Sindicalistas del sector estatal de Colombia condicionaron hoy la continuación del diálogo con el gobierno para buscar solución a la huelga que realizan desde el lunes.
Los trabajadores piden que el equipo económico intervenga en las negociaciones, que se libere a los 42 detenidos y que no se apliquen sanciones a los huelguistas.
Al pedido, interpretado como un rechazo al manejo que el ministro del Trabajo Orlando Obregón ha dado al diálogo, los sindicalistas agregaron que en lo posible también intervenga en las negociaciones el presidente Ernesto Samper y el ministro del Interior Horacio Serpa.
"Hemos descalificado al ministro de Trabajo como interlocutor del gobierno desde que se interrumpieron las negociaciones", afirmó Mario Valderrama, presidente de la Confederación General de Trabajadores Democraticos (CGTD), segunda en importancia.
Obregón fue llamado al Ministerio del Trabajo por Samper el año pasado siendo presidente de la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ahora lidera la huelga.
En esa etapa el funcionario representó un importante apoyo para el gobierno como representante de un sector de los trabajadores en la crisis desatada por el aporte de dinero del narcotráfico en la campaña electoral de Samper.
La huelga se inció el lunes y continuó el martes con paros parciales en los sectores petrolero y de las telecomunicaciones.
Los educadores estatales continuaron también con su movimiento huelguístico pese a la orden gubernamental de iniciar este miércoles las actividades del año academico.
El Comando de Paro, integrado por las tres centrales obreras y de la Federación Nacional de Trabajadres (Fenaltrase), anunció para este jueves una nueva jornada de marchas en las cinco principales ciudades del país.
"Serán marchas pacíficas en las que participarán los estatales y sectores ciudadanos que quieran apoyer el movimiento para presionar una negociación con el gobierno", afirmó Luis Garzón, presidente de la CUT.
Para Garzón el paro ha sido un éxito, porque se ha desarrollado en forma pacífica pese a las advertencias del gobierno sobre presuntos planes de sabotajes de la guerrilla y porque ha despertado la solidaridad de la ciudadanía.
Según una encuesta del diario El Tiempo, el de mayor circulación del país, 72 por ciento de los entrevistados consideró que el paro es justo.
Para el presidente de la CGTD el paro "no es para derrocar al gobierno", pero si no se obtienen respuestas se podría derivar hacia un "paro cívico" con participación de los sindicatos del sector privado.
"El gobierno sabe que jugó y perdió y nosotros todavía temenos elementos para negociar", indicoóWilson Borja, presidente de Fenaltrase.
Fenaltrase pide para los 800.000 trabajadores del sector estatal un incremento de 21,6 por ciento de los sueldos, frente al 18 por ciento que ofrece el gobierno.
También solicita que se suspendan los procesos de privatización de las empresas estatales de telecomunicaciones (Telecom) y petróleo (Ecopetrol), las dos más grandes del área pública.
Fenaltrase pide por otra parte la revisión de normas del Código Penal que han llevado a penalizar protestas sociales bajo la excusa de que constituyen actos terroristas. (FIN/IPS/yf/dg/ip- lb/97
