El primer paro general en Colombia desde 1977 iniciado hoy por los trabajadores estatales pone a prueba la débil posición del gobierno del presidente Ernesto Samper.
"Los dirigentes sindicales prefirieron el paro" a un acuerdo que hubiera representado importantes beneficios legales y económicos "para los empleados que ellos representan", señaló el mandatario en su mensaje semanal de los lunes.
Samper dijo que el ajuste general de 21,6 por ciento (el índice de inflación en 1996) reclamado por los sindicatos tendría un costo superior a 300 millones de dólares, la mitad de los recursos que se obtendrán con las medidas fiscales adoptadas en enero en el marco de la declaratoria de emergencia econmica.
Esto obligaría "a recortar sustancialmente la inversión social para 1997", afirmó.
Sin embargo, el gobierno ya ha gastado cerca de 100 millones de dólares en negociaciones con sectores que iban a plegarse al paro, como los funcionarios judiciales y de la salud.
Los trabajadores de la justicia recibieron el 28 de enero un incremento de 18 por ciento, cinco puntos porcentuales más que los demás trabajadores estatales, que representó un gasto de 60 millones de dólares, en tanto los trabajadores de la salud negociaron otro acuerdo por 60 millones de dólares.
A esto habrá que sumarle lo que "el gobierno tenga que entregar" para negociar el levantamiento del paro, dijo el presidente de la Asociacin Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Armando Montenegro.
Como consecuencia del paro, la producción de petróleo quedó suspendida, no se presta el servicio de telecomunicaciones nacional e internacional por operadora, en los hospitales sólo se atienden emergencias y en las principales ciudades se redujo sensiblemente el transporte público.
Contrariamente a lo que ocurre en este país de 37 millones de habitantes, en el que cerca del 40 por ciento de las muertes violentas obedecen a causas políticas, en la madrugada de este martes el único incidentes de importancia que se reportó fue el incendio de un autobús del servicio de transporte público.
El caso se registró en un área rural próxima a la ciudad de Ibagué, en el centro del país, donde había sido abandonado el vehículo por problemas mecánicos cuando fue atacado por presuntos guerrilleros.
Unos 300.000 trabajadores del sector estatal iniciaron el cese indefinido de labores, y otros 70.000, en su mayoría empleados de empresas de servicios que no pueden paralizar sus tareas, realizan "asambleas informativas" para evitar sanciones.
El resto de los 800.000 empleados estatales que no se plegó al paro incluye a los 300.000 que pertenecen al ejército y la policía. Los demás son funcionarios vinculados a la carrera administrativa cuyo régimen les prohibe ir a la huelga.
Las negociaciones que el gobierno hizo con trabajadores estatales en 1996, en medio de la crisis desatada por el denunciado aporte de dinero del narcotrfico a la campaña electoral de Samper, evidenciaron la debilidad en que se encontraba el mandatario.
Los trabajadores de la Caja Agraria, que recibieron incrementos salariales de 19 por ciento para 1996 y 21 por ciento para 1997, y los de las empresas de energía eléctrica, que también recibieron incrementos similares, fueron las negociaciones más significativas de este período de crisis.
Asimismo, analistas del sector económico consideran que el gobierno sigue en desventaja, especialmente frente a los sindicatos fuertes como la Unión Sindical Obrera (USO), el de los petroleros o el de los trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom).
Además del salarial, el punto más difícil de la negociación será el de la suspención de los procesos de privaticación de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y de Telecom, que cuentan con dos de los sindicatos más fuertes del sector estatal, señaló el analista Luis Valencia.
La atención de las demandas de los trabajadores de Telecom equivaldría a postergar la vinculación de capital privado en el servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional y los de Ecopetrol a eliminar el sistema de contratación con terceros con que la empresa reduce costos laborales.
Samper defendió los programas de privatizacin al afirmar que aunque no está de acuerdo con "salir a vender como en una feria de rebajas las empresas del Estado", tampoco cree que "la competencia del sector público con el sector privado sea mala".
Para los sindicatos, el paro representa un "nuevo impulso" para romper el estancamiento que presentan desde hace dos décadas, cuando el 14 de diciembre de 1977 se realizó el último paro general en contra de la política económica del presidente Alfonso López Michelsen, también del gobernante Partido Liberal. (FIN/IPS/yf/ag/ip/97
