Las compañías petroleras que deseen operar en la región amazónica de Ecuador deberán negociar directamente con comunidades indígenas que habitan en esa zona, según acuerdos alcanzados por el pueblo achuar con una empresa argentina.
Los achuar decidieron aplicar un peculiar sistema de justicia contra las petroleras que actúan en su territorio.
La semana pasada secuestraron a cinco técnicos de la firma estadounidense Walsh, contratada por la Compañía General de Combustibles San Jorge (CGC), de Argentina, para realizar estudios sobre el impacto ambiental en la etapa sísmica de una exploración, y exigieron una indemnización para su liberación.
Esta acción fue considerada por los indígenas como un acto de justicia, pues los expertos habrían incursionado sin permiso y bajo engaños a su territorio.
"Nos dijeron que eran turistas y que querían realizar un estudio para que las petroleras ya no entren a nuestro territorio", señaló este lunes Santiago Kawarim, presidente de la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador.
"Actuamos en apega a los principios que se establecieron en la convención indígena de enero", en la que "se acodó prohibir el ingreso de personas extrañas a nuestro territorio", pues "es la única manera de defender a nuestro medio ambiente y el derecho ancestral que tenemos sobre él", indicó.
En el transcurso de la semana, los indígenas dejaron en libertad a dos de los técnicos pero se negaron a soltar a los otros tres hasta que sus exigencias fueran atendidas.
Demandaron dos millones de dólares como indemnización y la entrega de los estudios ambientales y antropológicos realizados por los expertos.
Los achuar no lograron conseguir el millonario rescate, pero sí el material de investigación y un compromiso con la petrolera de conversar antes de que inicie cualquier tipo de trabajo territorio, indicó Kawarim.
Los estudios sísmicos se realizan antes de la perforación de los pozos y se efectúan mediante explosiones subterráneas que provocan severos daños al medio ambiente, dijo a IPS Pablo Ortiz, consultor del programa Bosques, Arboles y Comunidades Rurales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.
Según el argentino Ricardo Nicolás, coordinador de la CGC, las exigencias de los achuar eran una simple "extorsión", pues los estudios que realizaba Walsh no representaban ningún daño para el medio ambiente ni para las comunidades indígenas.
No obstante, firmó un acuerdo con las comunidades para que tengan total conocimiento sobre los trabajos que realizará la petrolera. Asimismo, la CGC financió los gastos de movilización de los dirigentes indígenas que se habían reunido en la pequeña población de Shaime.
Los trabajos de exploración quedaron suspendidos hasta que se realice una reunión entre los empresarios y la dirigencia indígena.
"No podemos hablar de un secuestro, se trató más bien de una retención ilegal", comentó Marco Hinojosa, comandante general de la policía ecuatoriana, quien había ofrecido mediar en la situación.
En la región amazónica habitan siete de las 10 nacionalidades indígenas de Ecuador: achuar, cofane, huaorani, quichua, secoya, shuar y shion.
"Todos estos pueblos han sufrido la penetración en su territorio desde hace siglos, por la riqueza de la Amazonoa. Primero de los buscadores de oro, luego de las empresas madereras y por último de los consorcios petroleros", comentó Ortiz, autor de estudios sobre conflictos ambientales en esa región.
"La lucha histórica de estos pueblos siempre ha sido por el derecho a su territorialidad", destacó.
Un importante antecedente sobre el conflicto entre los indígenas y las petroleras en la región amazónica fue el juicio penal que 112 comunidades indígenas presentaron en Estados Unidos contra la compañía Texaco, en noviembre de 1993, y que fue declarado nulo a finales de 1996.
Los indígenas exigían una indemnización por daños ambientales y sociales de ocho millones de dólares y la reparación de los desastres provocados por la compañía durante 25 años de explotación petrolera.
Los 30.000 indígenas de las comunidades demandantes, aún esperan una contestación de la corte estadounidense a su petición de reabrir el proceso.
"Estamos decididos a hacer valer nuestros derechos", dijo Kawarim. (FIN/IPS/mg/dg/ip-pr/97
