El gobierno y las tres centrales sindicales de Colombia están empeñados en una carrera contra el tiempo en busca de soluciones para evitar el paro general en el sector público anunciado para el día 11, el primero en 20 años.
El diálogo entre las autoridades y los sindicalistas comenzó el miércoles con la determinación de una agenda de negociaciones, un hecho considerado positivo por las dos partes.
"Nosotros seguimos abiertos y optimistas" y "esperamos concretar algunas fórmulas que respondan a nuestras peticiones", declaró Fabio Hernández, vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores Estatales (Fenaltrase).
Los sindicatos no aceptan el incremento salarial de 13,5 por ciento decretado por el gobierno para los empleados públicos y exigen la anulación del plan de privatizaciones y de eliminación de 12 entidades gubernamentales, y la despenalización de la protesta social.
En relación con la privatización, los trabajadores piden concretamente que no se vendan al capital privado la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ni la Empresa Colombiana de Petróleos ni instituciones del sector de la salud.
Así mismo, piden la revisión de artículos del código penal cuya interpretación ha llevado a ciertos jueces a considerar terroristas algunas actividades sindicales. La aplicación de esas cláusulas penales determinó el procesamiento de varios dirigentes sindicales.
El incremento salarial dispuesto, que se ubica siete puntos por debajo de la inflación de 1996, y los planes de privatización y supresión de entidades estatales forman parte del ajuste adoptado por el gobierno para abatir un déficit fiscal de 4.000 millones de dólares.
La movilización sindical obligó al gobierno a convocar para este jueves a su equipo económico y al ministro de Defensa, Harold Bedoya, para buscar un acuerdo con los sindicalistas. Estos han fijado como último plazo las 24:00 gmt de este sbado.
La convocatoria al paro, lanzada el día 17 por Fenaltrase con apoyo de las tres centrales sindicales, involucraba inicialmente a los 800.000 trabajadores estatales.
Pero el movimiento comenzó a debilitarse 11 días después, cuando los 40.000 trabajadores del Poder Judicial lograron satisfacción a sus demanda. Tras una huelga de nueve días que paralizó 800.000 procesos, los judiciales obtuvieron un aumento salarial de 18 por ciento y bonificaciones.
Así mismo, los 240.000 afiliados a la Federación Colombiana de Educadores lograron un incremento salarial de 21,5 por ciento, y el Consejo de Política Económica y Social aconsejó una mejora de 18 por ciento más puntos por productividad para los trabajadores de 110 empresas industriales y comerciales del Estado.
El otorgamiento de aumentos sectoriales se encuadra en la "estrategia del presidente Ernesto Samper para debilitar el paro", aseguró una fuente de la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
"En las condiciones de ingobernabilidad en que se encuentra el país", la huelga prevista para el 11 tendría un severo impacto, afirmó la fuente, que pidió el annimato.
En su opinión, "son remotas" las posibilidades de realización del paro, ya que el sólo hecho de que fuera aprobado con más de 20 das de antelación "demuestra claramente que la dirección sindical" busca en realidad "negociar y presionar a un gobierno débil".
El paro estará también condicionado por el hecho de que menos de 50 por ciento de los empleados del Estado están afiliados a los sindicatos. Así mismo, el ministro de Trabajo, Orlando Obregón, pronosticó que, de confirmarse finalmente la medida, la adhesión de los trabajadores efectivamente sindicalizados no será total.
No obstante, algunos sindicalistas creen difícil una solución negociada y consideran que el paro "será un paso definitivo para que los dirigentes recuperen la confianza de sus bases.
La CUT perdió credibilidad cuando un sector encabezado por Obregón, entonces presidente de esa central, respaldó al gobierno frente a la ofensiva política lanzada contra Samper por el denunciado apoyo financiero del narcotráfico a su campaña electoral.
"Hay razones que justifican el paro, como son el derecho a un salario justo y el derecho a la protesta", opinó el presidente de la Conferencia Episcopal católica, Alberto Giraldo.
Mientras, el ministro del Interior, Horacio Serpa, cree que el paro puede generar problemas de orden público, pues "informes de inteligencia" dieron cuenta de un plan de la guerrilla para inflintrarse en la protesta.
Serpa aseguró que fuerzas contrainsurgentes hallaron en la nororiental localidad de Bucaramanga documentos de "un plan para contaminar el movimiento (de huelga) en las principales ciudades, con bloqueo de carreteras y ataques a entidades estatales". (FIN/IPS/yf/ff/lb/97
