El parlamento de Ecuador comenzó hoy a tratar la posible destitución del presidente Abdalá Bucaram, mientras las protestas callejeras disminuyeron de intensidad.
El inicio del debate parlamentario centró la atención pública, opacando la segunda jornada del paro general de 48 horas dispuesto por centenas de organizaciones sociales.
Las movilizaciones de esta semana en todo el país para exigir la destitución de Bucaram fueron consideradas por diversos analistas como las más importantes en la historia de Ecuador.
El clima de relativa tranquilidad que se vivió en las calles, a pesar de las manifestaciones de rechazo de unos tres millones de ecuatorianos, contrastó con la guerra de declaraciones entre Bucaram, la vicepresidenta Rosalía Arteaga y el presidente del parlamento Fabián Alarcón.
Arteaga inició la ronda al recordar que en caso de que el presidente llegase a faltar, parcial o definitivamente, ella estaría en condiciones de asumir las funciones del Ejecutivo "por mandato constitucional y popular".
Según la vicepresidenta, quien en reiteradas oportunidades ha manifestado su oposición al gobierno que ella misma conforma, Alarcón busca perpetrar "un golpe de Estado" al declarar vacante la presidencia e ignorar los atributos de la vicepresidenta.
Arteaga puso de manifiesto un vacío de la Constitución, que no determina quién debe sustituir al primer mandatario en caso de ausencia parcial o total.
Según Alberto Wray, ministro de la Corte Suprema de Justicia, este vacío se presta para un sinnúmero de interpretaciones constitucionales y dejaría al Congreso la facultad de elegir al gobierno de transición.
Alarcón, por su parte, manifestó que iniciará un juicio penal contra la vicepresidenta "como a cualquier otro ciudadano que injuria y calumnia a otro ciudadano".
De acuerdo al presidente del parlamento, el secretario particular de Bucaram le anunció que existía una orden de prisión en su contra, dictada por el jefe de Estado, por el delito de sedición a la patria.
"El Congreso nacional tomará libremente sus decisiones en apego al sistema democrático y no admitirá injerencias del Ejecutivo", arguyó Alarcón.
Representantes de las organizaciones sociales y políticas que encabezan la protesta entregaron a Alarcón un documento en el que exigen la destitución del presidente por medio de los mecanismos constitucionales y solicitan el nombramiento de un gobierno de transición hasta que se convoque a nuevos comicios.
"Cuatro políticos en el Congreso quieran ganar ahora lo que perdieron en las urnas aprovechándose de las expresiones populares", respondió Bucaram.
