El gobierno del presidente Bill Clinton considera que la Organización Mundial del Comercio (OMC) no es competente para decidir si una ley estadounidense destinada a desalentar la inversión extranjera en Cuba viola las leyes internacionales.
La OMC, que designó este jueves un tribunal de tres miembros para expedirse sobre el caso, "no es un foro apropiado para resolver diferencias sobre lo que es esencialmente un desacuerdo sobre nuestra política exterior", declaró el subsecretario de Comercio, Stuart Eisenstat.
Otros altos funcionarios anticiparon que Washington ignorará al tribunal, que previsiblemente emitirá su fallo en un plazo de seis meses.
Mientras, algunos miembros del gobierno manifestaron su esperanza de alcanzar un acuerdo con la Unión Europea (UE) antes de que el tribunal complete su tarea.
Están en juego disposiciones clave de la ley Helms-Burton, cuyo alcance extraterritorial sobre empresas e individuos extranjeros que invierten en bienes comerciales confiscados a estadounidenses en Cuba ha provocado la ira y represalias de los más estrechos aliados de Washington, incluidos miembros de la UE.
Pero la negativa de Washington a aceptar la jurisdicción de la OMC en el caso también amenaza el poder y la autoridad de la organización, constituida hace dos años con fuerte respaldo de Estados Unidos, precisamente para fortalecer sus propios acuerdos comerciales internacionales.
"El estrangulamiento económico de Cuba por parte de Estados Unidos… amenaza ahora con volver cabeza abajo un sistema internacional cuidadosamente construido para la resolución de disputas comerciales", dice un editorial publicado esta semana por el diario The New York Times.
Según lo planteó Eisenstat, el principal portavoz de Washington sobre asuntos relacionados con la ley Helms-Burton, la disputa entre Estados Unidos y la UE se enmarca en la llamada excepción de "seguridad nacional" a las normas negociadas internacionalmente que constituyen la base de la OMC.
"La OMC fue establecida para manejar los vínculos comerciales entre los estados miembros, y no relaciones diplomáticas o de seguridad que puedan tener efectos secundarios en el área del comercio o la inversión", observó Charlene Barshefsky, representante comercial de Estados Unidos.
La defensa de la seguridad nacional es algo que cada gobierno debe definir por sí mismo, "y ningún tribunal tiene competencia para juzgarla", declaró Eisenstat.
Por otra parte, la UE destacó que ningún país tiene derecho a alegar un asunto de seguridad nacional para evitar las normas de la OMC. Por el contrario, debe exponer sus razones ante el tribunal, cuya decisión será obligatoria, según Leon Brittan, comisario de Comercio del bloque europeo.
"Si los países pueden simplemente decir que esta o aquella ley está motivada en la defensa de la seguridad nacional más que en intereses comerciales y así bloquear un proceso, la OMC encontrará dificultades para establecerse como un foro creíble", advirtió un diplomático occidental en Washington. (FIN/IPS/tra- en/jl/yjc/ml/ip-if/97
