Para ello, paralizaron indefinidamente este jueves sus funciones en los 28 hospitales públicos y los más de 680 centros de salud a nivel nacional.
En los hospitales sólo se atienden casos de emergencia y los de Tegucigalpa se ven abarrotados de personas procedentes del interior en busca de asistencia médica.
Reina dijo que las demandas de los huelguistas abarca casi todo el presupuesto estatal destinado a aumentos salariales a los empleados públicos en general y, si el gobierno cede, caería en el error de incrementar la brecha fiscal.
El ministro de Finanzas, Juan Ferrera, dijo que la única posibilidad de acceder a las demandas es que vinieran recursos frescos del exterior.
"Pero eso depende la firma de un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), suspendido el año pasado porque faltamos a una serie de compromisos", manifestó.
Estos compromisos consisten en medidas para liberalizar el precio de los combustibles, acelerar la privatización de empresas públicas y la aprobación de reformas tributarias.
Sin embargo, todo apunta a que las negociaciones con el FMI podrían reanudarse en las próximas dos semanas, y el gobierno espera que si se concreta la firma de la carta de intención, los recursos lleguen y se pueda atender a las demandas populares.
Las demandas de los sindicatos se producen en un momento en que el país vive un clima electoral, ante las elecciones generales del 30 de noviembre. (FIN/IPS/tm/ag/ip/97
