La decisión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de liberalizar las telecomunicaciones provocó reacciones muy diferenciadas en América Latina, donde algunos países ya desregularon totalmente su mercado mientras otros conservan aún importantes sectores de monopolio estatal.
El punto central del acuerdo, firmado el día 15 en Ginebra por 68 países, que representan 90 por ciento de los flujos mundiales de inversión en telecomunicaciones, dispone la eliminación de los monopolios en los servicios de telefonía a partir del 1 de enero de 1998.
En América Latina y el Caribe acompañaron la medida Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Otras naciones, como Uruguay y Costa Rica, manifestaron por el contrario su imposibilidad de adherir, por el hecho que las leyes nacionales otorgan el monopolio de la telefonía al Estado.
La resolución permitirá a los capitales extranjeros el acceso a la totalidad de los 20 mercados nacionales más importantes del mundo, contra 17 por ciento en la actualidad, señalaron Werner Corrales y Juan Misle, representante principal y alterno del Venezuela ante la OMC respectivamente.
En las negociaciones en la OMC, Brasil prometió abrir por completo a capitales extranjeros los servicios de telefonía móvil y satelital y conceder una mayor apertura en el sector en general tras la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, actualmente en discusión en el parlamento.
De ahora en adelante, dijo Celso Lafer, representante de ese país ante la OMC, los brasileños contarán con servicios de telecomunicaciones "más baratos y eficientes" y el Estado podrá liberar mayores recursos en favor de los sectores más desposeídos, en materia de salud, vivienda y educación.
La misma línea argumental fue utilizada por Enrique Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, Telefónica e Informática de México.
En ese país la liberalización de los servicios de telefonía local está jurídicamente vigente desde 1990 pero la competencia aún no ha sido reglamentada, precisó Sánchez a IPS.
En materia de equipos de telecomunicaciones y de servicios de telefonía internacional la liberalización ya es un hecho, señaló.
Lo mismo sucede en Chile, donde se estima que la incidencia de la resolución de la OMC será nula, al haber sido este país pionero en América Latina en la apertura del sector a la competencia.
Los servicios de telefonía de larga distancia chilenos están regidos por un sistema "multi carrier" desde 1993 y actualmente se está abriendo igualmente la telefonía local.
En la Región Metropolitana, a la que pertenece Santiago, hasta ahora esos servicios están de hecho monopolizados por la Compañía de Telecomunicaiones de Chile, controlada por Telefónica de España tras haber sido privatizada bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).
En Venezuela, otro de los signatarios de la medida de la OMC, el sector quedará prácticamente liberado.
No obstante, según precisaron los representantes del país ante el organismo que rige el comercio mundial, la inversión extranjera directa en los servicios de telefonía básica, local e internacional, será permitida sólo desde noviembre del 2000.
En esa fecha vence el "período de concurrencia limitada", como se denomina al mantenimiento del monopolio parcial del área de las telecomunicaciones que detenta la firma CANTV desde que fuera privatizada en noviembre de 1991.
Uruguay, con sus poco más de tres millones de habitantes, y un monopolio estatal de las telecomunicaciones en plana vigencia, presenta una situación atípica en el área.
En primer lugar, porque un proyecto gubernamental de privatización de las telecomunicaciones fue explícita y abrumadoramente rechazado por un plebiscito, lo que pondrá en serias dificultades a la actual administración para adaptarse a la resolución internacional.
En segundo término porque ninguno de los principales argumentos esgrimidos para la privatización -la mala gestión de las empresas en manos del estado y la imposibilidad de los monopolios públicos de financiar el desarrollo tecnólogico- se verifica.
Antel, la empresa estatal del sector, tiene una gestión eficiente y pingües ganancias, y ha extendido a todo el territorio servicios digitales de teléfonos.
El servicio público desarrolló a tal punto la telefonía celular móvil (un área en la que no tiene monopolio) que logró una fuerte hegemonía y desplazó del mercado a sus competidores privados.
Otra de los argumentos dados por los signatarios de la resolución liberalizadora, -que permitirá abaratar los costos de las llamadas telefónicas al eliminarse los monopolios-, tampoco se aplica al caso uruguayo, donde la empresa estatal ha venido disminuyendo sus tarifas.
La adhesión de Brasil al tratado traerá de todos modos consecuencias sobre el acuerdo de integración del Mercado común del Sur (Mercosur), que une a ese país con Uruguay, Argentina y Paraguay.
La liberalización acordada en Ginebra supone concesiones arancelarias en productos como equipos y programas informáticos esenciales para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.
El problema de las posibles repercusiones del acuerdo sobre el arancel externo acordado por los cuatro socios será próximamente analizado por el Grupo Mercado Común del Mercosur. (FIN/IPS/dg/jc/if-cr/97
