Un acuerdo recién firmado permitirá regularizar las exportaciones de carne argentina a Chile, pero las compras de ese producto a Brasil y Uruguay podrían ser interrumpidas por un fallo judicial.
Un día después de firmado un convenio entre las autoridades argentinas y chilenas del sector, el lunes, un tribunal chileno negó una petición oficial para extender un plazo que permitiese la aplicación plena de las normas de importación de la carne.
El conflicto surgió el 28 de enero cuando un juez chileno, respondiendo a un recurso de ganaderos locales, dictó una orden al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para que hiciera respetar las normas de importación de carne y le dio un plazo de 30 días.
Los ganaderos sostenían que la calidad de la carne argentina no está debidamente fiscalizada y la competencia con el producto importado, a bajos precios, hizo disminuir el precio de la carne local, generando grandes pérdidas al sector.
En caso de que las autoridades chilenas no pudieran hacer respetar las normas específicas, las importaciones de carne – 50.000 toneladas anuales, 80 por ciento de procedencia argentina- podrían ser suspendidas, señalaba la orden judicial.
El acuerdo firmado el martes entre el SAG de Chile y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina estableció los requisitos que deben cumplir los certificadores oficiales de carne importada por Chile.
En el convenio se fijaron criterios de fiscalización, un régimen de sanciones y la habilitación e inspección de frigoríficos, y se acordó un sistema específico de capacitación a certificadores argentinos.
En la segunda quincena de este mes esos certificadores serán capacitados por académicos chilenos para cumplir con las normas locales, anunció Antonio Yaksic, director del SAG.
Para Luis Barcos, presidente del SENASA de Argentina, se trata más bien de "cumplir con una formalidad necesaria" porque la certificacioón de la carne argentina nunca fue incorrecta.
De las más de 500.000 toneladas de carne exportadas anualmente por Argentina nunca ha habido reclamos, argumentó Barcos.
Entre tanto, Yaksic, en representación del SAG, había pedido a la Corte Suprema una prórroga de 90 días para la aplicación de las normas de importación por exportadores especialmente de Brasil y Uruguay ya que los argentinos, a su juicio, pueden cumplir con el plazo inicial.
Los ganaderos chilenos se habían opuesto a la prórroga del plazo por estimar que 30 días es un "'tiempo suficiente".
Ernesto Correa, presidente de empresarial Sociedad Agrícola Nacional (SNA), expresó su "sorpresa" por la petición de más tiempo ya que "las autoridades afirman que cumplían con la ley de certificación vigente".
Para los ganaderos, la petición de un plazo mayor para cumplir con las normas de importación es un "reconocimiento" de las autoridades chilenas de que "la fiscalización tenía severas fallas".
Los dirigentes de la SNA responsabilizaron al gobierno "por los estragos que está experimentando el sector ganadero" -cuyas pérdidas habrían sido de 100 millones de dólares en 1996- a raí del incumplimiento de las normas de importación.
El director del SAG sostuvo que la aplicación de las normas no cambiará la situación de competencia de la carne chilena respecto de la importada.
Los problemas de la carne chilena, cuya cotiación cayó 21 por ciento en 1996, "son de competitividad pues los precios en el mercado internacional, por una reducción en los costos, han bajado dramáticamente", sostuvo Yaksic. (FIN/IPS/gcm/dg/if/97
