Funcionarios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) consideran una propuesta a través de la cual los contratos de compras y servicios de los estados pasarían a ser parte del mercado mundial desregulado.
Esta iniciativa, que surgió de países industrializados, tendría grandes consecuencias en el mundo en desarrollo, donde buena parte de la economía se compone de gastos de gobiernos en la adquisición de bienes, pagos de servicios sociales y comerciales y grandes proyectos de construcción.
Bajo los sistemas vigentes, la contratación por parte de los estados de bienes y servicios, el análisis de las ofertas y el pago de proyectos son consideradas prerrogativas de los gobiernos nacionales sujetas a las leyes y procedimientos de cada país.
Esta situación está en revisión. La OMC está concretando la creación de un grupo de trabajo que examinará el modo en que los países que integran la organización contratan servicios y la adquisición de bienes.
La primera Conferencia de Ministros de Comercio de la OMC celebrada en Singapur en diciembre pasado resolvió la realización de un estudio sobre la "transparencia" de las prácticas de los gobiernos en la materia.
Estados Unidos, introductor original de la iniciativa, dejó claro que su propuesta es apenas un primer paso en el camino hacia la apertura total del "mercado" de contratos de los gobiernos a la participación de compañías extranjeras.
Con el respaldo de la Unión Europea (UE), Washington prevé que el grupo de trabajo elabore un acuerdo "interino" sobre transparencia que se concrete efectivamente con miras a un pacto total sobre prácticas de contratación de los gobiernos.
De ese modo, las compañías extranjeras serán tratadas como nacionales y tendrán las mismas oportunidades que éstas para competir por los contratos del sector público.
El plan fue presentado a los jefes de delegación de la OMC en Ginebra antes de la reunión de diciembre.
Tras las críticas iniciales de varios países en desarrollo, los ministros acordaron en Singapur la creación de "un grupo de trabajo para realizar un estudio en torno a las prácticas de contratación de los gobiernos para desarrollar un acuerdo adecuado".
Los países en desarrollo facilitaron un acuerdo sobre el texto de la declaración porque se refiere únicamente a la "transparencia" en las contrataciones.
En otras palabras, el compromiso consistía en convertir la contratación de bienes y servicios por parte de los gobiernos en una práctica más transparente (a través, por ejemplo, de un mayor flujo de información), pero sin incluir cambios en los actuales procedimientos.
Sin embargo, declaraciones posteriores de Washington y la UE dejaron en evidencia que, para ellos, el grupo de trabajo es solo un paso hacia la meta final de acordar reglas multilaterales que aseguren el acceso al multimillonario mercado de las contrataciones estatales en países en desarrollo.
"Este es el primer paso hacia un acuerdo sobre tranparencia en las contrataciones que reducirá la corrupción. La iniciativa ayudará a que la contratación con gobiernos extranjeros se produzca tras una competencia justa", dijo la representante comercial de Estados Unidos, Charlene Barshefsky.
"Europa está decidida a que el estudio sobre transparencia en los contratos de los gobiernos sea la base para un acuerdo amplio sobre no discriminación en esos procedimientos", dijo, por su parte, Leon Brittan, vicepresidente de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE.
Por lo tanto, en lo que refiere al mundo industrializado, la transparencia es solo un primer paso táctico para que los países en desarrollo reconozcan paulatinamente el tratamiento como nacionales las firmas extranjeras en las contrataciones de los gobiernos. (FIN/IPS/tra-en/mk/cpg/if/97
