Familiares de españoles desaparecidos en Argentina durante la última dictadura militar confían en que la justicia de su país consiga al menos levantar un cerco en torno a los responsables de la represión ilegal, a fin de que nunca más puedan abandonar este país.
Los familiares de los 266 españoles desaparecidos en Argentina durante el régimen (1976-83) viven repartidos entre Argentina y España, pero en los últimos días, a raíz del proceso reabierto por el juez Baltasar Garzón en Madrid, manifestaron un mismo sentimiento de impotencia y un coincidente reclamo de justicia.
Dionisia López nació en Galicia en 1928 y siendo joven se trasladó a Argentina. Aquí tuvo dos hijos. A Antonio, de 24 años, lo secuestraron junto a su mujer, Stella Maris, de 23, en 1976, dos meses después del golpe de Estado. Nunca más aparecieron.
"Yo no quiero venganza, quiero justicia, pero… ?llegará de España la justicia después de tantos años de impunidad ?", se preguntó escéptica Dionisia.
No obstante cierto escepticismo, la mujer reveló que sintió una profunda satisfacción al saber que un militar acusado de graves crímenes no se animó a salir del país.
Se refirió así al caso del general retirado Antonio Bussi, actual gobernador de la provincia de Tucumán, quien decidió en enero último no pasar sus vacaciones en su redidencia de Punta del Este, Uruguay, por temor a un pedido de extradición desde España.
El militar debió conformarse con ir a La Serena, en Chile.
"Que esos asesinos sientan un poquito de miedo, ya para mí es un logro", reconoció Dionisia a IPS.
De igual modo se manifestó Maria Manuela Pérez Labrador. Su hermano Miguel Angel fue secuestrado en 1976 y está desaparecido. Dos meses después del secuestro, asesinaron a su otro hermano, Palmiro, y cuando el padre (Víctor) fue a ver qué había sucedido en la casa de su hijo, lo asesinaron a él también.
La casa de Palmiro fue saqueada por completo y María Manuela, sus hijas y su madre consiguieron huir hacia España.
El general argentino Leopoldo Galtieri reconoció ante el cónsul español de entonces -Vicente Montesinos- que la muerte de Víctor, el padre de los dos jóvenes, "fue un error", no así el caso de los dos hermanos que "eran peronistas", del partido que hoy gobierna en este país y entonces era perseguido.
"Yo espero que Garzón haga justicia. No creo que pueda traer a Galtieri a declarar pero al menos que quede encerrado en Argentina, que no pueda salir de ese círculo", expresó María Manuela a una radioemisora de Buenos Aires, desde Collado Villalba, un pueblo cercano a Madrid.
Es el caso de Alfredo Astiz, el ex marino que fue condenado a perpetuidad en ausencia por un tribunal de París por el asesinato crimen de dos monjas francesas durante la dictadura.
Astiz no puede salir de Argentina sin ser capturado por Interpol, a pesar de en su país fue liberado por la ley de punto final.
María Manuela y su madre fueron este lunes a esperar la salida de la ex presidente María Estela Martínez de Perón, citada a declarar por Garzón para que aporte información sobre los crímenes cometidos por grupos paramilitares armados durante su gobierno (1974-76).
La ex presidenta fue agredida por los familiares de las víctimas que la insultaron y arojaron huevos contra su vehículo.
Según trascendió, la viuda del general Juan Perón declaró no recordar casi nada de las consultas que le hizo Garzón durante cinco horas.
El sentimiento coincidente de los familiares, tanto en España como en Argentina, fue el de la impotencia ante la "soberbia" y el "cinismo" de la ex mandataria.
"Me hubiera gustado acercarme a ella. Al verla se me remueven todos los recuerdos y siento una gran impotencia", admitió María Manuela.
Garzón convocó a declarar a más de un centenar de militares, muchos de ellos liberados de responsabilidad por las leyes de obediencia debida y punto final, o beneficiados por el indulto otorgado por el presidente Carlos Menem hace seis años, como es el caso del ex general Jorge Rafael Videla.
La cancillería argentina negó colaboración a la justicia española por considerar que el reclamo para que se reabra este caso implica una actitud "colonialista".
Por su parte, el juez Garzón consideró "inadmisible" la respuesta del gobierno argentino a su pedido. (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/97
