Poco cambió en el escenario político y económico de Ecuador tras la destitución de Abdalá Bucaram de la Presidencia, pues el gobierno provisional de Fabián Alarcón continuará con las medidas de ajuste y el reparto de cuotas.
El gobierno anunció este viernes que algunas de las medidas económicos impulsadas por Bucaram tendrán que entrar en vigencia, como el aumento de las tarifas de electricidad y la eliminación de exenciones del impuesto al valor agregado.
El gas licuado de uso doméstico finalmente aumentará 100 por ciento, en lugar de 300 por ciento como planteó en principio Bucaram.
Según Alarcón, estos ajustes son necesarios pues el país enfrenta un déficit fiscal que equivale a 6,5 por ciento del producto interno bruto, lo que impide la inversión del Estado en el área social.
"El paquete de medidas económicas que adoptó la administración de Bucaram, fue el detonante de la crisis institucional que vivió el país" en los primeros días de febrero, consideró Nina Pacari, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales.
Un paro nacional de 48 horas, encabezado por las principales organizaciones sociales, laborales, políticas y empresariales de Ecuador, que se oponían al modelo económico de Bucaram, la corrupción de su gobierno y el nepotismo, derivó en la destitución del mandatario por el parlamento el 6 de febrero.
La marcha del 5 de febrero fue considerada la más grande realizada en este país andino, ya que unos tres millones de los 12 millones de habitantes, salieron a las calles a manifestar su rechazo al gobierno de Bucaram
"El pueblo se pronunció por la derogación de las medidas de ajuste y no por su transformación o maquillaje", dijo Pacari y advirtió que la aplicación de la propuesta de Alarcón "sería un atentado contra el mandato popular".
El Congreso unicameral ecuatoriano resolvió por mayoría declarar a Bucaram incapacitado mentalmente para ejercer su cargo y su destitución provocó una pugna por sucesión entre Alarcón, presidente del parlamento, la vicepresidenta Rosalía Arteaga.
Cinco días después, Alarcón fue designado presidente interino, hasta el 10 de agosto de 1998, figura jurídica que no está contemplada en la Constitución.
Juristas y analistas señalaron que la medida del Congreso constituyó técnicamente un golpe de Estado, pues violó la Constitución, aunque contó con el apoyo masivo de la población.
El gobierno provisional anunció que archivará el plan de libre convertibilidad de la moneda propuesto por Bucaram, basado en el modelo argentino, y en su lugar entrará en vigencia un sistema de subasta de dólares, que ajustará el precio de la divisa de acuerdo a la demanda de los bancos privados.
Pero las organizaciones sociales manifestaron su rechazo a las medidas del nuevo gobierno.
"Bucaram no inventó la corrupción, ni la negociación política, sólo utilizó los vicios del poder, que son utilizados ahora por el nuevo gobierno", dijo a IPS José María Cabascango, ex presidente de la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.
Iván Noriega, otro miembro de la Coordinadora de los Movimientos Sociales, integrada por unas 300 organizaciones sociales de todo el país, dijo que su participación "en el diseño del plan económico, es nula"
"Los principales partidos políticos que promovieron la destitución de Bucaram, ahora se reparten el poder sin tomar en cuenta el papel que desempeñó la sociedad civil", consideró Napoleón Saltos, del bloque parlamentario indígena.
"Nosotros propusimos a destacados ciudadanos para ocupar cargos públicos, pero valió más el compromiso y el negociado, que los grandes intereses del país", concluyó. (FIN/IPS/mg/ag/ip/97
