La acusación de Cuba a Estados Unidos de manipular información para comprar al pueblo cubano parece confirmar que las tensiones entre ambos países continuarán durante el segundo mandato del presidente Bill Clinton.
El histórico fuego cruzado de acusaciones mutuas comenzó temprano en 1997 con la denuncia de La Habana de que Washington manipuló a la prensa mundial sobre un supuesto financiamiento de Estados Unidos a Cuba tras la caída del actual gobierno del presidente Fidel Castro.
"Estados Unidos intenta comprar la conciencia de los cubanos con moneda falsa y a crédito", declaró Ricardo Alarcón, presidente del parlamento del país caribeño.
Alarcón criticó así el documento "Acta para una Transición Democrática en Cuba" presentado al Congreso por el gobierno estadounidense.
El proyecto estima que la Cuba posterior a Castro reciba entre 4.000 y 8.000 millones de dólares sin aclarar la procedencia, pero antes el país caribeño deberá firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y renegociar su deuda oficial.
Alarcón comentó que el informe establece la designación de ese monto durante seis años para satisfacer "con celeridad y facilidad" las reclamaciones originales estadounidenses de sus propiedades confiscadas en Cuba a inicios de la Revolución.
"Como Washington fijó en 6.000 millones de dólares el valor de estas propiedades y Cuba debe pagar primero su deuda externa, resulta que los egresos cubanos serán mayores que la ayuda cuya procedencia no se ve por ninguna parte", apuntó.
En la década del 70, la Comisión de Reclamaciones Extranjeras presentó al Congreso de Estados Unidos una lista de 5.911 demandas por 1.799 millones de dólares y un interés anual de seis por ciento exigidas ahora a través de la ley Helms-Burton.
Cuba responsabiliza a Washington de que su política hostil contra la isla ha impedido el pago de estas compensaciones, como ya hizo con otros países que tenían propiedades antes de la llegada al poder de Castro.
La Ley de la Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubana, aprobada como un antídoto a la norma estadounidense, ratifica la voluntad de la isla de llegar a un acuerdo con Washington para establecer los mecanismos de compensación.
Sin embargo, considera nula toda demanda amparada en la ley Helms-Burton y reconoce sólo los pedidos de los dueños que en el momento de la confiscación eran ciudadanos estadounidenses.
Alarcón apuntó que el nuevo proyecto hacia Cuba aclara que "ningún país ni institución internacional están en la posición de contraer compromisos específicos de otorgamiento de fondos para apoyar la transición en Cuba".
"Este documento es parte de la aplicación de la Helms-Burton y significa una reconversión del país para entregarlo a sus antiguos propietarios sin otorgar recursos que la propia legislación impide", dijo.
Washington estimó que Europa y Estados Unidos brindarán a Cuba un importante apoyo financiero después de que Castro salga del poder.
"Este informe indica qué tipo de esfuerzo económico Estados Unidos y la comunidad internacional están dispuestos a hacer en caso de que Cuba inicie la necesaria transformación hacia la democracia", declaró Mike McCurry, portavoz presidencial norteamericano.
Sin embargo, el plan ha sido criticado por analistas estadounidenses como Wayne Smith, ex representante de Estados Unidos en La Habana, y Geoff Thale, especialista en temas cubanos de la oficina de Washington para América Latina.
Smith vaticinó que Castro seguiría en el poder y el fracaso de esa propuesta que a su juicio "no tendrá impacto alguno", mientras que Thale la calificó de "utópica en el peor de los sentidos".
El congresista estadounidense José Serrano expresó que era "como un insulto para los pueblos latinoamericanos a los que se les está poniendo un costo fijo".
Según Alarcón, este proyecto propone crear además mecanismos que faciliten aplicar políticas de ajuste, como la privatización de empresas del Estado, la reducción de los gastos en salud y educación, y el pago por el despido a trabajadores y militares.
La propuesta se presenta semanas después de que una delegación de congresistas estadounidenses aseguró que Castro sigue seguro en el poder y que Washington debe buscar mayor cooperación con Cuba en áreas permitidas por la ley Helms-Burton.
Analistas locales interpretaron la no difusión de las declaraciones de Alarcón por los medios más importantes de Cuba como una muestra de que La Habana quiso responder a la iniciativa norteamericana pero minimizando su importancia.
No obstante, señalaron que el tono irónico y severo de las palabras de Alarcón es un portazo para quienes avisoraban una cierta distensión entre ambos países durante el segundo mandato de Clinton.
"El presidente estadounidense no debería precipitarse en firmar documentos sin antes leerlos adecuadamente pues éste ni siquiera esconde las verdaderas intenciones de Estados Unidos", concluyó Alarcón. (FIN/IPS/mrc/ag/ip/97
