La situación de la frontera entre Honduras y El Salvador, delimitada hace cinco años, sigue siendo un eterno problema para la diplomacia de ambos países centroamericanos, ante los brotes de tensión en la zona.
Pobladores salvadoreños acantonados en los nuevos territorios adjudicados a Honduras, sitiaron el día 21 un sector de la frontera, en protesta porque no se les deja sacar ilegalmente unos 16 camiones con maderas preciosas.
La madera fue cortada ilegalmente, según las autoridades hondureñas, y los pobladores se resisten a pagar los impuestos y cumplir los reglamentos que en esa materia establece la ley forestal del país.
El hecho se produjo en la región fronteriza de Pasamonos, en el central departamento de La Paz, a 180 kilómetros de la Tegucigalpa, que forma parte de las nuevas tierras adjudicadas a Honduras en 1992, luego de un fallo limítrofe internacional.
En esa región, donde habitan unos 2.000 de los 10.000 salvadoreños que quedaron del lado hondureño, sus habitantes se armaron de machetes, palos y piedras para exigir que les permitan sacar la madera que posteriormente comercializan en San Salvador.
Asimismo, presentaron un planteamiento de nueve puntos vinculados a cuestiones sociales, de legalidad y tenencia de la tierra, que refleja su rechazo a acatar la sentencia emitida por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya.
Los habitantes de Pasamonos, en su mayoría simpatizantes y militantes de la ex guerrilla salvadoreña, encendieron fogatas y proclamaron consignas frente al retén de militares hondureños.
Estas acciones provocaron la movilización a la zona de delegados de los gobiernos de Honduras y El Salvador, a fin de aplacar los ánimos, iniciar negociaciones y evitar un choque armado.
El presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol, dijo que su país no está interesado en generar una tensión fronteriza con Honduras, porque los problemas sociales derivados del fallo están siendo discutidos por una Comisión Binacional.
Calderón ordenó al jefe de la policía civil salvadoreña, Rodrigo Avila, que fuera a la zona de conflicto y elevara un informe sobre la situación existente.
A su vez, el gobierno de Honduras destacó a una delegación de la Comisión de Fronteras para reforzar las acciones que efectúa en el lugar el Comisionado Nacional para los Sectores Fronterizos, Abraham García Turcios.
Según informó la prensa hondureña desde Pasamonos, los salvadoreños que residen en la zona no aceptan la situación de los nuevos territorios de Honduras y quieren seguir viviendo como lo hacían antes del fallo limítrofe.
En este sentido, el director de la policía civil de El Salvador dijo a sus compatriotas que la frontera había sido delimitada y "tienen que respetar lo que digan las leyes hondureñas".
"Estas ya no son tierras de nadie y ustedes tienen que cumplir las leyes hondureñas nos gusten o no, así como los hondureños asentados en territorio salvadoreño tienen que cumplir nuestras leyes", dijo Avila.
El vicecanciller hondureño, Roberto Arita, afirmó el día 25 que tras las conversaciones sostenidas el fin de semana anterior con los pobladores en conflicto, la situación está "prácticamente controlada".
"No hay por qué preocuparse por un eventual incidente en la frontera. Los pobladores salvadoreños deben respetar nuestras leyes y hemos sido claros en que no permitiremos el saqueo de nuestra madera", manifestó Arita.
A su juicio, antes de delimitarse la frontera entre ambos países, los salvadoreños que quedaron del lado de Honduras estaban acostumbrados a traficar con la madera porque no había autoridad ni se había emitido la sentencia.
"Pero ahora todo es diferente, y ellos están llegando al convencimiento que ahora están en suelo hondureño. Además, tanto Honduras como El Salvador somos conscientes de no querer una nueva guerra, sino solucionar los problemas por la vía del diálogo", puntualizó.
Honduras y El Salvador sostuvieron en 1969 una corta guerra de 100 horas por problemas limítrofes que fueron resueltos hace cinco años, cuando se otorgó a Honduras 316 kilómetros de los 419 en disputa.
A mediados de este mes, las cancillerías de ambos países acordaron presentar a sus gobiernos una especie de protocolo para ser ratificado en los parlamentos y solucionar así los problemas sociales derivados del fallo. (FIN/IPS/tm/ag/ip/97
