La represión militar de los años 70 en Argentina fue como un eclipse que arrasó con la vida de miles de jóvenes, pero su sombra se expandió a cinco generaciones de cada familia de las víctimias.
Tras 20 años de dolor, el Estado intenta mitigar con dinero heridas que siguen supurando.
En 1976, Elsa Oesterheld tenía 51 años, un marido guionista de historietas y cuatro hijas mujeres en carreras universitarias. Dos de ellas casadas con dos hijos. Dos de ellas embarazadas. La familia Oesterheld, numerosa, había sorprendido gratamente a los padres de Elsa, que sólo la habían tenido a ella.
Pero en pocos meses, Elsa perdió casi todo. Los militares se llevaron a su esposo, que siguió vivo al menos un año más en una cárcel clandestina, a sus cuatro hijas y a sus dos yernos. Sólo quedó ella, como cuando era hija única, con sus padres y dos pequeños nietos para criar.
"Mis padres tenían 80 años y murieron desolados, sin poder comprender toda aquella tragedia. Perdieron a sus cuatro nietas, de entre 18 y 23 años, todas las hijas de su única hija. Y yo no tenía tiempo para ellos porque tenía que trabajar para sacar adelante a mis nietos", recuerda Elsa a IPS.
Hoy Elsa tiene 72 años y sus dos nietos salieron adelante. Uno de ellos se casó y tuvo un hijo.
Por ellos y por ese pequeño, Elsa comprendió que debía acceder a la reparación económica que el Estado comenzará a entregar este año y que está destinada a unos 7.000 familiares de desaparecidos y asesinados durante la dictadura miliar (1976-83).
Estos son los que se presentaron hasta ahora para recibir el beneficio, aunque aún hay tiempo para iniciar los trámites hasta el fin de este milenio. Los primeros comenzarán a cobrar en marzo.
"Me despojaron de todo, de mi familia, de mi casa, la de mis hijas y hasta de los derechos de autor por la obra de mi marido, y sin embargo sobreviví por mi propio esfuerzo", dice Elsa.
Ni siquiera tuvo ayuda profesional. Después de muchos intentos fallidos de terapias, un psicólogo reconoció que no estaba preparado para su caso.
Tampoco se exilió. Trabajó en un banco, en un sindicato, en una productora de cine. Pasó penurias económicas y lamenta no haber podido darle a sus nietos la educación y la ayuda económica que les dio a sus hijos.
La ley de beneficio consiste en una indemnización en bonos que equivalen a unos 220.000 dólares a pagarse por cada persona desaparecida y a repartirse entre los causahabientes.
Al principio, los familiares se negaban a recibir nada, pero luego comprendieron que la reparación no los inhibe de seguir reclamando por ellos.
Así lo explicó Estela Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y madre de una joven que desapareció en 1976, embarazada de cinco meses.
"Hace 10 años, este tema me daba escalofríos, pero luego entendí que la ley es un resarcimiento para las personas desaparecidas que, al no estar, se deriva a sus familias", dice Carloto a IPS.
El Estado de derecho intenta así reparar el daño causado por el Estado terrorista, afirma.
"Aquí hay muchos jóvenes, hijos o nietos de desaparecidos, que están creciendo con enormes carencias de educación, trabajo y salud, y esto puede ser un aporte que contribuya a un mayor bienestar para ellos", remarca.
"No se trata de un acto gracioso de un gobierno sino que es un Estado el que intenta reparar un daño, por eso pedimos que si algún familiar no quiere o no necesita ese dinero, que no se lo deje al Estado, que lo done a instituciones de bien público o inclusive a organismos humanitarios que tanta falta nos hace".
"Yo no iba a ponerle un precio a mi Laura", recuerda Carloto que decía ella misma. Pero ahora ocho organismos se pronunciaron por aceptar y sólo uno lo rechaza categóricamente.
Las Madres de Plaza de Mayo, presididas por Hebe de Bonafini, no pueden concebir que el mismo gobierno que indultó a los ex comandantes condenados por graves violaciones de los derechos humanos en 1990, sea el que convoque a los familiares para entregarles los bonos, en un acto de presunta generosidad.
Carloto asegura que la indemnización no impide seguir reclamando el esclarecimiento.
Ella misma encabeza una demanda contra el Estado argentino por destrucción de pruebas y en diciembre presentó una querella criminal contra cinco militares por "robo sistemático de niños", un delito que no se había podido probar hasta ahora.
Este paso se logró a partir del trabajo realizado en estos 20 años durante los cuales las abuelas recuperaron para sus familias sanguíneas a más de 50 niños y jóvenes, muchos de ellos apropiados de manera ilegal por los captores de sus padres legítimos.
No obstante, la decisión es difícil para muchos que se sienten humillados por aceptar ese dinero.
Marta, la viuda del escritor y periodista Haroldo Conti, fue torturada en su casa durante cinco horas luego que se llevaron a su marido en 1976. Entonces, ella tenía un hijo de tres meses con quien se fue al exilio.
"Menos prostituirme hice de todo para alimentar a mi hijo", cuenta Marta. "Vivimos en Cuba, en México, en Suecia y en los años 80 volvimos a Argentina".
Lleva 11 años de juicios para recuperar su casa, que se la robaron. Durante su exilio, sus padres murieron, sin haber podido ver otra vez a su hija ni a su nieto. En estos años fue operada dos veces para recuperarse de los golpes sufridos en la columna y en los riñones.
Su hijo, Ernesto, que ahora tiene 21 años, debió trabajar desde los 14, lamenta Marta, de 52 años, que trabaja en un sindicato como empleada administrativa y no volvió a casarse.
"Estoy segura que si él estuviera aquí me diría que acepte el dinero, pero yo lo único que quiero es que me lo devuelvan a él, que me devuelvan mi casa y la vida que llevbamos", dice Marta.
El trámite del beneficio lo inició una hija del primer matrimonio de Haroldo Conti, y eso obligó a todos a presentarse.
"Si mi hijo quiere el dinero, yo voy a respetar lo que él decida, sé que hay mucha gente pasando penurias económicas, que perdió todo en esos años y ahora además tiene problemas para conseguir empleo, o para dar un estudio a sus hijos, como me pasó a mí", reconoce Marta.
"No hay nada que te devuelva a tu 'viejo'. Nada repara. Pero si él estuviera querría verme bien, sin problemas económicos", asegura Ernesto, quien estudia periodismo.
Los nietos de Elsa Oesterheld crecieron sin sus padres y ella procuró por todos los medios que no tengan resentimientos.
"Son jóvenes felices, sin odios, sanos de espíritu y muy conscientes de la barbarie que arrasó con este país", señala.
"Me parece inaudito que hayan pasado 20 años hasta que alguien se haya decidido a asomarse a ver cómo vive la familia de las víctimas, como crecieron esos niños de entonces, cómo viven los sobrevivientes", se indigna.
Elsa nunca tuvo tiempo de participar de organizaciones humanitarias. Describe su alma como "un agujero descomunal" y no se resigna a que la más feroz represión haya recaído sobre una generación humanista, pura y para nada superficial, como asegura no volverá a surgir con esos valores por muchos años.
Sin embargo, siente que le dara tranquilidad dejar de trabajar y saber que sus nietos y su bisnieto tienen lo que necesitan.
"Entonces, tendré paz para recordar y escribir todo lo que me pasó, porque lo que le pasó a la familia Oesterheld… es la historia de lo que le pasó a la Argentina". (FIN/IPS/mv/ag/hd/97
