Los partidos políticos democráticos y con amplia mayoría en el parlamento del País Vasco se reunirán este viernes en su capital, Vitoria, en la difícil tarea de evitar una guerra civil en esa región del norte de España.
Los atentados, secuestros y manifestaciones callejeras cargadas de violencia están arreciando en los últimos meses en el País Vasco, bajo el impulso de la organización ilegal Euzkadi ta Alkartasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad).
En lo que va de este año Eta mató a seis personas, más que en todo 1996, y mantiene secuestradas a otras dos, el funcionario de prisiones José María Ortega y al empresario Cosme Declaux, desde hace 13 y tres meses respectivamente.
La última víctima mortal fue un policía vasco. Declaux es un joven empresario también vasco y las manifestaciones callejeras enfrentan en las calles del mismo País Vasco a jóvenes con la policía autónoma vasca.
La policía depende por su parte de un gobierno encabezado por el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), que actúa en coalición con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Ante esa situación, el presidente del gobierno autónomo, José Antonio Ardanza, convocó para este viernes a la "Mesa de Ajuria Enea".
La Mesa de Ajuria Enea fue creada el 12 de enero de 1988, y agrupa a todos los partidos parlamentarios vascos, con la excepción de Herri Batasuna (HB, Unidad Popular), una coalición próxima a Eta que se negó a participar.
En la convocatoria, Ardanza señala que la violencia callejera en vez de ser una confrontación entre el pueblo vasco y el Estado español, como pregona Eta, "provoca la división, el odio y el enfrentamiento entre los vascos".
El presidente vasco admite que hay diferencias entre los convocados, ya que unos apoyan el diálogo con Eta y otros lo rechazan mientras no cese la violencia.
No obstante, se pronuncia por buscar un proceso que lleve "a ese arreglo razonable y democrático que, mediante el diálogo, sea capaz de superar la actual situación de violencia".
El Pacto de Ajuria Enea, sobre el que se sustenta la mesa convocada, establece un apoyo al final dialogado de la violencia entre el Estado y "quienes decidan abandonar la violencia".
En la situación actual, el diálogo o negociación del gobierno español con Eta no tiene visas de prosperar. El gobernante Partido Popular (PP) se niega a cualquier diálogo mientras Eta mantenga a personas secuestradas en su poder y prosiga realizando atentados.
El PSOE, la principal fuerza de oposición, también sostiene que "no habrá proceso de diálogo final sin que haya muestras inequívocas de que cesa la violencia y el terrorismo".
Pero en la Mesa de Ajuria Enea el PNV, la coalición Izquierda Unida (IU, basada en el Partido Comunista) y Eusko Alkartasuna (EA, escisión socialdemócrata del PNV), abogan por iniciar el diálogo e, incluso, quieren que las votaciones reemplacen al consenso en ese organismo.
El PP ha respondido que la Mesa debe seguir adoptando resoluciones por unanimidad, ya que las votaciones se deben realizar en el Parlamento.
En esas condiciones, es prácticamente imposible que la Mesa pueda apoyar una negociación antes de que Eta decrete con claridad una tregua y libere a los dos secuestrados.
La posición del gobierno encabezado por el centroderechista Aznar se mantendrá firme en que no se negociará mientras persista la violencia, en especial después de conocer las declaraciones de Joseba Egibar, portavoz del PNV.
Egibar dice que "el Estado (español) tiene un asunto no resuelto, el hecho diferencial vasco".
Y por si hubiera dudas de que se refiere al derecho a la autodeterminación, añade que "ha llegado la hora de superar el examen de democracia, veamos quién está dispuesto a respetar lo que la ciudadanía vasca pueda decidir".
Mientras, se ha realizado otra propuesta de diálogo. Ante la decisión del PNV, EA e IU de enviar a sus parlamentarios a entrevistarse con los presos de Eta, respondiendo a una petición de éstos, el secretario general de los socialistas vascos, Ramón Jáuregui, hizo una contraoferta.
Sería mejor, dijo Jáuregui, que los presos se dirigieran a Eta para pedir la libertad de Ortega. Si lo hicieran así, añadió, sin duda contribuirán a favorecer sus pretensiones y ayudarían también a los partidos políticos democráticos. (FIN/IPS/td/jc/ip/97
