Nigeria, país signado por la "represión autoritaria", es el país donde menos se respetan los derechos humanos en Africa, según el último informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos en la materia.
El informe califica de "sombrío" el panorama de los derechos humanos en ese país desde que el consejo militar que preside el general Sani Abacha "se hizo del poder en un golpe de palacio en noviembre de 1993".
Los términos empleados en referencia a la situación en Nigeria contrastan con la sobria redacción del resto del informe, que sirve de guía al Congreso de Estados Unidos en la concesión de asistencia y ventajas comerciales.
En 1996, el gobierno de Abacha "se valió regularmente de arrestos arbitrarios y hostigamientos a gran escala para silenciar a sus muchos críticos", entre ellos Moshood Abiola, quien presumiblemente triunfó en las anuladas elecciones presidenciales de 1993.
El Departamento de Estado afirmó que tanto jueces como fuerzas de seguridad cometen abusos, en un clima de "violaciones a las libertades de opinión, prensa, reunión, asociación y movimientos y a los derechos de los trabajadores", y de "discriminación y violencia contra las mujeres".
La vecina Ghana, por su parte, "continúa en transición de un gobierno autoritario y de partido único a una democracia". El gobierno de ese país apeló a leyes "oscuras" para controlar los medios de información, si bien permitió la apertura de nuevas emisoras de radio independiente.
Estos medios se suman a una "prensa pequeña pero independiente" y a una oposición "vigorosa y extravertida".
Etiopía continúa su proceso hacia un sistema federal de gobierno, donde un "débil" poder judicial "muestra crecientes señales de independencia" y las autoridades están dedicadas a "la creación de un ejército nacional apolítico" y a la lucha contra la corrupción.
Eritrea, que en 1993 se separó de Etiopía tras una guerra de 30 años, pasó de una economía centralmente planificada a una de libre mercado. La ciudadanía debate desde septiembre un proyecto de constitución que reconoce "libertades democráticas" como los derechos de asamblea, opinión y asociación.
De todos modos, el gobierno impuso restricciones económicas, de empleo y movimientos a los Testigos de Jehová por su negativa a votar y a prestar servicios públicos, señaló el Departamento de Estado.
El informe recuerda que Sierra Leona tuvo en marzo de 1996 tuvo sus primeras elecciones "libres y justas", pero acuas al gobierno de "ejecuciones extrajudiciales, golpizas, arrestos arbitrarios y persecuciones".
Aún no se perciben mejoras en la situación tras el acuerdo de paz firmado en noviembre entre el gobierno y el Frente Unido Revolucionario.
En Liberia, "la violencia política ha sido endémica" desde el estallido de la guerra civil en 1989, y los civiles continúan siendo las principales víctimas de las matanzas y la devastación económica.
"Aunque profesaron públicamente su adhesión a las leyes, los líderes de las principales facciones en pugna admitieron y, en algunos casos, parecieron alentar los asesinatos tanto de civiles como de combatientes", denuncia el informe.
Los combates en Costa de Marfil, que obligaron al gobierno a designar "zonas de operaciones militares" en distritos fronterizos, aumentaron la actividad del ejército en un país donde los soldados "aceptan tradicionalmente la primacía de la autoridad civil".
Una decena de oficiales están en prisión, acusados de planear un golpe de estado.
El Departamento de Estado percibió avances en el proceso de "reconciliación nacional" en Ruanda.
De todos modos, el "predominantemente tutsi" y gobernante Frente Patriótico Ruandés (RPF), que tomó el poder luego de una guerra civil y un brutal genocidio en 1994, "continúa siendo responsable de numerosos" abusos, entre ellos "cientos" de asesinatos por motivos políticos o simples venganzas.
Pero el RPF abrió las puertas de las sobrepobladas cárceles del país, donde languidecen 80.000 presos, a organizaciones internacionales de derechos humanos.
No se han registrado casos de "tortura sistemática", si bien se acusa a autoridades locales de aplicar excesiva fuerza en arrestos e interrogatorios.
