La administración del presidente estadounidense Bill Clinton no quiere o no puede controlar a la CIA, aseguró hoy un alto funcionario que fue castigado por informar al Congreso sobre crímenes cometidos por la agencia en Guatemala.
Richard Nuccio, quien renunció el martes al cargo de asesor político del Departamento de Estado dos meses después de que la CIA (Agencia Central de Inteligencia) le suspendió su acreditación de seguridad, dijo que las implicaciones de su caso para el control civil del organismo son "espeluznantes".
"La venganza contra mí por mi parte en las revelaciones del entonces congresista Robert Torricelli sobre la mala conducta de la CIA en Guatemala es pasmosa por su audacia y alarmante por sus implicaciones para el papel de la agencia en nuestra democracia constitucional", declaró Nuccio este miércoles en rueda de prensa.
Agregó que la CIA incluso se rehusa a cumplir órdenes de otras agencias ejecutivas en el sentido de entregar cierto tipo de información, como documentos relativos a la represión en Honduras en la década de 1980.
Así mismo, Nuccio declaró que renunció a sus esfuerzos de persuadir a la Casa Blanca de anular o modificar la acción de la CIA contra su persona, y anunció que ahora se concentrará en obtener el apoyo del Congreso y posiblemente de los tribunales.
Nuccio, un alto asesor sobre América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de Clinton, que posteriormente negoció con el Congreso acerca de la política del Departamento de Estado sobre Cuba, perdió su acreditación de seguridad el pasado diciembre.
En esa ocasión, el director de la CIA, John Deutch, descubrió que Nuccio reveló a Torricelli en marzo de 1995 que un informante de la agencia, el coronel guatemalteco Roberto Alpírez, había ordenado el asesinato de un posadero estadounidense y de un comandante guerrillero casado con la abogada estadounidense Jennyfer Harbury, a comienzos de los años 90.
Torricelli hizo pública la información, criticando duramente a la CIA por ocultar lo que sabía sobre ambos casos y acusándola de emplear a algunos de los peores violadores de los derechos humanos en América Latina.
El escándalo y las investigaciones ulteriores resultaron en el despido por Deutch de dos ex jefes de estación de la CIA en Guatemala y el castigo de otros altos funcionarios, algunos de los cuales ya estaban retirados. Las sanciones contra los espías fueron unas de las más duras en la historia de la agencia.
Además, el escándalo ayudó a levantar el manto de secreto que ocultaba los vínculos de la CIA con organizaciones militares y de inteligencia durante la guerra fría, y contribuyó a revelar, por ejemplo, que la agencia respaldó un batallón militar de inteligencia en Honduras acusado de secuestrar, torturar y hacer "desaparecer" a supuestos disidentes en los años 80.
Pero las revelaciones también hicieron de Nuccio un hombre marcado. El denunciante sostiene que no hizo nada malo al informar a Torricelli, quien, como miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en ese entonces, tenía derecho a la información.
Así mismo, Nuccio insiste en que consultó con sus superiores en el Departamento de Estado antes de informar a Torricelli.
De acuerdo con la Ley LaFollette, aprobada hace 70 años, "no se puede obstaculizar" a los funcionarios del gobierno que deseen brindar información al Congreso, ni impedir que lo hagan.
Tras su propia investigación del asunto, el Departamento de Estado decidió no sancionar a Nuccio, pero la CIA mantuvo la suspensión de su acreditación de seguridad.
Por su parte, la Casa Blanca se negó a involucrarse y permitió que la decisión de la CIA prevaleciese, pese a los reclamos de influyentes políticos, el periódico The New York Times y grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité de Abogados sobre Derechos Humanos.
El caso no tiene precedentes, según Peter Kornbluh, investigador del Archivo Nacional de Seguridad, un grupo independiente.
"No existen antecedentes sobre la investigación y castigo de un miembro de la Rama Ejecutiva por compartir información con el Congreso", destacó el analista, y agregó que, al adoptar su conclusión, la CIA anuló de hecho la ley LaFollette sin ningún tipo de análisis judicial o legislativo.
"El acceso del Congreso a la información es crucial para la preservación de la responsabilidad en la democracia, especialmente de la CIA y sus actividades encubiertas", subrayó Kate Martin, directora del Centro de Estudios de Seguridad Nacional, con sede en Washington.
Stephen Rickard, director de la oficina de Washington de Amnistía Internacional, advirtió que el caso Nuccio reducirá la probabilidad de que otros funcionarios que sepan de graves violaciones a los derechos humanos revelen la información.
"El mensaje transmitido es que el gobierno no protegerá a nadie que se enfrente a la vergonzosa asociación del servicio de inteligencia con torturadores y asesinos", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/jl/ml/hd-ip/97
