El Congreso de los Diputados de España aprobó hoy por unanimidad un proyecto para prohibir la fabricación y venta de minas antipersonales y el gobierno se comprometió a impulsar un acuerdo internacional en ese mismo sentido.
Ana Navarro, portavoz de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, declaró que esa decisión es un triunfo de la sociedad civil, tras varios meses de intensa movilización ciudadana.
El Congreso aprobó una propuesta que, para ser efectiva, deberá ser regulada por el gobierno.
Al haber sido adoptada por unanimidad el Ejecutivo deberá efectuar la regulación que, según el texto, prohibirá "la fabricación, almacenamiento, comercialización y exportación" de las minas antipersonales.
El portavoz del gobernante Partido Popular (PP) para la Ayuda al Desarrollo, Pablo Izquierdo, informó que su grupo parlamentario está impulsando un acuerdo internacional en la Unión Europea para prohibir totalmente la fabricación, exportación y uso de ese tipo de armas.
De esta manera culmina una campaña iniciada en 1996 por la Cruz Roja y a la que se sumaron de inmediato todas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
España es uno de los 48 países que alberga en su territorio a algunos de los cien fabricantes de minas antipersonales existentes en el mundo.
Aunque no se conocen datos oficiales, la ONG Greenpeace calcula que en España existen aproximadamente medio millón de esas armas, siendo la empresa Explosivos Alaveses, ubicada en el País Vasco, la mayor productora y exportadora.
Esas minas son las armas más baratas, pero también las más dañinas para la población no combatiente.
Su precio de venta es de aproximadamente cuatro dólares, pero los organismos especializados señalan que para detectarlas y eliminarlas el costo es de 200 dólares cada una.
El costo se dispara a cifras siderales cuando se intentan calcular presupuestos para paliar o superar algunos de sus efectos devastadores en los seres humanos.
La Cruz Roja informó que existen más de 110 millones de minas antipersonales, distribuidas en 71 países, la mayoría de ellos del Sur, como Afganistán, Angola, Mozambique y Camboya.
En Bosnia se calcula que existen tres millones y otras tantas en Croacia. Cada mes, esas minas producen un promedio de 2.000 muertos, la mayoría de ellos civiles, en especial niños, atraídos por unos diseños atractivos con forma de mariposas o ranas.
Lo más grave, añade la Cruz Roja, es que este tipo de artefactos continúan activos hasta 25 años.
Además de mutilar y matar, las minas producen graves efectos sobre la economía de los países.
En Afganistán, por ejemplo, 78 por ciento de la tierra cultivable está inutilizada por campos de minas. En Camboya la baja de la producción de arroz por esa causa obligó a importarlo.
Ana Navarro puntualizó que la mayoría de las víctimas son personas no beligerantes, pobres, que dependen de la tierra para vivir y que son incapaces de escapar a un destino sangriento. (FIN/IPS/af/dg/ip-if/97
