Un severo plan de ajuste fiscal decretado por el gobierno de Colombia, apoyado en una declaración de estado de excepción, podría ser anulado parcial o totalmente por la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre su legalidad.
Para su fallo, la Corte, organismo encargado de tutelar el cumplimiento de la Constitución, abrió consultas entre el sector económico y analistas, en las que la mayoría coincidió en que el gobierno debió acudir a la legislación ordinaria para dar solución a "problemas que ya conocía".
Banqueros, empresarios y académicos apuestan a que el decreto será declarado total o parcialmente inconstitucional este mes por la Corte, lo que en opinión del analista Luis Valencia obligará al gobierno a tener que "negociar y concertar con los grupos de poder y el parlamento otra reforma fiscal".
Asimismo, 68 por ciento de los entrevistados en una encuesta del diario "El Espectador", segundo en circulación nacional, piensa que Corte no dará paso a la declaración de emergencia, frente a 20 por ciento que espera que la decisión sea favorable al gobierno.
En un documento de 16 puntos, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) consideró que los argumentos del gobierno para declarar la emergencia fueron "frágiles y carecen de precisión".
El gobierno declaró el 13 de enero el estado de "emergencia económica", -uno de los niveles del estado de excepción, el otro es el estado de "conmoción interior"- que da facultades extras al Ejecutivo para legislar en situaciones de riesgo de la seguridad nacional y el orden público.
Desde esa fecha y hasta el 31 de enero se dictaron decretos que ampliaron el pago de impuestos a actividades exentas, se redujeron los gastos del Estado, se creó un programa para el manejo de divisas del sector público y se estableció el pago de un impuesto de seis por ciento para el endeudamiento externo.
Apoyado en el plan de ajuste, el gobierno decretó un incremento salarial de 13 por ciento, siete puntos por debajo de la inflación, para los trabajadores del sector estatal, que amenazan con realizar un paro de protesta el martes próximo.
El argumento para la adopción de las medidas fue la necesidad de compensar el déficit fiscal de 4.000 millones de dólares que el gobierno afronta, y frenar las actividades especulativas provocadas por la entrada de dólares al país, que elevaron las reservas internacionales a cerca de 10.000 millones de dólares.
Estas dos circunstancias, en opinión de Luis Villegas, presidente de ANDI, pudieron haber sido controladas a tiempo si el gobierno hubiese tomado las medidas necesarias.
En una nota dirigida a la Corte, el dirigente empresarial consideró "funesto para la estabilidad económica que los gobiernos aleguen en su favor su propia culpa" y puedan investirse "de facultades extraordinarias" para corregir errores que pudieron impedir.
En opinión del empresariado, el deterioro que sufrió la economía por las denuncias de financiación de la campaña electoral del presidente, Ernesto Samper, por parte del narcotráfico, y el excesivo gasto público, fueron algunas de las causas del déficit.
A causa de la crisis política, se generó una situación de incertidumbre en el sector productivo que frenó la inversión y condujo a un enlentecimiento del crecimiento económico, que se situó en 3,0 por ciento.
Para el codirector del Banco de la Repblica, Hernando Gómez, el déficit fiscal "no es un hecho nuevo ni fortuito y por lo tanto existen otros mecanismos (diferentes al estado de excepción) para afrontarlo".
El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes (principal del sector privado), Santiago Montenegro, advirtió que desde hace demanda y frenarán la inversión.
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Sabas Pretelt, afirmó que las decisiones que se han adoptado cierran la economía y abren las puertas a la corrupción hace mucho tiempo", por lo que puede pensarse que se trata de una situación grave, pero no fortuita.
Lo positivo de la decisión, según Montenegro, es que el gobierno hizo explícita la magnitud de la crisis y está tomando medidas para afrontarla.
Al rechazo de la declaratoria de la emergencia por su posible inconstitucionalidad se sumó también la oposición al contenido de las medidas, que según el empresariado reducirán la demanda y frenarán la inversión.
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