En una acción sin precedentes, grupos de derechos humanos de Estados Unidos demandaron a la Casa Blanca que retire la sanción a un miembro de la CIA que expuso los vínculos de la agencia con el régimen militar en Guatemala.
"Apelamos a Usted para que utilice su influencia con el presidente (Bill) Clinton para retirar la injusta decisión (del ex director de la CIA John) Deutch", solicitaron en una carta al asesor de Seguridad Nacional y director de la CIA, Anthony Lake.
Los ocho grupos incluyen a Human Rights Watch, Amnistía Internacional EEUU, el Comité de Abogados por los Derechos Humanos, y el Grupo de Leyes Derechos Humanos Internacionales, cuatro de los más influyentes en su área en Washington.
En la carta, enviada a Clinton este viernes, se refieren a la decisión de Deutch tomada en diciembre para separar del cargo durante un año a Richard Nuccio, alto funcionario del Departamento de Estado.
La medida fue tomada como castigo a Nuccio por informar a un miembro de un comité de inteligencia del Congreso que un militar guatemalteco que había participado en el asesinato de un ciudadano estadounidense y un líder guerrillero, era un informante a sueldo de la CIA.
Antes de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Nuccio se había desempeñado a las órdenes de Lake en el Consejo de Seguridad Nacional.
El legislador, el senador Roberto Torricelli, hizo pública la información, acusando a la CIA de no informar al Congreso y de emplear a los peores violadores de los derechos humanos en América Latina.
El escándalo y las investigaciones subsiguientes resultaron en el castigo impuesto por Deutch a más de media docena de espías retirados y en funciones. El Departamento de Justicia fue encargado de determinar si se violaron o no las leyes.
Además, el escándalo estimuló nuevas revelaciones, como el respaldo de la CIA a un batallón militar en Honduras acusado de secuestro, tortura y desapariciones durante los años '80, e investigaciones independientes.
Esta semana, en un hecho avergonzante para la CIA, el dario "Baltimore Sun" informó que había obtenido un manual de la CIA de 1983 usado al menos en cinco países latinoamericanos, en el cual se aprueba el uso de la tortura piscológica, mediante métodos "coercitivos" de obtener información.
Antes de que el manual fuera revisado en 1985 para incluir una desaprobación explícita de la tortura psicológica, recomendaba el uso de métodos para inducir "debilidad", "dependencia" y "miedo" en las personas.
Todos los métodos fueron utilizados frecuentemente en El Salvador, Honduras y Guatemala, según testimonios de sobrevivientes.
Este tipo de revelaciones fueron un duro golpe para la imagen de la CIA, la cual, según fuentes, lanzó una silenciosa guerra contra otras agencias, en especial el Departamento de Estado, que han se han abocado a una política más abierta y menos secreta.
El entonces secretario de Estado, Warren Christopher, se negó a disciplinar a Nuccio, pero fue desautorizado por Deutch. Hasta ahora, la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional se negaron a involucrarse.
Irónicamente, Nuccio, ex académico con reputación de ser cauteloso, nunca intentó que la información fuera revelada al público, y creía que Torricelli, como miembro del Consejo de Inteligencia, estaba autorizado para recibir información sobre las conexiones de la CIA con Guatemala.
Según Peter Kornbluh, investigador del Archivo de Seguridad Nacional, la sanción contra Nuccio no tiene precedentes. "No hay ejemplos conocidos de que un miembro del Poder Ejecutivo sea investigado y castigado por compartir información con el Congreso", dijo.
Kornbluh y otros están especialmente molestos por la forma en que la CIA hizo uso de su autoridad en el caso. Bajo una ley conocida como Ley LaFollette, a los trabajadores del gobierno que deseen brindar información al Congreso "no se les debe poner trabas".
La ley es explícitamente reconocida en la forma "Acuerdo de Secreto/No Revelación", firmada por Nuccio cuando comenzó a trabajar para el Departamento de Estado.
Pero, al anunciar su decisión de sancionar a Nuccio, Deutch declaró que la Ley LaFollette era inconstitucional. En este juicio, se basó en una opinión del Departamento de Justicia que aún no fue respaldada por una corte federal.
Holly Burkhalter, directora en Washington de Human Rights Watch, afirma que "el hecho de que el directorio civil del Departamento de Estado decidiera no castigar a Nuccio, no obstante lo cual la CIA desautorizó esa decisión, crea un precendente terrible".
La carta plantea un argumento adicional. Apelando a la revocación de la Casa Blanca, los grupos alegan que "el no hacerlo enviará una fuerte y desafortunada señal de que la CIA puede tomar ny tomará represalias contra quienes expongan sus actividades ilegales, y que este gobierno no hará nada por protegerlos".
"La injusticia de esta decisión es particularmente perturbadora, porque varios en la comunidad de defensa de los derechos humanos criticamos a Nuccio por no entregar la información (…) que creíamos podría estar en posesión del gobierno", señalaron los grupos. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/lp/ip-hd/97
