La elaboración de un método para controlar el cumplimiento de las metas acordadas por las "cumbres sociales" llevadas a cabo por Naciones Unidas fue propuesta por "Control Ciudadano", una organización no gubernamental (ONG) creada para tal fin.
"Control Ciudadano" nació tras la Cumbre de Desarrollo Social que tuvo lugar en Copenhague en marzo de 1995 y de la Conferencia Internacional de la Mujer realizada en Beijing en septiembre del mismo año, y se nutre del aporte de ONG de países americanos, asiáticos, africanos y europeos.
La asociación se propone controlar el cumplimiento de las resoluciones de ambos encuentros, que comprometieron a los gobiernos de los países signatarios en programas de combate a la pobreza, el desempleo y la discriminación de género y en favor de la integración de los sectores marginalizados.
Las resoluciones carecen de carácter obligatorio pero constituyen "compromisos políticos solemnes" que los distintos gobiernos asumieron como metas.
"Control Ciudadano" elaboró una metodología con el fin de que la propia sociedad civil pueda controlar el cumplimiento de esos compromisos.
El "Indice de Compromisos Cumplidos" (ICC) consta en ese sentido, según precisa la asociación, de "medidas cuantitativas y cualitativas" de diversa índole.
Una primera dimensión, llamada "Distancia a metas", está destinada a bindar información sobre el grado en que cada país se acerca o se aleja de los objetivos fijados en las cumbres de Copenhague y Beijing.
En función de ello, se tienen en cuenta variables a escala nacional en materia de salud (esperanza de vida al nacer, tasas de mortalidad infantil y materna, de acceso a los servicios públicos), de vivienda y sanidad, de nutrición, de educación.
También se manejan datos en cuanto a pobreza y desarrollo (relación entre el 20 por ciento más pobre y el 20 por ciento más rico) y en lo relativo a la condición de la mujer.
Con esas informaciones, se estaría en condiciones de evaluar en qué medida cada gobierno signatario cumplió, por ejemplo, los 13 objetivos de las cumbres de Copenhague y Beijing.
Entre esas metas destacan el acceso universal a la enseñanza básica y secundaria para 80 por ciento de los niños en edad escolar, que la esperanza de vida esté por encima de los 60 años, y lograr un nivel de salud que permita a todos los habitantes del planeta tener una vida productiva.
Todos esos objetivos deben ser alcanzados en el 2000, al igual que la reducción de la mortalidad infantil a la mitad de la existente en 1990, y otra vez a la mitad en el 2015, año en que también deberían estar universalmente disponibles servicios de salud reproductiva.
Reducir hacia el 2000 la mortalidad y morbilidad infantil en 20 por ciento respecto a los niveles de 1995, la tasa de analfabetismo a la mitad de la existente en 1990 y mejorar la disponibilidad de viviendas económicas son otras de las metas fijadas.
La segunda dimensión del ICC, denominada "Voluntad política", apunta a establecer el nivel en que cada gobierno está dispuesto a enfrentar los problemas del desarrollo social.
En ese aspecto, se tienen en cuenta indicadores como los programas específicos adoptados, el gasto social de cada Estado, la asistencia al desarrollo para el caso de los países industrializados, el grado de involucramiento de la sociedad civil.
De habérsela evaluado con este instrumento, la acción de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por ejemplo, hubiera recibido una calificación nula.
En un aparte de su informe de 1996, al que tuvo acceso en exclusiva IPS en Montevideo, "Control Ciudadano" establece que ese organismo internacional "no ha cumplido con lo que los jefes de Estado le solicitaron" en Copenhague.
"No se reclamó de la OMC que cambiara o ajustara sus políticas, o que coordinara sus acciones con las de las Naciones Unidas", sino simplemente que "estudiara los impactos sociales de la liberalización del comercio, en especial en los países menos desarrollados", señala el documento.
Pero ni siquiera eso hizo el organismo, "ni lo hará", porque, según alegó su Secretariado, la OMC "sólo puede hacer lo que las partes" (sus Estados miembros) le piden.
Y nada le pidieron, pese a haber tenido oportunidad de hacerlo, por ejemplo durante una reunión de ministros de Comercio (la primera a ese nivel de la OMC, surgida tras la desaparición del GATT) realizada en Singapur en 1996.
"La OMC no se ha enterado de que existieron las cumbres", concluye "Control Ciudadano", pese a que la Ronda Uruguay del GATT y los efectos superlativos sobre la pobreza de la liberalización del comercio mundial son mencionados en varias oportunidades en las declaraciones de Copenhague y Beijing.
En ese plano, el sacerdote Luis Pérez Aguirre, del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay y ex síndico de derechos humanos en Naciones Unidas, considera que pese a la celebración de los encuentros mundiales de Dinamarca y China, la pobreza no ha hecho más que aumentar.
"Se fue el año y se quedó la pobreza", titula Pérez Aguirre su prefacio al documento.
"Control Ciudadano" "ha consolidado una red de ONG comprometida a seguir de cerca estos temas", apunta a su vez Roberto Bissio, del Instituto del Tercer Mundo.
Es así que continuará promoviendo los mecanismos de control de la sociedad civil y realizando informes hasta que en el 2000 la Asamblea General de la ONU "evalúe a nivel de jefes de Estado los logros y trace las metas de desarrollo social para los primeros años del nuevo siglo", señala. (FIN/IPS/dg/jc/dv/97
