En los países andinos, las democracias están minadas por la falta de participación popular, el descrédito de los partidos, la pobreza, la corrupción y el narcotráfico.
Esas son las conclusiones de un análisis elaborado por la Comisión Andina de Juristas (CAJ) sobre el funcionamiento de la democracia en la región el año pasado.
La investigación de la CAJ coincide con los resultados de una encuesta realizada recientemente en nueve países latinoamericanos para medir la percepción de los ciudadanos respecto de sus problemas, según la cual la corrupción, el narcotráfico y el crecimiento de la pobreza son los problemas principales.
Otro elemento de fragilidad de las democracias andinas, según la CAJ, es la escasa participación de la mujer, por razones ajenas a su voluntad y capacidad.
"La participación de la mujer está por debajo de la igualdad de derechos que las leyes le reconocen", afirmó Diego García Sayán, director ejecutivo de la CAJ, organismo que anualmente emite un informe sobre la evolución de los derechos ciudadanos, políticos, sociales y económicos en la región.
De acuerdo a las mediciones de la CAJ, las mujeres no llegan a ocupar 12 por ciento de los escaños parlamentarios ni tres por ciento de los puestos de ministro.
A nivel municipal, Bolivia ostenta el mayor número de alcaldesas. Sin embargo la participación femenina en este país cubre sólo 10 por ciento de alcaldías y en otros países el porcentaje es aún menor.
"Definitivamente, este es un factor que resta solidez a las democracias andinas", subrayó el jurista.
Reconoció sin embargo, el esfuerzo de muchos gobiernos andinos por incorporar en sus legislaciones derechos que reconozcan la igualdad jurídica de hombres y mujeres y prevengan la violencia doméstica, uno de los problemas más acuciantes de la región en el terreno social.
Pero si bien ese es el espíritu de la ley, al momento de ejercer su capacidad civil la mujer sigue estando en desventaja en algunos países, como Bolivia, Chile y Venezuela.
En Bolivia, por ejemplo, se reconoce que la mujer mayor de edad es plenamente capaz de sus actos pero el marido puede prohibirle o restringirle el ejercicio de ciertas profesiones u oficios, por razones de "moralidad" o cuando resulte perjudicada su función doméstica.
En Chile, la mujer casada tiene restricciones para administrar sus propios bienes y los de la sociedad conyugal, en tanto que en Venezuela no puede comprometer los bienes de la pareja en actos de comercio, a menos que el marido consienta. El marido sí puede hacerlo aún cuando no cuente con el consentimiento de su esposa.
"Hay pues una resistencia en los hechos y en las prácticas sociales a conceder a las mujeres el mismo nivel de disfrute de derechos que al varón', subrayó García Sayán.
Un aspecto que a juicio de los legisladores andinos es positivo, es el interés de gobiernos y sociedad civil por prevenir la violencia doméstica, entendida como cualquier manifestación de agresión física, psicológica o sexual, constituya o no un delito.
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú son los países del área que más han avanzado en este aspecto, mientras que en Venezuela la Ley de Oportunidades para la Mujer no contempla sanciones para los agresores ni protege a las ciudadanas contra la violencia.
El estudio de la CAJ, que cita fuentes oficiales de cada país, ofrece estadísticas de violencia contra la mujer que revelan el rostro oculto de este problema aún en países con una evolución positiva en otros aspectos.
Así, en Chile, una de cada cuatro mujeres es víctima de violencia, cada 26 minutos se registra una agresion sexual contra mujeres y niñas en Santiago, casi 80 por ciento de casos no son denunciados y sólo 11 por ciento recibe condenas.
En Ecuador, cuatro de cada diez mujeres son agredidas, 68 por ciento de la población femenina ha experimentado maltrato y las comisarías de la mujer y la familia reciben en promedio unas 50 denuncias diarias por maltrato físico, psicológico o sexual.
En Perú, la violencia sexual, especialmente contra mujeres jóvenes y niñas, ha repuntado.
Mientras en 1992 se denunciaron 1.672 casos de violaciones, en 1995 se registraron 3.822, con el agravante de que los delitos denunciados representan entre 10 y 30 por ciento de los realmente acaecidos, según estimaciones.
Es habitual que los encargados de recibir ese tip ode denuncias estime que la mujer violada tiene cierto tipo de responsabilidad en la agresión de que fue víctima. (FIN/IPS/zp/dg/pr/97