En la vecina Burundi, el Departamento de Estado percibió que las medidas adoptadas por el gobierno para restaurar la seguridad son "inadecuadas", al tiempo que deploró la fidelidad del ejército a la minoría tutsi, así como el control que esa etnia ejerce sobre el poder judicial.
Esta situación asegura una "falta de llamados a la responsabilidad por asesinatos y violencia étnica", agregó.
Las fuerzas de seguridad de Zaire, a las que el informe describe como impunes de sus abusos contra los derechos humanos, cometieron "saqueos a gran escala" hasta que el gobierno pagó los sueldos que se les debía.
Esa situación se reitera ahora, pero debido a los combates contra los rebeldes en el este del país.
El presidente Mobutu Sese Seko permanece en el poder después de "31 años de gobierno autoritario", pero "su mala salud y su prolongada ausencia del país marcaron una significativa pérdida de autoridad", indica el informe.
La guerra civil que sufre Sudán hace 13 años, en la que murieron alrededor de 1,5 millones de personas, sirve al gobierno como excusa para matar y esclavizar a civiles, así como para reclutar niños en el ejército.
El informe refleja las periódicas obstrucciones de Jartum a operaciones humanitarias, pero señala la restauración de la cooperación entre el gobierno y organizaciones de derechos humanos como una "nota positiva" en el panorama general.
La situación en Mozambique está determinada por "las actitudes abusivas de las fuerzas de seguridad y la ineficacia del sistema judicial, que es independiente del gobierno solo en forma nominal", según el Departamento de Estado.
El presidente Joaquim Chissano, del Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), fue electo en las primeras elecciones multipartidarias del país, celebradas en octubre de 1994.
"La indisciplinada policía y funcionarios locales" continúan abusando de su poder en este país africano, agrega el informe.
En Angola, continúan las ejecuciones extrajudiciales, los arrestos arbitrarios y la "rutinaria" tortura a los detenidos.
La Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) es acusada de "reclutamientos forzados" y "ataques a la población civil" en las zonas del país bajo su control.
El informe califica a los militares de Senegal de "profesionales y generalmente disciplinados", pero las torturas cometidas por la policía del país continúan siendo un "problema serio".
El Departamento de Estado criticó "el dominio de la vida política por parte del Partido Socialista" y mencionó en tal sentido "irregularidades y fraude en las elecciones regionales y locales de 1996".
Fuerzas del gobierno de Kenia continúan reprimiendo reuniones de partidos opositores, mientras los asesinatos políticos son un problema serio. De todos modos, el informe señala "algunos esfuerzos" de las autoridades en su diálogo con organizaciones de derechos humanos.
Malawi disfruta más libertades de las que nunca tuvo desde sus primeras elecciones multipartidarias en 1994, pero el gobierno afronta el gran desafío de controlar a la policía y dar impulso a un débil poder judicial, agregó el Departamento de Estado.
Las fuerzas de seguridad de Zimbabwe pasaron la prueba del gobierno de Estados Unidos, si bien se registraron intimidaciones a opositores y discriminación contra homosexuales.
"Informes responsables señalaron algunas irregularidades" en las elecciones de noviembre en Zambia, pero no se registraron "evidencias" de fraude.
La oposición se abstuvo en esos comicios, mientras la transición hacia un sistema de mercado libre continúa en medio de acusaciones de corrupción en altos niveles del gobierno, añadió el Departamento de Estado.
Sudáfrica fue alabada por el desmantelamiento de leyes e instituciones discriminatorias, el establecimiento de un poder judicial fuerte e independiente y la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado a través de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
La violencia política y policial, de todos modos, continúa siendo un problema serio, al igual que la ejercida contra las mujeres.
El gobierno está "trabajando duro", pero "el legado socioeconómico del apartheid (régimen de segregación racial institucionalizada) seguirá siendo un problema durante muchos años", afirmó el Departamento de Estado. (FIN/IPS/tra- en/aa/mj/hd/97)
