El gobierno de Chile anunció hoy que desde la próxima semana se reanudarán las visitas conyugales en la cárcel de alta seguridad de Santiago, en lo que representa un éxito parcial de la huelga de hambre de presos condenados por delitos de terrorismo.
El prolongado ayuno, iniciado el 13 de enero y que llegó a abarcar a 50 reclusos, terminó en la noche de este martes, cuando los últimos siete reos que mantenían el ayuno aceptaron deponer su actitud tras la mediación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
El ministro subrogante del Interior, Belisario Velasco, expresó este miércoles la satisfacción oficial por el fin de la huelga, que empañó la imagen internacional del gobierno del presidente Eduardo Frei, quien la próxima semana hará una visita oficial de cuatro días a Estados Unidos.
El movimiento de los presos y sus familiares fue consecuencia del endurecimiento del régimen carcelario que las autoridades impusieron luego de la espectacular fuga de cuatro presos de la cárcel de alta seguridad, el 30 de diciembre último.
Ese día, cuatro dirigentes de la llamada ala autónoma del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR-A), incluyendo a dos condenados a cadena perpetua por el asesinato en 1991 del senador derechista Jaime Guzmán, fueron rescatados de la cárcel por un helicóptero que abrió fuego contra los guardias.
A siete semanas de la "fuga del siglo", los "frentistas" Ricardo Palma, Mauricio Hernández, Patricio Ortiz y Pablo Muñoz continúan prófugos, mientras en medios políticos se especula sobre una reactivación del FPMR, grupo armado que surgió en 1982 bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
La cárcel de alta seguridad, construida especialmente para recluir a sentenciados por infringir las leyes antiterroristas tras el restablecimiento de la democracia en marzo de 1990, alberga a 80 reclusos de grupos de extrema izquierda.
En la huelga de hambre participaron militantes del FPMR-A, del comando "Raúl Pellegrín", un grupo escindido del anterior, del Movimiento Juvenil Lautaro y de pequeñas facciones conformadas por ex activistas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Los presos y sus familiares reclamaron el fin de las medidas especiales adoptadas tras la fuga y del hostigamiento que sufren los presos en la cárcel de alta seguridad de parte de los guardias del Servicio de Gendarmería, según denunciaron.
Una de las reivindicaciones centrales de la huelga de hambre fue la eliminación de los locutorios para las visitas de los familiares, que sólo pueden dialogar con los presos a través de micrófonos, separados por gruesos vidrios.
El ministro subrogante de Justicia, José Antonio Gómez, anunció este miércoles que desde la próxima semana se eliminarán los locutorios para las visitas a los presos de sus cónyuges y de hijos menores de 15 años.
Irma Véliz, dirigente de los familiares de los reclusos, calificó de "positivo" este logro, pese a que las autoridades no accedieron a otras reivindicaciones de los huelguistas de hambre, quienes sostienen que el régimen de la cárcel de alta seguridad viola normas internacionales sobre presos políticos.
El endurecimiento de las condiciones en el penal tuvo lugar mientras la oposición derechista acusaba al gobierno de permitir un "rebrote del terrorismo", a raíz de la fuga de los cuatro guerrilleros del FPMR-A.
Esta visión fue refutada por abogados defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos oficialistas, quienes sostuvieron que la espectacular evasión fue un hecho aislado y "limpio", en tanto no provocó muertes ni heridos.
No obstante, el presidente Frei realizó una ronda de consultas con partidos políticos, los mandos uniformados, la Iglesia, organismos empresariales y sindicales y resolvió fortalecer el trabajo gubernamental de inteligencia con una posible colaboración directa de las Fuerzas Armadas.
El fin de la huelga de hambre se logró gracias a la mediación del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el jurista Jaime Castillo, uno de los ideólogos de la Democracia Cristiana, el partido de Frei.
La gestión de Castillo fue respaldada esta semana por su partido y por las otras tres colectividades de la gobernante coalición de centroizquierda: socialistas, radicales socialdemócratas y el Partido Por la Democracia.
El Partido Comunista, que encabeza la oposición extraparlamentaria, apoyó el ayuno de los presos políticos y el lunes denunció en una manifestación pública el "doble estándar" del gobierno en materia de trato a los presos.
Los comunistas afirmaron que el rigor de la cárcel de alta seguridad contrasta con el régimen liberal que existe en el penal de Punta Peuco, al norte de Santiago, donde están recluidos varios militares condenados por violaciones de los derechos humanos.
El más conspicuo de los internados en Punta Peuco es el general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), condenado en 1995 a siete años de presidio por el asesinato en 1976 del ex canciller Orlando Letelier.
Contreras no sólo goza de grandes comodidades materiales en la cárcel, sino que además no tiene restricciones para recibir a visitantes, con quienes "sigue conspirando contra la democracia", según los comunistas. (FIN/IPS/ggr/jc/hd/97
