Cuba y Estados Unidos parecen decididos a mantener el eco de los disparos que hace un año pusieron punto final a un esbozado principio de distensión bilateral, al provocar la llamada "crisis de las avionetas".
A partir de febrero de 1996 se sucedieron el derribo por la fuerza aérea cubana de dos avionetas tripuladas por exiliados, la promulgación en Estados Unidos de la ley Helms-Burton, el aumento en Cuba de la incertidumbre económica y el anuncio para 1998 de la tan esperada visita del Papa.
Para rematar, no faltaron los rumores sobre un nuevo éxodo masivo, al estilo de los "balseros" de 1994, estalló una crisis diplomática con España, y la Unión Europea aprobó un documento que promueve presiones políticas y diplomáticas para llevar a Cuba a la democracia representativa.
Como nunca antes, el gobierno de Fidel Castro contó con el apoyo internacional contra el bloqueo estadounidense a la isla, fortalecido por la aprobación de la ley Helms-Burton. Pero las autoridades cubanas también volvieron la espalda a la exigencia (o sugerencia) de reformas políticas presentadas por "amigos" y "enemigos".
"1997 tiene que venir mejor", comentaban los cubanos a finales del pasado año, pero sólo dos meses después comienzan a dudar de su pronóstico.
Mientras aumenta la tensión entre La Habana y Washington, exiliados cubanos en la ciudad estadounidense de Miami amenazan con reeditar la próxima semana los hechos del 24 de febrero pasado, aún ante la perspectiva de enfrentar fuego antiaéreo.
Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia en el Exilio, reconoció esta semana que una nueva flotilla, compuesta por dos aviones jet, podría cruzar el paralelo 24, que marca el comienzo del espacio aéreo de Cuba.
Marianela Ferreol, portavoz de la cancillería cubana, advirtió que el gobierno no permitirá "ninguna violación de nuestro espacio aéreo, marítimo o terrestre".
Las autoridades cubanas tomarán "todas las medidas necesarias" para evitar que flotillas organizadas en Estados Unidos penetren sus fronteras, declaró Ferreol.
El 24 de febrero de 1996, la fuerza aérea cubana derribó dos avionetas civiles tripuladas por cuatro exiliados pertenecientes al grupo Hermanos al Rescate, con sede en territorio estadounidense.
La versión oficial cubana asegura que las avionetas se encontraban en el espacio aéreo de la isla, mientras Hermanos al Rescate sostiene que los aparatos sobrevolaban aguas internacionales cuando fueron abatidos.
Los cubanos se dividen entre quienes piensan que el incidente nunca debió suceder, los que deploran la muerte de los cuatro pilotos pero creen que no quedaba otro remedio que defender la soberanía del país, y quienes apoyan incondicionalmente la decisión oficial.
Fuentes especializadas opinan que, sea cual fuere la razón, el gobierno de Castro convirtió en "ganadora" a la derecha cubana de Miami, que logró recuperar el espacio de influencia en el Congreso de Estados Unidos que había perdido desde que Washington y La Habana firmaron el acuerdo migratorio de mayo de 1995.
Ese convenio, negociado por altos funcionarios de los dos gobiernos, prevé la repatriación de todo cubano que intente ingresar ilegalmente en Estados Unidos, y su aprobación sugirió a los observadores que el realismo se imponía en la política de Washington hacia Cuba.
El entendimiento de mayo de 1995 complementó los pactos en materia de migración firmados en septiembre de 1994 para poner fin a la "crisis de los balseros" de agosto de ese año y que comprometieron a Estados Unidos a otorgar anualmente un mínimo de 20.000 visas a emigrantes cubanos.
El tema migratorio se convertiría así en el gran punto de coincidencia entre La Habana y Washington, una posición que fue mantenida aún después del incidente de las avionetas y de la entrada en vigor de la ley Helms-Burton.
Los analistas más optimistas llegaron a hablar, antes de la crisis de las avionetas, de la cercanía del fin del bloqueo, mientras que políticos, empresarios y hasta militares estadounidenses llegaban a La Habana, casi con el aval del Departamento de Estado.
Entre los visitantes se contaron 60 ejecutivos de empresas, 25 afiliados al Consejo de Asuntos Mundiales, el congresista Joe Moakley, el contraalmirante retirado Eugene Carrol, que viajó a Cuba al frente de una delegación del Centro de Estudios para la Defensa, de Washington, y un grupo de expertos en seguridad nuclear.
La hipótesis más generalizada fuera de la isla era que "al fin" el gobierno de Estados Unidos había comprendido que el bloqueo económico impuesto a Cuba era una política superada e ineficaz.
Pero los especialistas del Centro de Estudios de Estados Unidos (CESEU), un centro de investigación adjunto a la Universidad de La Habana, no compartieron ese optimismo.
El CESEU pronosticó que el presidente Bill Clinton no levantaría el bloqueo y, además, promulgaría la ley Helms-Burton antes de las elecciones de noviembre, y no se equivocó.
"Aquí nunca escampa", sentenció Mariela Gómez, una médica de 37 años que, como otras cubanas, empieza a sentirse agobiada por el constante intercambio de ataques entre La Habana y Washington, que "no hacen más que complicarme la vida".
Más preocupados por los problemas económicos que por la política, buena parte de los 11 millones de habitantes de la isla se concentran en sobrevivir pero, quieran o no, sufren el impacto de las campañas políticas que cobran fuerza ante cada nuevo anuncio estadounidense.
Las autoridades cubanas emiten mensajes hacia afuera y hacia dentro. Acusan a Estados Unidos de no descartar la hipótesis de la invasión de 'ol isla, confirman la vigencia del socialismo y cierran los espacios internos a las tendencias aperturistas o alternativas.
Tras un año catalogado de malo por los expertos, 1997 se inició con la presentación por Clinton, el 28 de enero, del documento titulado "Apoyo para una transición democrática en Cuba".
Considerado un buen complemento de la ley Helms-Burton, el informe plantea las condiciones y plazos en que se verificaría la transición democrática en la isla una vez que Castro no esté en el poder, y promete asistencia financiera al nuevo gobierno.
El mismo día, el presidente cubano marchó por las calles de La Habana al frente de un grupo de seguidores y acusó a Clinton de pretender comprar al pueblo de la isla con promesas de ayuda millonaria.
Poco después, el 13 de este mes, Cuba rechazó la decisión de Estados Unidos de autorizar a las cadenas de televisión CNN, ABC, CBS, Univisión, a los diarios The Miami Herald, Chicago Tribune y Sun Sentinel y a la agencia de noticias AP a abrir oficinas en La Habana.
Por último, el oficialista diario Granma acusó el miércoles a Washington de promover la tensión en el Caribe con maniobras militares en ese mar, en el océano Atlántico y en la base de Guantánamo, un enclave militar de Estados Unidos situado a 970 kilómetros de La Habana.
Los expertos cubanos creen que en su segundo mandato de cuatro años, comenzado en enero, Clinton mantendrá latente el actual escenario de confrontaciones, aunque la hostilidad adquirirá nuevas formas y los ataques apuntarán a cuatro direcciones fundamentales: narcotráfico, terrorismo, espionaje e inmigración.
"Por primera vez, desde la crisis de los misiles en 1962, Cuba sale de la agenda doméstica de Estados Unidos para convertise en un problema de su política exterior", opinó un representante del CESEU. (FIN/IPS/da/ff/ip/97
