Las denuncias contra ex presidente Abdalá Bucaram por peculado, cohecho e enriqucimiento ilícito aumentan tras la superación de la crisis institucional provocada por la decisión del parlamento de apartarlo de su cargo.
Bucaram emprendió una gira por América Latina junto a su hijo mayor, Jacobo, para difundir su versión de los hechos, que en su opinión configuraron un golpe de Estado, y buscar apoyo para recuperar la presidencia.
Pero su presencia en Ecuador será necesaria en caso de que la justicia resuelva procesarlo. Si no volviera, sería declarado prófugo.
Las denuncias contra Bucaram, destituido el día 6, proceden "de todos los sectores de la administración pública, y el nuevo gobierno deberá atenderlas, pues esa es la exigencia la sociedad en su conjunto", señaló este viernes Iván Narváez, del Frente Popular, una federación de 300 organizaciones sociales.
"No tendremos límites para combatir la corrupción, dentro de las normas legales y constitucionales", dijo Fabián Alarcón, presidente interino desde el martes, por decisión del Congreso.
El nuevo ministro de Gobierno, César Verduga, anunció para dentro de 10 días un informe completo sobre la situación de la administración pública.
"Por lo pronto, podemos adelantar que es asombroso el nivel de corrupción alcanzado por el gobierno de Bucaram en sólo seis meses de gestión", dijo Verduga.
Según el ministro, grupos "mafiosos" se disputaban el control de las aduanas, cuya situación es ejemplo de lo que sucede en otras ramas de la administración pública.
Las irregularidades en las aduanas fueron señaladas incluso por el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Leslie Alexander, antes de que el Congreso declarase vacante la presidencia por encontrar a Bucaram "incapacitado mentalmente" para hacerse cargo de sus responsabilidades.
Varios analistas opinaron que la resolución del parlamento unicameral, apoyada masivamente por la población, fue "técnicamente" un golpe de Estado.
Amplios sectores sociales se movilizaron para exigir la destitución de Bucaram. Las marchas de protesta se prolongaron por cuatro semanas y concluyeron con una huelga nacional de 48 horas.
Alarcón declaró el miércoles en emergencia a las aduanas, que fueron puestas bajo control de las Fuerzas Armadas mientras se realiza una fiscalización.
Según Alexander, su embajada recibió varias denuncias de ciudadanos estadounidenses a quienes se cobraba una cuota especial para que su cargamento pudiese ser introducido en el país.
El hijo de Bucaram, Jacobo, estaba al frente de la aduana de la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra el principal puerto del país.
El ministro Verduga informó que también se investiga la "desaparición" de 18 millones de dólares, que habrían sido utilizados para "comprar los votos de diputados" y evitar la destitución de Bucaram.
El penalista Andrade Lara afirmó que esas denuncias bastan para acusar formalmente al ex presidente ante la justicia por peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. (FIN/IPS/mg/ff/ip/97
